El Protocolo de Kyoto así como el sistema europeo de comercio de derechos de emisión están en vigor desde 2005, pero el consumo de combustibles fósiles, en especial de carbón, ha aumentado en total. La razón de ello son los precios baratos para carbón, gas y petróleo debido, entre otras cosas, a la explotación –problemática desde el punto de vista medioambiental– de fuentes de energía “no convencionales“ procedentes de arenas bituminosas o mediante fracturación hidráulica.

El comercio de derechos de emisión y los otros dos mecanismos “flexibles“ de Kyoto fueron una falacia desde el principio. En las negociaciones del Protocolo de Kyoto de 1997 la Unión Europea se había pronunciado a favor de límites máximos claros para las emisiones, pero los EEUU y Japón se impusieron. Los principales partidarios del comercio de derechos de emisión fueron BP y Shell, dicho sea de paso.

No debemos olvidar que al final de las arduas negociaciones del Protocolo de Kyoto, el comercio de derechos de emisión fue visto como una solución transitoria que debería ser reemplazada a partir de 2020. Ahora se declara como única opción. Esto no debe quedar así.

La UE instaló un sistema parecido al mismo tiempo. Pero dado que se expidieron demasiados certificados a las empresas, el comercio de derechos de emisión no ha servido como incentivo para inversiones en tecnologías con emisiones menores o libres de emisiones de CO2. Así, los precios para una tonelada de CO2 deberían estar entre 20 y 30 euros. A mediados de noviembre de 2015 el precio está en 8 euros.

Pero lo que es aún peor: estudios para el año 2012 muestran que la mayor parte del comercio con certificados de emisión fue realizado por inversores financieros que comercian por motivos de ganancia. Estos inversores sacan mayores beneficios en la compraventa si hay grandes fluctuaciones. Y no tienen un interés directo en la reducción de emisiones de CO2. El sistema, sin embargo, se basa precisamente en que no sólo haya precios bastante elevados, si no que éstos también sean estables y las empresas puedan planificar.

Los otros dos llamados “mecanismos flexibles” del Protocolo de Kyoto permiten a los contaminadores en los países industriales liberarse de los esfuerzos en política climática invirtiendo en otros países del Norte Global o del Sur Global. A esto se le llama “aplicación conjunta” o “mecanismos de desarrollo limpio”. De cara a los países en desarrollo esto es descaradamente imperial, porque los proyectos climáticos a menudo están en contra de los intereses de la población local. Es por ello que en muchos lugares han surgido resistencias locales. El investigador de política climática Achim Brunnengräber habla con mayor precisión de “comercio moderno de indulgencias”, porque las empresas más ricas y poderosas del Norte pueden seguir contaminando gracias a que apoyan proyectos muchas veces dudosos en otras partes.

Lo último en política climática internacional, las “contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional” (en inglés INDC, a mediados de diciembre todos conoceremos el término), es una nueva ronda de voluntariedad no vinculante. Lo que significa “voluntariedad” lo podemos ver actualmente en Alemania el escándalo relacionado con Volkswagen.

Desde un punto de vista político no se trata de negociar eternamente límites máximos, si no de terminar con métodos de producción destructivos.

Por eso hay que constatar: el comercio de derechos de emisión y los otros dos “mecanismos flexibles” cementan con su lógica neoliberal el sistema económico basado en fuentes de energía fósiles (y nucleares). Las alternativas están siendo bloqueadas. Mientras en la política climática existan mecanismos flexibles y presuntamente conformes al mercado, estará asegurada ante todo una cosa: el poder de las empresas mineras, de los grupos energéticos e industriales así como de los gobiernos que los sostienen.

Una reforma fundamental de la economía energética y de la economía en general no debe ser sometida a los intereses de actores con poder de mercado. Los éxitos reales en política climática y contra el cambio climático como la “Ley de promoción de las energías renovables” en Alemania fueron implementados contra la resistencia inicial de la industria.

El abandono de la energía del carbón en la agenda política en Alemania necesita un debate político concreto en Alemania. Por eso son importantes los debates críticos públicos y los movimientos locales de resistencia contra las iniciativas de fracturación hidráulica o la construcción de centrales térmicas de carbón. El movimiento “Ende Gelände” (Terreno Final) a favor del cese de la extracción y explotación de carbón se está perfilando como el sucesor legítimo del movimiento antinuclear.

Y existen muchas iniciativas que ya hoy viven un modelo de prosperidad diferente: abandonando el automovilismo, los alimentos procedentes de fábricas de carne y de la agricultura industrializada y otras muchas.

Se trata de reconstruir fundamentalmente el modelo de producción y el estilo de vida, se trata de una transformación social y ecológica. Que esta transformación no se haga a expensas de los débiles, si no que se piense en lo social y lo ecológico conjuntamente con las cuestiones de poder y de propiedad es el punto de inserción específico de la política progresista.

En el ámbito internacional esto significa ofrecer alternativas a medio plazo para los países cuyas economías se basan en la extracción y venta de petróleo, gas y carbón. Se trata por lo tanto de una economía mundial ecológica y solidaria.

 

Traducción del alemán: Olivia van Riesen

 

Véase también “Big Business Emissionshandel” de 2013 – http://www.rosalux.de/kapitalismusalternativen/nachrichten/nachricht/publication/39355/big-business-emissionshandel.html


Catedrático de Política Internacional en la Universidad de Viena