“Se pudo comprobar la existencia de una serie de actuaciones estatales abusivas, cuya consecuencia inmediata significó la privación de libertad injusta de varios centenares de personas”, indica la denuncia presentada esta mañana por acciones cometidas bajo la responsabilidad del ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, actual jefe de la cartera de Defensa.

Los hechos en los que se basó Leasur, ONG dedicada a la promoción de los derechos de personas privadas en libertad, para presentar la denuncia sucedieron entre marzo de 2014 y marzo de 2015, cuando más de 500 internos de distintas cárceles de Chile no fueron liberados en el momento en que correspondía. ¿La razón? El ministerio de Justicia se negó a firmar los decretos de liberación que estaban siendo tramitados con el fin de dar por terminada la condena de presos que, por conducta sobresaliente, habían logrado acortar su pena original según estipula la ley.

La acción, según Leasur, sería constitutiva de los delitos de prevaricación administrativa -cuando un empleado público dicta una resolución injusta- y omisiones e irregularidades en la detención -cuando, por ejemplo, una autoridad sabe de una detención arbitraria y no hace nada por revertir la situación-. Revisa a continuación los detalles de la denuncia que pretende llegar a los responsables de este suceso, a la que tuvo acceso exclusivo eldesconcierto.cl, y la historia que hay detrás de ella.

Leasur estampando la denuncia /Foto: eldesconcierto.cl

Leasur estampando la denuncia /Foto: eldesconcierto.cl

Hacer conducta

Cuando Jorge cayó preso, se preocupó de asistir a la escuela dentro del penal para nivelar sus estudios, trabajó en la cocina del recinto e incluso logró que le dieran permiso todos los días para ir a trabajar en una construcción cercana. Si demostraba tener capacidades para reinsertarse en la sociedad y mantenía un buen comportamiento podría acortar su estadía en la cárcel y volver pronto a vivir con su familia.

El comportamiento de Jorge, igual que el de todo preso en Chile, fue anotado por Gendarmería en su ficha única de conducta. Bajo el título de Registro de nivel de conducta asociada a la condena vigente, en el documento se despliega una tabla que indica  la puntuación de conducta cada dos meses. Si el interno ha tenido riñas o si le encontraron un celular su puntaje baja, mientras que si mantiene buenas relaciones con sus pares y con Gendarmería, sube. Dependiendo de factores como eso su conducta puede ser catalogada como pésima, mala, regular, buena o muy buena.

Cabe destacar que, a pesar de que hay ciertos indicadores, en la práctica los criterios de evaluación no operan de manera estandarizada. Pueden estar sujetos al penal del que se trate o a la disposición personal del gendarme. Además, en general los presos no tienen acceso a revisar sus fichas para llevar un cálculo exacto de los meses que deben cumplir.

Sin tener tanta claridad sobre el tema administrativo, lo cierto es que Jorge mantuvo una conducta sobresaliente (buena o muy buena) durante su estadía. ¿La recompensa? Postular a una reducción de dos meses en su condena por cada año de buen comportamiento, según indica la ley N° 19.856, sobre reinserción social de los condenados en base a la buena conducta. Sus antecedentes, al igual que el de todos los presos del país, fueron revisados por una Comisión de beneficio de rebaja de condena que inspeccionó si Jorge efectivamente cumplía los requisitos para salir antes de la cárcel: estudio, trabajo, rehabilitación (en caso de necesitarla)  y conducta -que es la evaluada por Gendarmería-.

Dicha comisión responde a la Corte de Apelaciones y se constituye una vez al año en cada uno de los territorios donde la Corte tiene presencia, que en general es por región. La integran un juez de la Corte de Apelaciones más tres jueces y dos peritos y un abogado que son nombrados por el ministerio de Justicia.

A fines del año pasado el equipo determinó que  Jorge cumplía con los requisitos y le otorgó la reducción en su condena. Días después de la decisión, cuando el hijo mayor de Jorge lo fue a visitar a la cárcel, su padre le pasó un documento donde decía que quedaría libre el 10 de noviembre de 2014.

/Foto: AgenciaUno

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La negativa de Gómez

La navidad de 2014 no era cualquier navidad para Johana, llevaba semanas planeando todos los detalles para la cena de esa noche. Después de tres años en prisión, Jorge, su pareja y padre de sus cuatro hijos, iba a poder pasar esa noche junto a la familia. Era un reencuentro con el que habían soñado.

Pero casi un mes después de la gran noticia, la alegría se fue a piso cuando Jorge la llamó desde la cárcel para avisar que había un problema con su liberación. A pesar de que la decisión de la Comisión ya estaba tomada, fue despachada recién el 1 de diciembre al ministerio de Justicia, donde se tenía que hacer efectiva a través de un Decreto Supremo de liberación firmado por el ministro, en ese entonces José Antonio Gómez.

Pero la firma no llegó a tiempo y Jorge se transformó en uno de los más de 500 casos de internos de distintas cárceles de Chile que no fueron liberados en el momento en que correspondía. ¿La razón? Según el ministerio existían casos en que los internos no cumplían con los requisitos para salir antes en libertad. “De la revisión que hemos hecho de los expedientes, hay muchos de ellos que no cumplen con los requisitos. No cumplen con educación, no cumplen con trabajo, rehabilitación, y, por lo tanto, hemos dicho que la obligación del ministerio es evitar que salgan a la calle delincuentes como violadores y asaltantes”, declaró Gómez en ese entonces.

La situación dio paso a una serie de recursos de amparo interpuestos ante la Corte de Apelaciones por la Defensoría Penal Pública (DPP) y ONGs relacionadas con los derechos de los presos, como Leasur y la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco), para exigir la liberación inmediata de estos. Al 30 de enero de 2015 la Defensoría había interpuesto un total de 840 recursos de amparo alegando que “en la calificación de la conducta sólo participa la Comisión de Rebaja de Condena, y no en cambio, el Seremi, ni menos el ministro de Justicia”.

Casi todos los recursos, entre ellos el de Jorge, fueron acogidos por la Corte Suprema, que indicó que el ministerio de Justicia excedía sus funciones al revisar los casos seleccionados por la Comisión de rebaja de condena, ya que su rol consiste únicamente en firmar el decreto. Cientos de oficios fueron enviados al ministerio exigiendo la liberación inmediata de los internos. “Estos fallos eran enviados al ministerio de Justicia para ponerlo en conocimiento de esta situación. El mensaje era bastante claro; no era un fallo o dos, era cientos de fallos”, cuenta Claudio Fierro, abogado a cargo de la Unidad de Corte de la DPP, a eldesconcierto.cl.

La ley faculta al ministerio de Justicia a revisar los impedimentos para que un interno acceda al beneficio de rebaja de condena, estipulados en el artículo 17 de la ley. Algunos ejemplos son que el interno haya tenido intentos de fuga, que haya cometido un delito estando preso, que ya haya optado antes al beneficio o que haya reincidido en delitos de la misma especie. Pero no lo faculta para revisar los criterios evaluativos de conducta, como por ejemplo si estudió o trabajó al interior del penal, requisitos sobre los cuales la Comisión de rebaja tiene facultades exclusivas.

“Lo que estaba haciendo el ministro era una nueva evaluación. Decía, por ejemplo, que tal interno no acudió a programas laborales o de reinserción escolar”, explica Fierro. El abogado asegura que la demora, además de afectar a los presos, afecta al sistema en general: “No es negocio ni para el Estado ni para Gendarmería tener tantos presos. Esas son las preguntas que nosotros nos hacíamos: por qué hay tanta dificultad si las personas cumplen los requisitos, poner más obstáculos para descomprimir un poco el sistema penitenciario, que ya está bastante comprimido. Esta es una herramienta súper eficiente y eficaz para descomprimir las cárceles”.

Esta doble revisión de parte del ministerio generó que se dilatara la liberación de los internos, lo que, según indica la denuncia de Leasur, sería constitutivo de delito. “Existieron funcionarios en el Ministerio de Justicia que, conociendo la existencia de privaciones de libertad arbitrarias, y teniendo la facultad para hacerlas cesar, no lo hicieron y, al contrario, las perpetuaron a sabiendas, torciendo el tenor literal de la ley y las decisiones expresas de nuestros Tribunales Superiores de Justicia”, se lee en el documento.

Además de caer en la revisión de condiciones que por ley no le corresponden a su cargo, las condiciones en las que hizo hincapié el ministro muchas veces no pueden ser cumplidos por los internos ya que la cárcel donde se encuentran no cuenta con los medios para permitirlo. “De acuerdo a todas las precariedades que tienen las cárceles chilenas, muchas no tienen las facilidades para poder desarrollar esos requisitos que dice la ley. La misma ley deja un espacio abierto, dice hay que tener una flexibilidad a efecto de poder cumplir los requisitos”, explica Claudio Fierro. Por ejemplo José Antonio Gómez habló de rehabilitación, sin embargo no existe un sistema de rehabilitación clínica y psicológica universal en todos los penales. De hecho, según cifras que maneja la ONG Leasur, los programas de reinserción social no alcanzan ni siquiera para el 20% de los internos.

Manuel Henríquez, dirigente de la ONG Confapreco, cree que el actuar del ex ministro de Justicia debería traerle consecuencias. “Todo fue muy turbio, muy antojadizo. Gómez cometió una arbitrariedad, según él, para ayudar al tema de seguridad ciudadana. Ser ministro él cree que lo facultó para contradecir lo que la comisión experta en el tema había dictaminado, pero la condición de ministro no da lugar a que uno cometa arbitrariedades, abuso de autoridad ni cosas que rayan en lo ilegal. Él no debería ser ministro actualmente”, declara a eldeconcierto.cl.

