El pasado 20 de mayo la presidenta Michelle Bachelet ingresó, en forma de mensaje, un proyecto de ley que prorroga el Decreto de Ley 701 sobre bonificaciones para fomento forestal,  que caducó en 2013. Lo que se pretende es extender hasta fines de 2018 el sistema de subsidios estatales para las plantaciones que establece una subvención de 50% para grandes empresas, 75% para medianos propietarios y 90% para los pequeños propietarios. La iniciativa, que implicará un gasto fiscal de 54 millones de dólares en ese período, es una de las promesas del programa de gobierno de Bachelet y, según el mismo documento, se relaciona con los beneficios ambientales, económicos y sociales que ha implicado este decreto para Chile.

A pesar de que efectivamente existen beneficios, como aumentar la exportación y evitar la erosión en territorios desertificados, en la práctica la utilización del 701 ha implicado, a largo plazo, la concentración de riquezas en grandes empresas, el deterioro del bosque nativo y el empobrecimiento de poblaciones aledañas a las plantaciones. Por lo anterior, la comunidad científica y organizaciones ciudadanas han rechazado categóricamente que se perpetúe esta ley. 

Subvención estatal a CMPC

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Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones Foto: www.cmpc.cl

El Decreto de Ley 701 nace el año 1974, firmado por la Junta Militar de la época. La idea inicial era aumentar la masa forestal de Chile y también incentivar la industria del rubro, por eso se acordó brindar subsidios estatales y beneficios tributarios a quienes plantaran árboles, aunque después los utilizaran para su cadena productiva.

Esto ha significado un gasto de casi 900 millones de dólares entre 1974 y 2013, del cual el 70% ha ido a parar a medianos y grandes empresarios. Lo anterior sin contar los ahorros tributarios de estas empresas.

Con este sistema son dos los principales ganadores: Arauco, controlada por el grupo Angelini, y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), a cargo del grupo Matte y más conocida como “La Papelera”. Según cifras de la Fundación Sol, al año 2010 ambas empresas en conjunto controlaban el 68% de las exportaciones forestales, que es el segundo rubro primario exportador más importante de Chile después de la minería.

CMPC se ha vuelto famosa por estos días tras protagonizar un escándalo mediático cuando salió a la luz que mantuvo un cartel con la empresa SCA durante 10 años para fijar los precios del mercado de sus productos, que incluyen papel higiénico, toallas de papel y servilletas entre otros. El llamado Caso Confort –nombre con el cual es conocido el papel higiénico en Chile precisamente por una marca de CMPC- tiene a la empresa, que ya retiró sus productos de la campaña de la Teletón, bajo la mira.

“Resulta aberrante que subsidiados por parte del Estado estas empresas se hayan hecho esta gran masa forestal. Y si lo vinculamos al comportamiento delictual en la colusión, es algo que repugna su prórroga por parte del gobierno. El descubrimiento de este cartel realmente es la guinda de la torta”, afirma el senador socialista Alfonso de Urreti, que admite la existencia de una división al interior de la Nueva Mayoría por este tema.

Esta colusión no es el único caso bullado que ha protagonizado La Papelera. Cabe recordar que la empresa está vinculada como cómplice a la llamada matanza de Laja, que terminó con el fusilamiento de 19 de sus empleados días después del golpe militar de 1973. “Está acreditada que la ejecución de esos campesinos y dirigentes fue con participación de ejecutivos y fueron exhumados precisamente en un predio de la CMPC, lo cual también debiera llevar a reflexionar respecto al modelo forestal y la participación de las forestales en la construcción de su patrimonio forestal”, señala de Urresti.

En desacuerdo con la iniciativa del gobierno para continuar con el modelo forestal, el senador forma parte de la “Coalición contra la prórroga DL 701 y por una nueva legislación forestal”, que agrupa a personas y organizaciones dedicadas al tema. La semana pasada la agrupación envió una carta a la presidenta Michelle Bachelet para expresar su rechazo a la prórroga y pedirle que retire el proyecto que hoy, después de haber sido aprobada por la Comisión de Agricultura, duerme en el Congreso esperando su tramitación.

Álvaro Gutiérrez, miembro de la Coalición, dice que con el modelo del DL 701 “se generan efectos adversos en ecosistemas como pérdida de biodiversidad, disminución de agua y también efectos sociales como migración de población rural a ciudades y concentración pobreza en donde hay monocultivos. Una vez que se hace la plantación la tierra ya no necesita fuerza laboral entonces esa gente pierda la capacidad de empleo”. El último punto que plantea el ingeniero forestal y doctor en ciencias naturales de la Universidad Técnica de Munich dice relación con el hecho de que Arauco y CMPC no sólo cuentan con sus propias plantaciones, sino que también compran troncos a campesinos que plantan o incluso les compran pedazos de terreno para llevar a cabo ahí su plantación. Luego de 15 años, cuando los árboles han crecido, talan todos los troncos al ras y dejan el terreno absolutamente vacío e inutilizable para el desarrollo agrícola.

Desierto verde

Eucaliptus

Si bien el objetivo del DL 701 era reforestar zonas erosionadas y con riesgo de desertificación, en dictadura se consideró que un terreno con aptitud forestal era aquel que tenía interés para la industria. Esa concepción ha seguido imperando, lo que permite cierta laxitud al momento en que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) define cuál es un terreno apto para la forestación. Así, se han llegado a quemar bosques nativos con el fin de utilizar ese terreno para monocultivos –una sola especie- de pinos o eucaliptus: especies exóticas de crecimiento rápido ideales para la industria maderera.

De esta manera se ha ido forestando Chile en desmedro de los bosques nativos, integrados por especies como el Quillay, Boldo, Canelo y Espino. Al menos cuatro estudios científicos indican que el 55% de la superficie perdida de bosque nativo ha sido por sustitución con monocultivos forestales y, según datos del período 2000 a 2009 de la Coalición contra la prórroga DL 701 y por una nueva legislación forestal, la tasa de pérdida es de 30 mil hectáreas al año. Como ejemplo está la depredación del bosque nativo entre los ríos Maule y el Itata, donde se perdió el 67% de la superficie original boscosa entre los años 1975 y 2000 de acuerdo a los datos contenidos en el documental “Plantar Pobreza, El negocio forestal en Chile.  Algo similar ocurrió entre el Itaca y el Malleco, donde más de 130 mil hectáreas de bosque nativo fueron sustituidas por plantaciones forestales.

La pérdida de bosque nativo incide en el correcto funcionamiento del ecosistema en las zonas donde se encuentran. Por ejemplo, en términos de recursos hídricos, pinos y eucaliptus consumen enormes cantidades de agua generando un desbalance hídrico: disminuyen la cantidad de agua disponible para otros usos en territorios donde se plantan. De hecho muchos campesinos ya han denunciado que sus terrenos, aledaños a plantaciones forestales, están cada vez más secos. Un porcentaje importante de ellos son mapuche, por lo cual la Coalición a postulado llamar a una consulta indígena para considerar la opinión de los habitantes en la tramitación de este decreto.

Además de la inclusión de las comunidades, las principales propuestas de la Coalición para no perpetuar la situación forestal actual son que el 100% de las asignaciones de las bonificaciones sea para pequeños propietarios forestales y que toda la forestación y reforestación del país se realice con especies nativas de la zona en cuestión.