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Días antes de iniciar sus vacaciones, las secretarias de la Facultad de Humanidades y Letras de la Universidad de Chile recibieron la indicación de dejar actualizadas, y en carpetas personales, las actas académicas de los estudiantes. Era 1981 y la junta militar había comenzado a hablar sobre la reestructuración que sufriría la educación superior. Sin embargo, no existía certeza sobre lo que significaría el proceso.

En marzo del mismo año, los funcionarios de la casa de estudios recibieron una sorpresiva noticia.  Junto a su sueldo de dicho mes, se les entregó un documento en papel roneo que indicaba la institución a la que habían sido asignados. Existían dos destinos: la Universidad de Chile o el ex Instituto Pedagógico.

Marcia Tara tenía 21 años y se desempeñaba como secretaría de la Facultad de Humanidades. Si bien no tenía muy claro cuál era la situación, supo que las cosas estaban por cambiar. “Tuve que hacerme cargo del inventario de los inmuebles de la Universidad. Trabajé doce horas diarias en la distribución de las pertenencias, y fue en ese momento cuando entendí que el Pedagógico ya no era de la Chile”, comenta Tara, quien actualmente se desempeña como secretaria de extensión en la UMCE.

En 1980, Augusto Pinochet había dictado el primer decreto que reorganizaba la educación superior. El DFL n°1 terminó por arrebatarle a la Universidad de Chile sus casas de estudio desplegadas a nivel nacional. Las sedes en las distintas regiones del país pasaron a ser nuevas universidades con autonomía. Se les desliga para siempre de su matriz originaria.

El profesor Luis Rubilar reconoce en su libro sobre la historia del Pedagógico dos golpes de la dictadura al plantel educativo. Por una parte, el DFL n°27 de 1981, que rebajó el grado académico al transformarlo en un instituto profesional, bajo el nombre de Academia Superior de Estudios Pedagógicos (ASEP), creando departamentos de pedagogías. Y por otro lado, el DFL n°7, que separó a perpetuidad el ex Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, al mismo tiempo que lo despojó de su calidad universitaria.

Años antes, la dictadura civil-militar había comenzado a arrasar con todo aquello que significara una amenaza para el régimen. Decenas de académicos que habían sido parte de la construcción del Pedagógico fueron arbitrariamente despedidos bajo la figura de supresión de cargos. Uno de ellos fue Iván Núñez Prieto, actual Premio Nacional de Educación, quien en 1973 se desempeñaba como profesor y diseñador de las Escuela Nacional Unificada (ENU) del gobierno de Salvador Allende.

En una breve carta, la junta militar lo acusó de faltar a sus deberes académicos y administrativos y de atentar en contra de la convivencia académica. Fue la estrategia que utilizaron para despedirlo. “Teníamos que contestar esa acusación en un periodo de 48 horas, pero fue imposible probar que había hecho clases, ya que la universidad se encontraba cerrada. Yo sabía que había sido un derrotado político, pero me dolía más que se me acusara de haber faltado a mis deberes como trabajador del Estado”, cuenta el profesor Núñez.

El despido masivo de funcionarios y académicos significó para el régimen incorporar a personalidades que no tenían directa relación con el área educativa, pero que aun así eran piezas fundamentales para mantener el control del “Peda”. Algunos cargos los asumieron militares, pero tantos otros fueron ocupados por personas provenientes de las universidades regionales, la mayoría proclives a Pinochet.

“Llegaron académicos de Talca, La Serena y otros lugares donde hubo separación de las pedagogías. Muchas veces nos preguntamos de dónde venían, porque algunos se merecían los cargos, otros definitivamente no”, sentencia Marcia Tara.

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Militares en la intersección de Macul con Av.Grecia

El desmantelamiento del “Campus Lircay”, bautizado así por la dictadura, estuvo acompañado de una importante represión que se extendió durante todo el periodo. Los aparatos de seguridad se instalaron en las dependencias de Macul #774. Guardias y civiles infiltrados tenían una sola misión: garantizar que aquel espacio combativo, cultural y político dejara de llevar ese sello.

La organización estudiantil fue suprimida. Se prohibió el uso de los campos verdes que hasta el día de hoy caracterizan al “Peda” y se persiguió a militantes, estudiantes y profesores que tuvieran relación con las fuerzas de izquierda más importantes de la época. Con todo esto, la dictadura buscaba poner fin a la escuela que durante los sesenta había sido el ejemplo de las pedagogías en Latinoamérica.

Pese a su valor histórico, la UMCE es arrastrada a competir en un mercado educativo creciente que pareciera no tener fin. Sin embargo, poco a poco ha ido recobrando el espíritu que en algún momento se diluyó.

En 1985, la Junta Militar tomó la decisión de restituir el grado universitario a la Academia Superior de Estudios Pedagógicos, transformándola, el 23 de agosto de ese año, en la nueva Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), nombre que mantiene hasta hoy. Con ello,  se designó como Rector a quien fue el responsable de poner término al financiamiento estatal de las investigaciones en universidades, creador del FONDECYT, Álvaro Arriagada Norambuena.

La resistencia a perderlo todo

Los ochenta trajeron consigo la recomposición de la organización estudiantil, perdida tras el golpe militar. En 1983 comenzaron a desarrollarse las primeras manifestaciones en el centro de Santiago y el Pedagógico retomo los espacios de discusión y debate pese al constante hostigamiento de las fuerzas represivas. Con diversos hitos dinamizadores, los estudiantes constituyeron los primeros centros de estudiantes por carrera. Dos demandas fueron fundamentales para el periodo. La primera fue el regreso del “peda” a la Chile, y la segunda, el poner fin a los rectores delegados designados por la Junta.

