Nuevos antecedentes confirman que la Ley Angelini-Longueira que privatizó las pesquerías chilenas, fue elaborada y negociada entre funcionarios del Estado, políticos y los grupos familiares-empresariales, a lo menos un año antes de ser ingresado el proyecto de ley en el parlamento chileno.

El primer indicio de esta nueva colusión proviene de un correo electrónico que da cuenta de la reunión efectuada el 21 de octubre del 2011 entre el ex-ministro de Economía y ex- candidato presidencial, Pablo Longueira, las abogadas de la subsecretaría de pesca (Subpesca) y diversos representantes del “cartel” industrial que controla el sector pesquero chileno. Allí se acordaron los artículos claves que contendrían el proyecto de ley, así como el “modus operandi” para imponer la legalmente la expropiación de los peces del mar chileno.

Esta operación corría en paralelo con el establecimiento por parte de Pablo Longueira de una sui generis “mesa de negociación pesquera”, donde esta vez quienes se coludían eran las patronales Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) y la Asociación de Industriales Pesqueros de la región del Bío-Bío (Asipes) con las dirigencias de Conapach y Confepach, las dos confederaciones de pescadores artesanales, las cuales después de casi un mes de negociaciones a puertas cerradas, se comprometieron a respaldar el proyecto de ley que privatizaba las pesquerías de la Nación, así como a oponerse a cualquier intento de licitación de las pesquerías…. industriales. Todo ello a cambio de la transferencia de diversos porcentajes de cuotas de pesca de orígen industrial por un valor de 34 millones de dólares, a los dueños de lanchas artesanales o armadores.

Los correos electrónicos de la corrupción político- empresarial

En este correo electrónico interno de octubre del 2011, Héctor Bacigalupo -en ese momento operador político de Sonapesca, y hoy su gerente general-, le enviaba a los gerentes de las empresas pesqueras, detalles del acuerdo con el gobierno de Sebastián Piñera para modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura. En esta reunión clave habían estado presente el entonces Ministro de Economia, Pablo Longueira , el Subsecretario de Pesca de la época Pablo Galilea, Francisco Mujica, gerente general de Corpesca, propiedad de la familia Angelini, además de Rodrigo Sarquis, en aquel entonces presidente de Sonapesca y dueño de pesquera Blumar; Carlos Vial, gerente general de FrioSur, de propiedad de la familia Del Rio; Roberto Izquierdo Menendez, propietario de Alimar S.A., Héctor Bacigalupo de Sonapesca y Marcos Osuna , de la transnacional española PescaNova.

Llama la atención que en ésta y las siguientes reuniones de negociación y preparación del articulado de la nueva ley, estuvieran presentes las abogadas de la Subsecretaria de pesca, Edith Saa y María Alicia Baltierra, quienes históricamente han operado dentro de este organismo gubernamental cuidando los intereses del cartel pesquero, e implementando legislaciones expropiatorias de los derechos de acceso y uso de los recursos marinos de los pescadores artesanales, comunidades costeras y pueblos originarios.

Cleptomanía pesquera de cuello y corbata

En el correo electrónico enviado por Bacigalupo, se confirma los principales puntos acordados con Pablo Longueira: La totalidad de los permisos de pesca se transformarían en licencias de pesca plenamente transables y divisibles, por lo que “se eliminan las licencias a 20 años y su posterior licitacion”. Longueira agrega que el 50 por ciento de las licencias serían indefinidas y el 50 por ciento restante, lo serían por 20 años. Además, se “fija un piso para la industria, que es equivalente a lo que se entregó en fraccionamiento en la Mesa ( de negociación pesquera), medido en toneladas, base 2011, y que será válido para cualquier fórmula que se estudie”. Longueira destaca que todo quedará bien amarrado, al indicar que “desean llegar a un acuerdo en esta reunión, y lo que se acuerde iría al congreso con veto presidencial”. El ahora cuestionado ex- ministro de economía debido a los pagos efectuados por Corpesca vía SQM a su entrorno político y familiar, le aseguró al cartel pesquero que se habían “superado las diferencias al interior del gobierno”.

En el correo electrónico, Bacigalupo señala que “existe un piso que es el Punto Crítico (PC), o el PC mas lo cedido en el fraccionamiento a los armadores de la pesca artesanal”.

Allí indica taxativamente que, “bajo este piso no se licita”, y que “sobre el Punto Biológico de Referencia (PBR) no se licita”, para luego rematar indicando que “la forma pendiente de pasar del PC al PBR, será definido políticamente, buscando congelar o bajar las actuales cuotas hasta alcanzar el PBR”, con lo cual se evitan las licitaciones. El operador de Sonapesca indica además que se había acordado “dar soporte a la mesa pesquera conformada con los dirigentes artesanales de Conapach y Confepach, y por lo tanto al fraccionamiento ya acordado”, refiriéndose al acuerdo de transferencia de cuotas de pesca desde el sector industrial al artesanal.

Finalmente Bacigalupo indica que “ante el planteamiento de Sonapesca, quedaron de estudiar algún incentivo para que la pesca artesanal pueda aceptar un congelamiento de las cuotas y recuperación de las biomasas”.

La cocina de Subpesca, Corpesca y Sonapesca continúa operando

La carpeta investigativa de la fiscal Ximena Chong sobre el financiamiento ilegal de políticos y parlamentarios efectuado por Corpesca, incorpora nuevos correos electrónicos que fueron intercambiados el 2011, entre el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica y la asesora jurídica jefe de la Subpesca María Alicia Baltierra.

