Un “retardo injustificado del acto administrativo de firmar los decretos supremos pendientes, provocando una ampliación ilegal en la privación de libertad de varios centenares de afectados”, explica la ONG Leasur que fueron los hechos cometidos durante 2014 y 2015 por los que esta mañana presentaron una denuncia contra los que resulten responsables de mantener en prisión de manera injusta a más de 500 personas.

El documento de 16 páginas fue firmado a las 10 de la mañana de este martes 24 de noviembre en la Fiscalía Centro Norte, ubicada en el Centro de Justicia de Santiago. “Lo que buscamos con esta denuncia es justicia. Queremos poner sobre la palestra que en Chile no existe algo así como personas de primera y segunda categoría. No porque la persona esté privada de libertad pueden vulnerarse sus derechos en forma arbitraria e ilegal. Queremos que no existan diferencias; tanto el ciudadano de  pie como los personeros de gobierno deben actuar conforme a derecho”, declaró a eldesconcierto.cl María de los Ángeles Barros, subdirectora de Leasur que representó a la ONG con su firma en la denuncia.

/Foto: AgenciaUno

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Los afectados por la situación son un grupo de presos de distintas cárceles de Chile que cumplían con los requisitos para disminuir el total del tiempo de su reclusión. A pesar de que el cumplimiento de estos requisitos (como tener buena conducta, trabajar y estudiar) fueron acreditados por la Comisión de rebaja de condena correspondiente, el ministerio de Justicia, en esa época al mando del actual ministro de Defensa José Antonio Gómez, decidió no firmar la liberación de los presos.

“Lo que buscamos con esta denuncia es justicia. Queremos poner sobre la palestra que en Chile no existe algo así como personas de primera y segunda categoría”.

Según indicó Gómez en ese entonces, habían casos en los que no se cumplían los requisitos, sin embargo la Corte Suprema determinó que la facultad de revisar esos criterios era sólo de la Comisión y no del ministerio. Por eso exigió la liberación de los presos, algunos de los cuales pasaron hasta seis meses extra recluidos.

En base a esto la denuncia presentada hoy indica que las conductas perpetuadas por el ministerio “atentan directamente contra el tenor literal de la ley y, por lo mismo, además de afectar ilícitamente la libertad personal de los beneficiarios del proceso de rebaja de condena, constituyen una extralimitación manifiestamente injusta de las potestades constitucionales de los personeros del Ministerio de Justicia”.

Revisa a continuación el documento completo: