Como último bastión de un dogma impuesto por ley, la Iglesia Católica ha sido una de las instituciones que más han alzado la voz porque en Chile el aborto siga siendo penalizado bajo cualquier circunstancia. A pesar de los escándalos que han abochornado al clero, la iglesia católica, la evangélica, junto a los sectores más conservadores de la sociedad se han parapetado para que las tres causales sobre el aborto (inviabilidad del feto, riesgo de vida la madre y en caso de violación) no sean aprobadas por el Poder Legislativo.

Hasta ahora Chile sigue siendo uno de los seis países en el mundo junto a el Vaticano, Malta, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, donde la interrupción del embarazo está penalizado sin excepción.

Más allá de la despenalización en tres causales, decisión que está en mano de los congresistas -un espectro donde la representación femenina es tan sólo de un 15,8%-, está también la discusión sobre los derechos sexuales de las mujeres. Diversas organizaciones han llamado la atención respecto a la invisivilización de las mujeres lesbianas y bisexuales en las campañas sobre la inclusión o contra la discriminación sexual.

Si bien el mundo ha avanzado en leyes que protegen y entregan derechos por igual a todos los ciudadanos, aún está en debate algunos temas como la adopción homoparental y el derecho al matrimonio homosexual. En Latinoamérica algunos países como Uruguay han estado a la vanguardia en la implementación de la despenalización del aborto y la incorporación de derechos sexuales en sus legislaciones. Como resultado, dos años después de que Uruguay sancionara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la tasa de abortos se ubica entre las más bajas del mundo practicándose 9 abortos por cada 1.000 mujeres.

Hasta ahora Chile sigue siendo uno de los seis países en el mundo junto a el Vaticano, Malta, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana, donde la interrupción del embarazo está penalizado sin excepción.

Tal vez el dato más relevante en esta materia es que en Uruguay 1 de cada 3.500 mujeres mueren en el parto o embarazo, lo que es en consecuencia la tasa de mortalidad maternas más baja de Latinoamérica.

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