Henríquez cuenta que su la organización envió cartas de los internos a la presidenta Michelle Bachelet pidiendo explicaciones, pero las respuestas no los satisficieron. “Fueron muy escuetas, decía que se iba a transmitir la información para que el ministro de Justicia diera una explicación, explicación que nunca llegó”, dice.

El ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, que actualmente encabeza la cartera de Defensa, fue contactado por el desconcierto.cl pero declinó dar declaraciones respecto a los hechos. Tampoco se obtuvieron respuestas de parte del ministerio de Justicia, de la Secretaría Ministerial de Justicia ni de la ex Seremi a cargo, Carolina Ocampo.

Estar preso injustamente

Entre trámite y trámite, Jorge no sólo no pudo llegar a la esperada cena familiar navideña, sino que cumplió cuatro meses más de presidio. “El ministro no firmó la libertad, él tuvo la culpa. Mis hijos estaban felices, ilusionados. Acá hay un daño psicológico, ¿quién paga eso? Deberíamos ser considerados”, alega hoy Johana, la pareja de Jorge, en conversación con eldesconcierto.cl.

José Manuel es otro de los ex presos que tuvo que cumplir tiempo extra. A lo largo de su condena de diez años mantuvo un comportamiento sobresaliente que le permitió rebajar la pena original en un año y medio. A pesar de su esfuerzo, por la negativa del ministerio de Justicia tuvo que cumplir 58 días más en la cárcel donde estaba recluido.

Cuando finalmente firmaron su decreto de liberación, le dijeron que aún le quedaban por cumplir horas en trabajo comunitario, actividad que aún no ha empezado a hacer porque necesita trabajar de forma remunerada para mantener a su hijo de 14 años. “Por eso pedí que por último me hicieran valer ese tiempo que estuve preso de más por los trabajos comunitarios”, dice. Pero hasta el momento la respuesta no ha sido favorable y Manuel sigue esperando que alguien responda por la injusticia que se cometió con él, incluso baraja la posibilidad de una demanda para exigir una indemnización.

¿Cómo explicar lo que implica quedarse aunque sea un solo día más en la cárcel? Sergio, otro ex interno, estaba seguro de que le habían rebajado su condena y tenía que salir en libertad el 6 de diciembre del año pasado, sin embargo salió seis meses después. “No hay una descripción para eso, para lo que uno vive. En ese tiempo extra yo casi me morí: me pegaron una puñalada en el corazón y otra en el cuello”, cuenta a eldesconcierto.cl.

Sergio estuvo presente cuando, según cuenta, a fines del año pasado Gendarmería sacó a un grupo de internos de sus celdas y los llevó a una habitación donde les dijeron que tenían que escribir su firma en un documento. “Nos dijeron que nos habían quitado los meses. Nos mandaron a llamar, a todos nos dijeron ‘Tienen que firmar un papel. Lo firman y se vienen’. No nos dieron tiempo ni para leer”, afirma.

El episodio llegó a oídos del director de la ONG Confapreco. “A los internos se les hizo firmar (un documento) donde rechazaban el beneficio. A varios les pasó. Nunca se supo quién le dio la orden a Gendarmería, ni por transparencia pudimos llegar a eso”, dice Manuel Henríquez.

A pesar de que no está claro lo que sucedió, situaciones como la anterior suelen formar parte del sistema penitenciario. “Debiese haber un sistema más especializado y controlado: que todos supieran el día en que ingresa, el día en que va a salir, los abonos que tiene y los beneficios a los cuales tiene derecho. Eso sumado a un real acceso a la justicia, para eso lo más importante es que existan sistemas de atención jurídica y social para personas privadas de libertad. El Estado debe asumir eso”, afirma Eduardo Sepúlveda, académico de Derecho penal y Ejecución de la pena en la Universidad de Chile.

Para Sepúlveda estas carencias tienen relación con la despreocupación que existe en Chile  por la situación que viven las personas privadas de libertad. “No existen jueces epecializados, en general no se enseña el derecho penitenciario, no hay abogados a los que les interese -porque son personas que carecen de medios-, la sociedad civil tampoco reclama y a los políticos no les interesan porque no reditúa del punto de vista electoral. Entonces (los presos) están en una situación muy devaluada respecto de todos sus derechos”, concluye el abogado.

Es en este escenario en el que la denuncia presentada por Leasur pretende sentar un precedente: “Queremos poner sobre la palestra que en Chile no existe algo así como personas de primera y segunda categoría. No porque la persona esté privada de libertad pueden vulnerarse sus derechos en forma arbitraria e ilegal. Queremos que no existan diferencias; tanto el ciudadano de  pie como los personeros de gobierno deben actuar conforme a derecho”, declara en eldesconcierto.cl María de los Ángeles Barros, subdirectora de la ONG Leasur.

Una vez presentada la denuncia, comenzarán las diligencias investigativas para aclarar los hechos, proceso en el que tendrán un papel clave las declaraciones del ministro de Defensa José Antonio Gómez.