Un nuevo dolor de cabeza tendrá Bachelet, ya que su ministro de Defensa José Antonio Gómez deberá enfrentar una delicada denuncia criminal.

La acción judicial apunta al ministerio de Justicia por mantener a más de 500 personas privadas de libertad de manera arbitraria cuando la cartera estaba bajo el mando del actual titular de Defensa. Los hechos sucedieron entre 2014 y 2015, cuando en la cartera se opusieron a firmar una serie de decretos que tenían por finalidad otorgar la libertad de aquellos presos que la merecían legalmente por mantener una excelente conducta al interior de las cárceles.

Según la legislación chilena, los internos pueden postular a un beneficio de rebaja de condena si mantienen una conducta sobresaliente mientras están recluidos. Así, si el preso ha participado en riñas o si le encontraron un celular, su puntaje baja, mientras que si va a la escuela y trabaja al interior de la cárcel, sube. Si la Comisión de rebaja de condena, organismo dependiente de la Corte de Apelaciones, acredita el buen comportamiento de una persona, esta puede reducir en dos meses su condena por cada año de buena conducta y en tres meses si el buen comportamiento se registra cuando ya cumplió más de la mitad de su pena.

Una vez que dicha comisión decide otorgar el beneficio, le corresponde al ministerio de Justicia firmar el decreto para liberar al interno. Lo que ocurrió en este caso es que el ex ministro de Justicia, José Antonio Gómez, se negó a poner su firma en los documentos porque, según dijo, en muchos casos no se cumplían los requisitos para otorgar la libertad. Su actuar dio paso a cientos de recursos de amparo que fueron acogidos por la Corte Suprema, que determinó que no era competencia del ministerio revisar los requisitos de evaluación de conducta acreditados por la comisión. Finalmente se ordenó la liberación de los internos, de los cuales algunos cumplieron hasta seis meses más de condena de lo que les correspondía.

Los hechos sucedieron entre 2014 y 2015, cuando en la cartera se opusieron a firmar una serie de decretos que tenían por finalidad otorgar la libertad de aquellos presos que la merecían legalmente por mantener una excelente conducta al interior de las cárceles

Basándose en estos hechos, la ONG Leasur, que se dedica a la promoción de los derechos de personas privadas de libertad, ha decidido ir más lejos. En la denuncia la organización acusa a quienes resulten responsables de haber cometido actos arbitrarios e ilegales relacionados con estas privaciones de libertad. Mayores detalles serán dados a conocer al momento en que se presente, mañana martes 24 de noviembre a las 10 de la mañana en la Fiscalía Centro Norte en el Centro de Justicia. 

la Corte Suprema, que determinó que no era competencia del ministerio revisar los requisitos de evaluación de conducta acreditados por la comisión.

A pesar de que no se acusa explícitamente a Gómez, la denuncia vuelve a poner al ministro en el ojo del huracán. Esto en el contexto de la polémica que ha desatado el paro del Registro Civil, cuyos funcionarios aseguran que el año pasado el entonces jefe de Justicia les prometió un incremento de ingresos que nunca llegó. “El ministro Gómez ha sido un cobarde, utilizó al servicio para lucirse en su ministerio y hoy día no reconoce lo que le prometió a los funcionarios”, declaró al respecto Nelly Díaz, dirigenta de los funcionarios del Registro Civil, según consigna ADN.