Denunciaron que el Gobierno pretende firmar el Tratado sin realizar Consulta Indígena, a pesar de que hay convenios firmados por el país que lo obligan a llevarlo a cabo

La Plataforma Ciudadana Chile Mejor sin TPP cuestionó el apuro del Gobierno por firmar el Tratado, luego de que el Ejecutivo anunciará, junto a los otros 11 países suscriptores, su intención de firmarlo durante febrero de 2016.

José Aylwin, del Observatorio Ciudadano, afirmó que “la precipitación del Gobierno no se condice con el tiempo que, para una vara democrática mínima, requiere la ciudadanía y el Congreso para discutir un acuerdo que tendrá muchas consecuencias y de largo plazo para el país. Tal como sucedió durante una negociación que fue confidencial, advertimos ahora una evidente intención de hacer pasar este tratado por encima del escrutinio público”.

Raúl Claro, en tanto, planteó que “el TPP es más que un tratado. Es la culminación de un proceso de liberalización del comercio encabezado por Estados Unidos y del que Chile ha formado parte activamente. Sin embargo, no vemos una reflexión profunda ni responsable de la Direcon respecto a cuáles serán los efectos legislativos, tributarios, sociales y de soberanía que un acuerdo como éste inevitablemente tiene”.

Aylwin advirtió que hay convenios internacionales suscritos por Chile que impiden avanzar con la prisa que pretende el Gobierno. “Da la impresión que el Ejecutivo no prevé la consulta del texto del TPP con los pueblos indígenas, en forma previa a su ingreso al Congreso, como establece el Convenio 169 de la OIT cada vez que se adoptan medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar sus derechos, el cual se encuentra ratificado y vigente en Chile desde el año 2009. Los compromisos internacionales no son un juego, deben honrarse”.

Carlos Figueroa recordó que “las autoridades de la Direcon, para nuestra sorpresa, nos reconocieron que el Estado de Chile no realizó estudios donde se demuestren los beneficios del Tratado. Pareciera que hay que firmar porque sí. Llegó el momento que el Parlamento, que es el lugar donde se tomará la decisión y en donde no se podrá modificar ni una coma, haga un ejercicio de respeto a su propia labor y de defensa del interés nacional, no prestándose para ser buzón de una política que compromete la propia soberanía legislativa del país y que ha sido, a todas luces, irresponsable”.