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Hace dos semanas, la organización ambientalista Greenpeace publicó una serie de imágenes de muestran como los glaciares Esperanza y Guanaco se habían transformado en vertederos de bolsas de basura, tubos de fierro galvanizado y plástico.

La organización denunció que Barrick Gold, la multinacional minera dedicada a la extracción de oro más grande del mundo, había contaminado los glaciares como resultado de la construcción del proyecto binacional Pascua Lama, que se encuentra paralizado desde 2013. Las imágenes son parte de un informe filtrado por Greenpeace y que habría sido realizado por el Centro de Estudios Científicos, a pedido de la propia minera.

El polémico proyecto de extracción de oro, plata y cobre abarca las zonas de Alto del Carmen en la Provincia de Huasco en Chile y el Departamento Iglesia, en la Provincia de San Juan, Argentina. Comunidades locales lograron la paralización indefinida del proyecto en plena construcción de la infraestructura al dar cuenta del daño ambiental irreparable que ocasiona una minera de esa envergadura.

Pero Barrick sigue causando estragos en el medio ambiente. A la denuncia de Greenpeace se suma lo ocurrido hace un mes en la misma provincia de San Juan, Argentina.

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El 13 de septiembre se conoció el incidente ocurrido en la mina Veladero, ubicada en la pequeña localidad de San José de Jáchal. Tras la rotura de una válvula que traslada agua cianurada –como parte del proceso de explotación de oro- la empresa derramó más de un millón del agua contaminada en el Río Jáchal.

En un principio, la empresa reconoció un “problema técnico”. Pero con el correr de los días –y gracias a un informe elaborado por la Universidad Nacional de Cuyo, se comprobó que el Río Jáchal estaba contaminado en dosis de metales hasta 1400% sobre los valores normales. “Se encontraron aluminio y manganeso (en gran proporción), además de arsénico, boro, cloruros y sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona. Además, se detectaron bacterias muy nocivas y difundidas, como la Escherichia coli, en el fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos”, dice el informe, comprobando que el accidente afectaba el consumo de agua de la población local.

Tras una fuerte presión y un amparo presentado por los vecinos, la Justicia trasandina ordenó la suspensión de las actividades de la mina y procesó a 9 ejecutivos de la empresa por el derrame.

Lobby y represión

Barrick es conocida por ejercer lobby político para cumplir sus objetivos. El libro “El Mal: el modelo K y la Barrick Gold” de Miguel Bonasso da cuenta de las fuertes presiones realizadas por la empresa de origen canadiense, que incluye el Tratado de Integración y Complementación minera de 1997, firmado por los entonces presidentes de Chile y Argentina, Eduardo Frei y Carlos Menem, antecedente fundamental para la realización del proyecto Pascua Lama.

José Luis Gioja

José Luis Gioja

 

Uno de los denunciados lobistas de la empresa no es otro que José Luis Gioja, el gobernador de la Provincia de San Juan, quien tiene un amplio historial de defensa de Barrick en Argentina. El más reconocido es su presión a la presidenta Cristina Fernández por vetar la Ley de Glaciares en 2007, beneficiando el proyecto de Pascua Lama. Gioja –del Frente para la Victoria- es cercano al actual candidato Daniel Scioli e incluso su nombre ha trascendido como ministeriable en caso de que el oficialismo gane las elecciones del próximo 22 de noviembre.

El hermano del actual gobernador, el ex senador Cesar Gioja fue denunciado a la Justicia por tener negocios incompatibles con su función pública, al comprobarse que una empresa a su nombre –Bentonitas Santa Gema- era proveedora de Barrick Gold.

La relación de Gioja con Barrick volvió a la palestra tras el derrame de septiembre pasado y la tardía respuesta de parte de la gobernación de San Juan. Tras la publicación del informe de la Universidad Nacional de Cuyo, Gioja acusó a la entidad de “sembrar terrorismo”. Además, tras producirse el incidente, el gobernador respaldó la versión de la empresa de que se trataba de un mero “problema técnico”: “Fue contingencia técnica que fue controlada y que no generó problemas. Hay que llevarles seguridad a todos. Están todos los recaudos tomados, son cosas que pueden llegar a pasar”, declaró.

Tras un amparo presentado por los vecinos de la zona, la Justicia argentina ordenó la suspensión de las actividades de la mina, aunque solo por 5 días.

Pero las polémicas no han terminado desde entonces. La asamblea de vecinos “Jáchal no se toca” decidió realizar un corte de ruta en protesta “de la burocracia y las mentiras a más de un mes del derrame de cianuro, de silencio y manipulación política y mediática”. La acción tenía como fin cortar el transporte de combustible hacia la mina. Barrick avisó a la gobernación, que a su vez envío a efectivos de Gendarmería.

La situación terminó con 20 detenidos y acusaciones de represión de la policía.