Foto: eldesconcierto.cl

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Frente al inicial conflicto entre los trabajadores del Registro civil y el Gobierno, y hoy entre los trabajadores del sector público y el mismo, impacta la diversidad de posiciones expresadas en los medios de comunicación, y más aún, la diversidad de focos y lecturas que estos proveen a la ciudadanía.

Es lamentable – de verdad – observar la labor que estos ejercen en formar, o más bien deformar, la opinión pública y generar mucha mayor tensión de la que ya existe. Aunque sea cuento conocido, es necesario recordarlo hasta el cansancio para “limpiar el polvo de la paja” y tener una aproximación más política al análisis.

Al Gobierno no le acomoda negociar con trabajadores organizados, pero si cede constantemente frente a la Sofofa o la CPC

Tanto el gobierno, como los medios – ¿aliados? ¿De quién? – se han encargado de instalar en la opinión pública la total responsabilidad de los funcionarios en cuestión, sobre todos los males acaecidos al ciudadano de a pie. Han acribillado a la figura de Nelly Díaz, quién representa un gremio completo, y hoy, tal vez, a un enorme sector de los trabajadores de nuestro país. Representa los estragos de una ley laboral precaria, los efectos de una constitución ilegítima y las consecuencias de un gobierno ideológicamente opuesto a los intereses de los trabajadores – sí, lo digo una vez más, este gobierno es completamente contrario a los intereses de las y los trabajadores.

Pero no es la intención enaltecer la figura de una persona, ni mucho menos, sino que mostrar la campaña mediática que pone a un grupo de trabajadores chilenos como los malos de la película. Hoy, ya les han llamado delincuentes, inmorales e incluso terroristas, frente a lo que es un derecho (movilizarse para presionar al gobierno), frente a lo que es la defensa de sus legítimos intereses, frente a lo que son las necesidades de todos los trabajadores, públicos y privados. Esto último es lo que los medios de comunicación no han dejado ver.

El mensaje de los trabajadores del registro civil, más allá que haya o no sido su intención, ha sido mostrarle a Chile que el trabajador organizado puede poner en jaque a un gobierno con sus recursos y facultades, que por cierto exceden enormemente a las de los trabajadores. Que es necesario un cambio de legislación que permita a quienes sostienen se levantan cada día y le ponen el hombro al país, negociar en iguales condiciones, frente a su empleador, sea este público o privado, a través de un mecanismo que permita evitar el perjuicio a terceros. Y, que para esto último, nuestra legislación no da abasto.

El gobierno y los medios de comunicación, han realzado los estragos ocasionados a la ciudadanía, ha mostrado a este grupo de trabajadores como los únicos responsables y les han desprestigiado con la misma guerra informacional barata de siempre. Todos sabemos lo complejo que es no poder avanzar con trámites fundamentales para las y los chilenos que hoy se ven afectados con el paro, pero para eso mismo es necesario construir una legislación pertinente y justa que contemple la necesaria movilización que busca mejoras que afectan a las condiciones del trabajo mismo.

Así, se ha dicho que los funcionarios ganan muchísimo más que el promedio, e incluso millonadas. Sin embargo, la información que ronda se ha desmentido una y otra vez, dónde al menos se han observado “tres versiones oficiales”. Se ha dicho que son pésimos funcionarios, a pesar de que han sido premiados en diversas ocasiones por el mismo gobierno como funcionarios destacados. Se les ha tildado de intransigentes y radicales, a pesar que, aún a 30 días del paro, el gobierno no les ha hecho una propuesta real ni se ha sentado a conversar con ellos (pero si con Gendarmería, los camioneros, etc.). Se ha dicho que su paro es ilegal, cuando gracias a la legislación actual, cualquier paro en un servicio de este tipo lo sería (¿Entonces cómo conseguir mejoras?).

¿Qué relevancia tiene todo esto? Justamente, que el manejo comunicacional impide a la ciudadanía ver la intersección de intereses que existe entre este gremio y cada uno de nosotros en tanto trabajadores. Desvía la atención respecto de la paupérrima ley laboral que a todos nos afecta, trabajadores privados y públicos. Impide ver lo que nos une, y aprovecha la impopularidad de los efectos que el paro produce para romper con la identidad que nos debería aglutinar. Efectos, que más bien, son de responsabilidad de la autoridad.

Con todo, falta señalar al real responsable de los efectos del paro sobre la ciudadanía: El gobierno. En su facultad, rol y responsabilidad como gobernante del país – valga la redundancia – el gobierno, en una actitud soberbia, desde el primer día, envió un mensaje a estos trabajadores: No cederemos ante las presiones de nuestros empleados. Al Gobierno no le acomoda negociar con trabajadores organizados, pero si cede constantemente frente a la Sofofa o la CPC.

Si a alguien se debe acusar irresponsabilidad y falta de ética es justamente al Estado. No dialoga ni negocia, pero sí amenaza, despide personal, acusa de inconstitucionalidad y comienza una guerra comunicacional sucia. No se responsabiliza de la situación, y no solo permite que este problema escale, sino que además, lo profundiza mediante declaraciones de sus ministros (Blanco, Aleuy y Valdés principalmente). Omite su facultad y responsabilidad de conducir, mediar y destrabar los conflictos sociales. Como ya se ha señalado, deja la contienda en lo comunicacional, facilitando la rivalidad entre la sociedad civil y los trabajadores, y tal vez lo más aberrante de todo: promueve una reforma laboral, y a la hora que deben actuar en coherencia al discurso, genera despidos, reemplazo en huelga, etc.

Es el gobierno, quien una vez más, cierra las puertas al Trabajo mismo, a la facilitación de procesos sociales, al rol de catalizador y conductor de los anhelos ciudadanos. La historia reciente con el conflicto educacional – estudiantil y magisterial – y con la debacle de la corrupción, se repite, donde cada vez, los efectos son más profundos y extensivos.

Se ha desplegado una efectiva cortina de humo que pretende mantener el “sentido común” moldeado y endurecido en esta larga transición. Sin embargo, amplios sectores trabajan hoy por “socializar lo político y politizar lo social” hilvanando las distintas coyunturas, descubriendo el humo, y revelando los nodos políticos que permitan cohesionar y orientar las voluntades, que tan solo en apariencia, hoy se encuentran disgregadas. Se vuelve necesario dejar el doble discurso y apoyar las demandas justas que hoy levantan las y los trabajadores, que en definitiva, nos afectan a todos.