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“No hay que tener temor de decir que hubo parlamentarios involucrados en la aprobación de la Ley de Pesca a través del más asqueroso cohecho”. Así de claras y directas fueron las palabras del diputado Hugo Gutiérrez durante el seminario “Otra Ley de Pesca es posible”, realizado hace un par de meses atrás en el ex Congreso Nacional, y que encuentran pleno sustento en la resolución adoptada por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago en cuanto declarar admisible y dar tramitación a la solicitud de desafuero presentada por el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, contra el senador Jaime Orpis, luego de la investigación llevada a cabo por delitos vinculados al financiamiento irregular de su campaña política -más de $ 260 millones- a través de boletas falsas emitidas a Corpesca y SQM. Caso que se suma al de la diputada Marta Isasi, quien en mayo de 2013 fue acusada de recibir $ 25 millones por parte de la empresa pesquera de Angelini antes de la votación de la denominada “Ley Longueira”, para defender los intereses de la empresa (lo cual hizo, según se puede comprobar en el registro de las votaciones).Existe incluso registro de un power point enviado por email a la entonces diputada, redactado por el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en que se le explica cómo actuar respecto a dicha ley, en ese momento en trámite y vigente hoy.

La corrupción huele como olía el aire de Freirina a causa de los cerdos, o de Talcahuano por la harina de pescado, o de Constitución por la celulosa, o de Melipilla cuando la planta Bata desarrollaba sus procesos de curtiembre.

Vinculada desde su origen a casos de corrupción político-empresarial, su elaboración recayó en el entonces Ministro de Economía, Pablo Longueira, uno de los representantes más connotados de la extrema derecha del país. Una actuación bastante relevante le cupo también al subsecretario de la cartera de la época, Pablo Galilea. Juntos llevaron a cabo en aquel momento una defensa cerrada del proyecto, justificándolo bajo el argumento de la sustentabilidad y protección de los recursos pesqueros. Recursos que fueron entregados a grandes empresas, cuyos volúmenes de extracción para la comercialización a gran escala que llevan a cabo requieren de la pesca de arrastre, arrasando los fondos marinos y destruyendo los frágiles equilibrios de sus ecosistemas, con todo lo que ello implica en desmedro no sólo del recurso, sino de las comunidades afectadas. Sin ir más lejos, y sólo como un ejemplo de varios más existentes, en Coquimbo fue despedido un trabajador pesquero tras haber denunciado, mediante la evidencia de un video grabado en 2014, la pesca de merluza y la posterior devolución de miles de especímenes muertos al mar, al no poder ser comercializada por estar en veda ante su peligro de extinción, y que fueron capturadas indiscriminadamente con la técnica del arrastre al tratar de extraer langostinos, con quienes comparten hábitat. Es decir, la pretendida “sustentabilidad” no ha sido más que una falacia para, literal y coloquialmente, “vendernos la pescada” con el cuento de la preocupación por la protección de este recurso, cada vez más escaso en los platos de los chilenos y chilenas.

Finalmente, y una vez conseguido el objetivo de hacer aprobar esta ley, Longueira se retiró de la política -afectado por una depresión, dijo entonces- y se fue al mundo privado -el mismo desde donde han salido los dineros para financiar la actividad política-, siendo el suyo uno de los casos más claros y emblemáticos de cooptación empresarial, y que permite percibir el hedor que permanece tapado bajo la promulgación de dicha iniciativa político-empresarial.

Lo cierto es que el modelo extractivo capitalista desde siempre se ha caracterizado por la explotación de los recursos sin ninguna otra consideración que no tenga que ver estrictamente con la rentabilidad del negocio. Esa es la vara, el parámetro que guía la ética de sus actividades. Cualquier otro tipo de consideraciones al respecto resultan, bajo esta mirada, aspectos de relevancia secundaria. Porque seamos claros en este punto: toda normativa que tenga que ver con imponer a una empresa, como requisito básico de su actuar, el respeto al entorno socio-ambiental, significa un gasto extra no menor dada su complejidad y, por lo mismo, no deseado para los inversionistas. Por ello es que barcos rastreros como el “Guamblin” han sido abandonados en el mar una vez terminada su vida útil, sin que las empresas se hagan cargo de los riesgos de contaminación que ello podría generar. Es decir, además de actuar de manera irresponsable y avasalladora con el entorno ecosocial, tampoco se hacen cargo de aquello que les permitió obtener la ganancia. Las siete familias privilegiadas con la explotación gratuita de los recursos pesqueros de Chile, fusionadas en cuatro grandes conglomerados que controlan el 92 % de la capacidad pesquera industrial del país y se reparten utilidades calculadas en unos 3 mil millones de dólares al año -aportando al PIB sólo un 0,4 %-, prefieren ahorrarse este “gasto innecesario”. No parece suficiente con haber dejado de pagar cerca de 900 millones de dólares anuales al Estado chileno gracias al marco normativo diseñado con esta ley para la actividad pesquera industrial, poseedora de licencias por 20 años, las que son renovables “en caso que las empresas tengan un buen comportamiento”, como señala en una columna de opinión publicada en la página web de Subpesca el entonces subsecretario Galilea. La perpetuidad de la expropiación de los recursos pesqueros como bien común de la nación es casi un hecho.

Otro de los presentes aquel día en el seminario de pesca desarrollado en el ex Congreso, el dirigente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (CONDEP), Gino Bavestrello, fue tajante al referirse al cuestionado parlamentario de la UDI. “El senador Orpis se molesta cuando uno le dice que es un delincuente. Pero lamentablemente es así y los delincuentes deben estar en la cárcel”, expresó ante los asistentes. Y claro, uno se pregunta si acaso una ley como ésta puede ser ley de la República a pesar de estar tan viciada. Ante las evidencias respecto del modus operandi empleado para su aprobación, queda instalada con toda lógica la legítima sospecha respecto de la forma en que se pueden haber diseñado y aprobado tantas otras leyes, para el beneficio privado de un grupo y en perjuicio de las necesidades de la gran mayoría de ciudadanos y ciudadanas del país. Por lo mismo, aquellos congresistas que siguen empeñados en justificarla deberían comenzar a ruborizarse aunque sea un poco cada vez que insistan en bajarle el perfil a las acusaciones, defendiendo argumentos cada vez más indefendibles.

La corrupción huele como olía el aire de Freirina a causa de los cerdos, o de Talcahuano por la harina de pescado, o de Constitución por la celulosa, o de Melipilla cuando la planta Bata desarrollaba sus procesos de curtiembre. Por eso, es necesario comenzar a ventilar un poco el aire apestado por la podredumbre de una ley ética y moralmente fétida. Tirarla a la basura, envuelta en las mismas páginas de diario de aquella prensa que desinforma para cuidarles el negocio a unos pocos. La ciudadanía, la opinión pública, ya se formó una idea de cómo realmente fueron las cosas. Entonces, si esto ya se sabe, ¿cuál debería ser el siguiente paso? ¿Nos quedamos con esta legislación o discutimos otra, como corresponde?