Foto: eldesconcierto.cl

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La IV Fiscalía Militar investiga actualmente una serie de facturas ideológicamente falsas a las que accedió eldesconcierto.cl, las que fueron usadas para defraudar recursos presupuestarios del Ejército por al menos 378 millones de pesos.

Los documentos tributarios fueron emitidos por la empresa Tecnodata de Miguel Ángel Rivera y pagados con cargo a la Dirección de Finanzas del Ejército (DIFE), en una operación que mantiene como procesados al cabo Heriberto Cortés y el sargento Claudio Vergara como autores de fraude al fisco y falsedad.

El cabo Cortés, quien ha cambiado sus declaraciones a lo largo del proceso, hasta ahora sólo admitió su participación en desfalcos ocurridos entre 2012 y 2013, al tiempo que aseguró que varios oficiales están ligados a estos y otros hechos.

Las facturas (ver imágenes) refieren a operaciones efectuadas sólo en 2013 por unos 100 millones de pesos, ligadas a las adquisiciones de múltiples toner marca HP (tinta para impresoras).

Los documentos llevan las firmas y visto bueno del general en retiro Jozo Santic, el coronel Guillermo Oliver y el teniente coronel Marcelo Ortiz, quien detectó las irregularidades y las informó a los controles internos.

El caso se une a otra serie de defraudaciones ocurridas al interior del Ejército, como las relacionadas con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre y las operaciones de compra a la empresa computacional PowerTi. En ambos casos, los montos robados ascenderían a varios miles de millones de pesos, según confesiones de los propios involucrados.

Ante la gravedad de los hechos, y debido a sus obligaciones legales, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se hicieron parte en estas causas.

El Ejército, tras admitir errores, anunció además que someterá a una auditoría externa sus procesos de adquisiciones por primera vez en su historia.

LA CAÍDA

Según los antecedentes procesales, el cabo Cortés y el sargento Vergara usaron maliciosamente el sistema informático del Ejército para poder desviar pagos a la empresa Tecnodata, con la que tenían un acuerdo de reparto de “utilidades”.

Debido a los cambios introducidos en el Código Militar en 2011, la Justicia Militar no puede procesar a civiles por lo que los dueños y vendedores de esta empresa son hoy investigados por la Justicia civil, al igual que en el caso de las defraudaciones ocurridas con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

El Tribunal Constitucional analiza en estos momentos además la constitucionalidad de que un mismo hecho delictivo sea investigado por dos sistemas de justicia, a petición del cabo Juan Carlos Cruz, detenido por su participación en la defraudación ocurrida con los fondos de la Ley Reservada del Cobre.

La caída del cabo Cortés, detenido en las dependencias ex penal militar Cordillera en Peñalolén, comenzó en julio de 2014, cuando fue encarado por el oficial Marcelo Ortiz. La confesión de Cortés fue inmediata y los hechos fueron denunciados a la Justicia Militar.

Arrinconado, por las evidencias y sus confesiones, el cabo Cortés disparó hacia sus superiores, sin que hasta ahora la Justicia Militar ratificara sus dichos en nuevos procesamientos.

El cabo, por ejemplo, aseguró que las defraudaciones cometidas por él y Vergara sólo eran una parte de la multiplicidad de irregularidades cometidas en la Dirección de Finanzas, comandada por el general Jozo Santic.

Se desviaban dineros de otros ítems, destinándolos a almuerzos de cinco millones de pesos para los oficiales”, aseguró. También habló de viáticos fraudulentos y de compras de regalos para oficiales con fondos públicos.

Sus declaraciones, que apuntaron en especial al general Jorge Rojas, encontraron un respaldo en las sucesivas confesiones que entregó a la Justicia Militar el coronel Clovis Montero, procesado por las defraudaciones ocurridas con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre.

Montero, tesorero del Estado Mayor en 2013, relató los últimos días similares irregularidades a la fiscal militar Paola Jofré, quien envió los antecedentes a la IV Fiscalía Militar.

Las autoridades del Ejecutivo mantuvieron hasta ahora amplio silencio sobre todos los procesos de defraudaciones acaecidas en el Ejército, las que en conjunto sumarían unos 20 millones de dólares supuestamente.

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