adriana delpiano valentina quiroga
Luego de postergarse día tras día, al fin pareciera haber buenas señales para el gobierno en lo que respecta a lograr aprobar la glosa de gratuidad para planteles de educación superior.

Durante la semana, la DC había amenazado con no aprobar la iniciativa a menos que se consideraran ciertas indicaciones, entre ellas extender el aporte a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.

Por su parte, el Cruch tampoco parecía muy satisfecho al no tener claridad sobre los montos que irían destinados a estos planteles, y encendió las alarmas ante el anuncio de que se disminuiría en 50% el Aporte Fiscal Indirecto.

El AFI es el aporte que reciben las universidades por captar a los mejores puntajes de la PSU. El vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, dice que “es un instrumento regresivo que debe ser eliminado, pero no de un mes para otro, sino que de manera gradual, para no afectar a las instituciones”. En 2015, los recursos para el AFI llegaron a $ 24.562 millones, de los cuales la mayoría se fueron a la U. de Chile ($ 4.875 millones) y la U. Católica ( $ 4.841 millones), según informa La Tercera.

Finalmente, el gobierno logró satisfacer a ambos. A través de reuniones constantes con la participación de la ministra de Educación, Adriana Delpiano, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el senador DC Andrés Zaldívar y el vicepresidente del Cruch, Aldo Valle, se aseguró, en primer lugar, el aumento de las Becas Nuevo Milenio, dirigidas a los CFTs e IPs y, en segundo, que los planteles del Cruch no bajarían sus aportes respecto a lo que ya reciben por el AFI.

Según consigna El Mercurio, las indicaciones irían en la siguiente linea:
-El Aporte Fiscal Indirecto bajaría en un 50%, equivalentes a cerca de $12.500 millones, para ser redistribuido en forma de aportes basales para universidades tradicionales, convenios de desempeño y becas.
-Las Becas Nuevo Milenio, dirigidas a alumnos de planteles técnicos, beneficiarían a 130 mil estudiantes con el aumento de $100 mil en su monto, que actualmente es de alrededor de $600 mil. Se acogerían las condiciones de la DC de 4 años de acreditación, no subir aranceles más allá del IPC y transformarse en corporaciones sin fines de lucro.
-Se buscaría una linea de financiamiento para universidades estatales, algo pedido tanto por parlamentarios como los mismos rectores.
-Se eliminaría el límite de 2,7% de crecimiento de matrícula para las universidades adscritas al Sistema Único de Admisión, pero deberían informarse estos planes con antelación.