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Desde hace un tiempo Chile entró en el debate si será posible sacarse de encima la corrupción al que ha sido llevado por las élites, según lo ha reiterado el Sr. Engel de la Comisión Anticorrupción. De allí que resulta esperanzador lo ocurrido el último mes con la denuncia en contra de la empresa Bahía Coronel, miembro de ASIPES, de ser autora de procesar pesca ilegal de sardinas y anchovetas destinada a harina de pescado, ante el Ministerio Público y el SII. La denuncia realizada por una oficina del Sernapesca que contrarió lo que venían haciendo las máximas autoridades de esa institución en el último par de décadas, abre la posibilidad para que  el Ministerio Público amplíe la investigación a todos los involucrados en las “pescas de investigación”, que fueron utilizadas para encubrir pesca ilegal y cuyos autores han dejado valiosos testimonios de su participación.

Ex Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, quien decretó resoluciones exentas sin valor legal alguno; autorizó la captura e industrialización de esta especie, que no se encontraba en los registros pesqueros y, por lo mismo, su captura, procesamiento y comercialización se encontraba sancionado por ley.

CIPER en uno de sus trabajos de investigación periodística registró uno de ellos: “El 23 de marzo del 2011, el gerente general de Corpesca S.A., el Sr. Francisco Mujica, – el mismo que en la actualidad se encuentra procesado por el Ministerio Público por financiamiento a la política – , se presentó ante la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, según consignó Diario 21, donde ” señaló que entre 1997 y 2000 se pescaron más de 3.000.000 de toneladas de jurel bajo talla en la Región del Bío Bío, amparado en el concepto de “pesca de investigación”, la denuncia del Sr. Mujica dirigida en contra de sus colegas de la Región del Bío Bío, fabricantes de harina de pescado agrupados en ASIPES, no mereció ningún reparo de estos ni de los diputados presentes.

Según CIPER ” Lo que no dijo Mujica en esa ocasión es que esa misma artimaña fue utilizada en la pesca de jurel en el norte del país, que favoreció al Grupo Angelini, donde él era su gerente. CIPER le preguntó al Sernapesca por qué si la ley sólo permite un 35% de captura bajo talla, no existen sanciones a las empresas que operan en la macrozona norte. Su respuesta fue: “Todas las operaciones de pesca de jurel en la zona norte del país hasta el 2011 se han efectuado bajo la modalidad de pesca de investigación “.  Entonces, la talla mínima del jurel era de 26 centímetros, pero el año pasado el 95% de las capturas estuvo bajo esa medida. En informe que elaboró Subpesca indica que desde 1998, en la zona norte “destaca la presencia de un alto número de ejemplares juveniles, que supera en promedio el 70% de la captura total, llegando algunos años a superar el 90% (2011)”.

Otro caso emblemático es la Pesca Ilegal de la Sardina Austral que se encubrió como “pesca de investigación” y que terminó en la elaboración de Harina de Pescado, por las empresas Fiordo Austral y Alimar en la X Región. Esta debe su autoría al  ex Subsecretario de Pesca, Felipe Sandoval, quien decretó resoluciones exentas sin valor legal alguno; autorizó la captura e industrialización de esta especie, que no se encontraba en los registros pesqueros y, por lo mismo, su captura, procesamiento y comercialización se encontraba sancionado por ley. Lo lamentable, es que en los años siguientes, agregaron su firma a iguales ilegalidades los ex Subsecretarios Jorge Chocair y Pablo Galilea. Como resultado de lo anterior la Sardina Austral, anchoveta y sardina común de las Aguas de la Patagonia fueron sobreexplotadas y llevadas casi a su extinción según dan cuenta los últimos Informes de los Estados de las Pesquerías de la Subsecretaría de Pesca. En el Tribunal de la Libre Competencia la empresa Fiordo Austral dejó un valioso testimonio de la magnitud que alcanzó su procesamiento de Sardina Austral (http://www.tdlc.cl/DocumentosMultiples/Antecedentes_FiordoAustral_NC_379_10.pdf).