“Estimada María Alicia, te adjunto nómina solicitada por don Pablo de posibles invitados a una reunión informativa de la Ley de Pesca para esta semana. Favor de indicar el día y hora para mover a la gente”, señalaba Mujica en un correo electrónico enviado el 13 de junio de 2011 a la asesora jurídica de la Subsecretaría de Pesca, María Alicia Baltierra O’Kuinghttons.
En el correo se incluía un listado de 7 dirigentes sindicales pesqueros, entre los que se contaban el presidente del Sindicato Interempresa de Patrones de Pesca Iquique, Michel Campillay, operador de Corpesca y encargado, entre otras cosas, de entregar información a Mujica sobre los movimientos de la Comisión de Pesca del Senado.

Importante es destacar que la abogada Baltierra declaró como testigo ante la Fiscalía el 28 de octubre del 2015. Consultada por El Mostrador sobre este correo electrónico, indicó que este tipo de reuniones eran habituales. “Se hacían tanto en el Congreso y a veces en la Subsecretaría de Pesca”, aseguró. María Alicia Baltierra hasta el 2010, antes de entrar a trabajar en esta área clave de la Subpesca, había sido Directora Jurídica de la patronal Sociedad Nacional de Pesca.

Maximiliano Alarma: El “topo” de Angelini dentro de la Subpesca

Los correos electrónicos de público conocimiento, también dejan en evidencia otro de los “contactos” que operaban para Corpesca en la Subsecretaría de Pesca. Se trata de Maximiliano Alarma, jefe de la División de Administración Pesquera de ese mismo organismo, el que informaba de las reuniones sostenidas por el subsecretario Galilea, y de cómo se preparaban los diversos artículos que eran de interés para la industria pesquera.

Industriales pesqueros del Norte: Pauteando a la Subpesca y a Cancillería

El 12 de mayo de 2011, Mujica envió a Baltierra un correo electrónico con una propuesta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte Grande (ASIPNOR ), con el articulado ideal para la Ley de Pesca. Al día siguiente, el gerente general de la principal pesquera del Grupo Angelini, adjuntaba a la abogada Baltierra una resolución peruana “para que la compartiera con el subsecretario de Pesca y su equipo asesor, con el fin de ver por dónde vendrán los próximos ‘dardos’ hacia la paupérrima cuota para el norte, y cómo la aprovechan los peruanos, desconociendo todo el acuerdo de Cali”.

La respuesta de la abogada Baltierra fue inmediata, agradeciendo y asegurando que remitiría la información “al embajador Balmaceda”, refiriéndose a José Luis Balmaceda, Director de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos y Jefe de gabinete del Subsecretario de Relaciones Exteriores, de la época.

Subpesca entregó información reservada clave a la industria

El 13 de septiembre de 2012, a través de un correo enviado a Mujica, con copia al subsecretario Galilea, titulado “Propuesta de la propiedad de peces”, la abogada Baltierra señala que “de acuerdo a la conversación con Ramón Pino (jefe de Gestión y Desarrollo de Corpesca), envío a usted una propuesta para el artículo que establece cuál sería el estatuto jurídico de los peces. Este es un tema analizado y concordado con Cancillería, y que aún es en total reserva”.

El 3 de octubre de 2012 , Mujica envió un nuevo correo a Baltierra, también con copia al subsecretario Galilea, diciendo que el entonces presidente de Sonapesca, Rodrigo Sarquis, actual dueño de pesquera Blumar, “me envió el documento de indicaciones referente a las caducaciones, que me permito enviarte y a su vez poder discutirlo con don Pablo. También te envié mis observaciones al párrafo 2º. Te pediría que estos me lleguen en forma directa porque no sé lo que le distribuyen solo a Sonapesca”.

Baltierra respondía ese mismo día. “Hay dos opciones: excluir a los pelágicos y dejarlos con una norma de lo desembarcado en un determinado periodo de tiempo y a los demás con cumplimientos de las cuotas, o bien dejarlos a todos con lo desembarcado. Esto porque estamos claros en las distorsiones que genera especialmente en los pelágicos pequeños. En relación a sus comentarios del párrafo segundo, efectivamente la Convención es para alta mar, pero también contempla ese mecanismo que puede aplicarse a la ZEE (Zonas Económicas Exclusivas) en cuyo caso se requiere la aprobación del Estado de Chile y la idea es regular cómo se otorga esa autorización”, explicaba la abogada, que finalizaba el correo electrónico señalando, “lo llamo mañana si tenemos más novedades”.

Ley Angelini-Longueira “es hija de la corrupción y debe ser anulada”

Ante la irrefutable información de cómo se fraguó fuera de todo control público la actual ley general de pesca y acuicultura, la organización ciudadana Ecocéanos señaló que “las crecientes evidencias sobre la intervención de los intereses y dinero empresarial en la elaboración y aprobación de la ley de privatización del patrimonio pesquero nacional, refuerzan la demanda de las organizaciones ciudadanas, de estudiantes, pueblos originarios y de los pescadores artesanales organizados, de anular la corrupta ley que entregó de manera gratuita y a perpetuidad la propiedad de los peces del mar chileno”.

Ecocéanos destaca que “La ley Angelini-Longueira eliminó los derechos de acceso a los recursos pesqueros al 90% de los pescadores artesanales y a los pueblos originarios, y hay que destacar que a la fecha están siendo investigados por la Fiscalía más de 10 políticos y parlamentarios, el comité de senadores UDI, junto a empresas como Corpesca, Pesquera El Golfo, SQM y asociaciones patronales como Asipes y Sonapesca”.

La organización ciudadana afirmó que existen ya 300.000 firmas de ciudadanos chilenos respaldando la campaña nacional por la anulación de esta abusiva y corrupta ley de privatización pesquera, donde se insta a la presidenta Bachelet a cumplir con los compromisos de campaña efectuados ante los pescadores artesanales y ciudadanía.