El avance organizativo, reconocible en la recuperación de espacios al interior del Pedagógico, permitió a los estudiantes plantearse nuevas apuestas. Recién inaugurada la UMCE, se logró conformar un bloque de izquierda que disputó el Centro de Estudiantes de Pedagogías (CEP), inexistente hasta ese momento. Andrea Palma, militante de las Juventudes Comunistas, era quien presidía la lista.

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Estudiantes celebrando la salida de Arriagada

“Reunidos en un gran bloque, logramos ganar la mesa directiva, la cual me tocó presidir. Tomamos las dos demandas que se habían impulsado durante esos años y supimos que la gran pelea era poner fin a los rectores delegados. Teníamos el derecho de hacerlo”, afirma Andrea.

En abril de 1986, los estudiantes se movilizaron con un solo objetivo: sacar al Rector Álvaro Arriagada. Mediante una carta firmada por la mesa directiva y respaldada por los centros de estudiantes, se exigió la renuncia de la autoridad. El profesor de Historia accedió a la petición. Firmó y de forma escrita manifestó el cese de sus funciones como rector delegado. Fue la primera victoria de los estudiantes.

Andrea recuerda aquel momento como una tarea necesaria, que planteó nuevos desafíos en el camino.”Al día siguiente que sacamos al Rector, abrimos el Pedagógico. Si nosotros, en los hechos, lo habíamos expulsado, nosotros, en los hechos, íbamos a iniciar un proceso democrático para elegir a una autoridad legítima”.

Esa mañana un grupo importante de estudiantes se tomó el campus. “Abrimos los departamentos y en asambleas discutimos cuál era el pedagógico que queríamos. En los hechos, era poner fin a la intervención que había hecho la dictadura en la universidad”, sentencia Palma.

Horas más tarde, un importante contingente policial rodeó la universidad y detuvo a aquellos estudiantes que decidieron quedarse pese a las advertencias previas. Alrededor de 600 estudiantes y  60 profesores fueron llevados a la 18 comisaria de Ñuñoa. Fue ahí donde la CNI inició los interrogatorios a los principales dirigentes, entre ellos Andrea.

Aquel episodio marcó un antes y un después al interior del Pedagógico. La movilización significó una aumento de la vigilancia militar y por sobre todas las cosas, de la ola represiva. Meses más tarde, el fallido atentado al General Pinochet provocaría la detención de gran parte de los dirigentes de la época. La organización estudiantil, capaz de destituir a una autoridad, entró en paréntesis.

Los efectos de la intervención y lo que queda del “peda”

Las diversas leyes promulgadas durante la dictadura hicieron que el Estado abandonara casi por completo a la universidad pedagógica, al mismo tiempo de atomizarla con estatutos altamente arbitrarios. El Aporte Fiscal Directo (AFD), instaurado por el primer DFL del régimen, terminó por arrebatar el 100% de inyección presupuestaria estatal que recibía el Pedagógico. Actualmente recibe un 23,2%, más el 5,2% otorgado por el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que dice relación con los mejores puntajes PSU que ingresan a las carreras de la UMCE. Pese a los planteamientos del gobierno, el déficit no es resuelto por los diversos proyectos contenidos en la Reforma Educacional.

Esta situación, experimentada por gran parte de los planteles estatales, ha llevado a la universidad a autofinanciarse, viéndose obligada a vender parte de sus dependencias a las inmobiliarias. “Durante todos estos años esta universidad ha estado sobreviviendo. No existe dinero para implementos, y si los llegáramos a tener, los obtenemos mediante la competencia entre proyectos”, sentencia el profesor Luis Rubilar, actual psicólogo del Departamento de Formación Pedagógica de la UMCE.

Para el académico Lautaro Núñez, Premio Nacional de Historia 2002, la intervención de la dictadura en el Pedagógico tuvo un claro objetivo. “El Pedagógico ha sido siempre la institución donde se han formado los cuadros más valiosos de las ansias de cambio. Ha sido un centro de formación cultural, científico y político, por lo tanto, el régimen, lo que buscó, fue acabar precisamente con eso; terminar con la formación de cuadros de un nuevo país. Para toda dictadura esta idea de universidad es un pecado capital que es necesario exterminar”.

El régimen militar modificó en gran parte la estructura institucional del Pedagógico, al igual que el conocimiento oficial transmitido por la institución. Sin embargo, sus dependencias rodeadas de murales, árboles y efervescencia política, siguen visualizando la identidad que fue imposible arrebatar. Así lo entiende Daniel Aranguiz, actual presidente de la Federación de Estudiantes de Pedagogías (FEP) y estudiante de Pedagogía Básica.

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Los pastos centrales de la UMCE

“Una de las características del Peda tiene que ver con la formación crítica que se sigue forjando fuera del aula de clases. En los espacios de distensión se discute sobre las prácticas profesionales, incluso las clases de los profesores. Ese es el rasgo principal que ha conservado esta escuela de pedagogías”, afirma Aranguiz.

En retrospectiva, Andrea Palma comparte esa idea sobre el valor del Pedagógico. “Había una génesis que estaba vinculada a lo cultural, como un dispositivo que nuclea y que demuestra virtudes que no estaban dentro del curriculum oficial, tales como la música, el debate, las artes. Todo eso nos permitió robarle espacios a la dictadura. Poder repensar la institución”.

Pese a su valor histórico, la UMCE es arrastrada a competir en un mercado educativo creciente que pareciera no tener fin. Sin embargo, poco a poco ha ido recobrando el espíritu que en algún momento se diluyó. Los pastos centrales continúan siendo el espacio de reunión de los estudiantes y los muros todavía recitan consignas del nuevo mañana, pero también del pasado, aquellas que reflejan que las ataduras de la dictadura siguen presentes.