Era de conocimiento de todos los que participaban en estas Pescas ilegales, el articulo 2 N° 29 de la Ley General de Pesca que define a la pesca de investigación como la actividad pesquera extractiva que tiene por objeto la realización, sin fines comerciales, de las tareas que se aboca cada una de sus tipos, esto es, exploratorio, de prospección y experimental”. También del dictamen N° 14.178, del año 2004, de la Contraloría que había zanjado el tema de la legalidad de las pescas de investigación usada para fines comerciales y no científicos  “… si la autoridad administrativa llegare a hacer uso de su facultad de autorizar actividades de pesca de investigación con una finalidad distinta a la perseguida por la ley,  tal decisión quedaría afectada por una desviación de poder y viciado el acto que la sanciona”.

La Pesca ilegal encubierta en ” pescas de investigación”, claramente ha sido una acción al margen de la ley que se encuentra sin castigar, y que fue realizada durante un par de décadas en medio de la impunidad ya que los involucrados en la misma, los ex Subsecretarios de Pesca, altas autoridades de Subpesca, Sernapesca e IFOP, entre ellos: Felipe Sandoval, actual Presidente de los Salmoneros; Jorge Chocair y Pablo Galilea, actual Consejero Nacional de Pesca, cuidaron desde sus posiciones de poder atar de manos a los funcionarios del Sernapesca con el objetivo de impedir que estos pudieran denunciar las pescas ilegales que los comprometían, ya que se exponían a que el Ministerio Público los investigara y  llevara a la justicia por sus distintos grados de participación en éstas acciones al margen de la ley.

Los anteriores son cómplices de facilitar la actuación al margen de la ley de un puñado de ambiciosos y sin escrúpulos que en menos de dos décadas hicieron desaparecer 2/3 de la riqueza pesquera de nuestro país, los que además sobreexplotaron y extinguieron las principales especies existentes en nuestros mares, a quienes les facilitaron autorizaciones de “pescas de investigación ” por millones de kilos y en otros casos por miles de kilos de distintas especies ( Jurel, Sardinas, Anchovetas, Merluza Austral, Merluza común, etc., etc.), todas ellas a través de resoluciones exentas, que nacían desde la Subsecretaría de Pesca, sin valor legal alguno. http://www.sindicatoifop.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=174:2015-02-24-22-01-28&catid=44:noticias

Es de especial consideración que el Ministerio Público tome la iniciativa y persiga la pesca ilegal que han practicado y practican los grupos empresariales que controlan el sector pesquero y los casi mil armadores semi industriales considerados por los primeros como sus “cuasi socios “, ya que estos monopolizan el 95% de la riqueza pesquera país. Esto es urgente, ya que hasta ahora las autoridades de Sernapesca y Subpesca, no hacen nada en contra de los anteriores e intencionalmente colocan a sus funcionarios para que se concentren en perseguir la pesca ilegal,  en la que estarían involucrados unos pocos de los miles de miles de pescadores parte de la pequeña pesca artesanal a sabiendas que ésta última no alcanzan a explotar el 5 % de los recursos pesqueros país. El objetivo de la anterior política pareciera ser acusar a la pesca artesanal como responsables del desastre ambiental que vive el sector pesquero ante la ciudadanía, por ello ha sido tan aplaudido por las organizaciones patronales, porque de pasada los exculpa a ellos, que son los verdaderos autores del mismo.

Ante el actual desafío que tiene el Ministerio Público de investigar y sancionar las Pescas Ilegales que fueron destinadas a harina de pescado vale recordar un par de frases del saliente Fiscal Nacional, Sabas Chahuan: “En esta investigación se imputará a todas las personas que resultaran responsables, sin importar el cargo, el ex cargo o posición social (…) Acá primará la igualdad ante la ley” y la otra “Chile no es un país corrupto, pero sí existen corruptos que perseguir penalmente”.