En la discusión sobre la tramitación de la glosa de gratuidad en la Ley de Presupuesto, dos han sido las críticas más extendidas por parte de los Rectores de Universidades Privadas, quienes incluso han llegado a señalar que el CRUCH constituye un verdadero cartel, parecido a las organizaciones de narcotraficantes colombianos que hoy vuelven a aparecer en la palestra debido a sendas producciones televisivas.

Mi propósito en esta columna es demostrar lo contrario a través de ésta discusión, es decir, que los verdaderos carteles de la Educación Superior (ESUP) chilena son muchas Universidades Privadas que, en medio de una discusión nacional sobre la Reforma a la ESUP, se resisten a ceder posiciones en el sistema educacional.

Vamos a las críticas anteriormente señaladas.

La primera crítica formulada por algunos Rectores es respecto a la extensión de la gratuidad, reclamando que no cubra a todas las Universidades y Centros de Formación Técnica. Esto, alegan, constituye una discriminación, ya que deja a un gran número de estudiantes vulnerables fuera de este beneficio debido a “criterios arbitrarios” que, además, escapan a lo que, según su perspectiva, debiese ser lo fundamental a la hora de asignar recursos: la decisión individual de cada estudiante sobre el plantel en el cual desea estudiar.

La segunda crítica es sobre la redistribución del 50% de los fondos que componen el llamado Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que se reparte entre las instituciones de acuerdo a la cantidad de estudiantes que reciben de los 27.500 mejores puntajes PSU. Ese dinero pasaría a ser utilizado en el convenio marco con las Ues estatales, fondos basales para el G9 y un tercer fondo para las privadas no CRUCH que adscriban a la gratuidad.

La primera crítica es una trampa. Pareciera ser bien intencionada, poniendo en el centro los intereses de los estudiantes, particularmente los de los más vulnerables. Sin embargo, este argumento es la negación misma de una posibilidad de reforma real que rompa la segregación existente en la educación superior chilena. Si el Estado decidiera financiar a los estudiantes, independiente de la institución en la que se educan (que en la mayoría de los casos no es la que eligen, sino a la que pueden ingresar), el sistema no tendría mayores cambios en su ordenamiento general, ya que se mantendrían las mismas instituciones hoy existentes, ahora pagadas por el Estado y no por las familias. Sería, entonces, la consagración de un modelo segregado, con Universidades para ricos y Universidades para pobres.

En la segunda crítica, referida al AFI, la cuestión es más evidente. La asignación de recursos mediante estos fondos es abiertamente elitista, toda vez que los mejores puntajes provienen, mayoritariamente, de colegios privados y luego se concentran en Universidades del CRUCH o en las Universidades Privadas de élite. Las primeras no se verían afectadas por la disminución del AFI (seguirían recibiendo la mayor parte de estos recursos, ya que la intención, justificada, es fortalecer estas instituciones), las segundas, en cambio, dejarían de recibir este dinero. Este último grupo de Universidades ha señalado que es ilegítimo que se les arrebaten fondos que obtenían por su “calidad académica”. En paralelo a eso, han sido majaderas en señalar que no aceptarán condiciones fijadas por el Estado que “pongan en duda su autonomía” (esto en relación a la gratuidad, pero el argumento es extensible a cualquier fondo estatal). Es decir, abogan por mantener recursos estatales para hacer lo que a ellos les plazca. En otras palabras, que no sea la sociedad la que democráticamente decida que hacer con dicho dinero, que es de todos los chilenos, sino que, en cambio, lo haga la élite dueña de esas Universidades (“célebres” empresarios y congregaciones eclesiásticas).

¿Qué tienen en común ambas críticas, desde sectores de Universidades Privadas distintos (unas que concentran matrícula de los quintiles más bajos, otras que reciben a la élite)? La respuesta es bastante clara: no apuntan a generar una reforma que sea beneficiosa para la sociedad en su conjunto, sino que una favorable para las arcas de sus instituciones, y, en no pocos casos,  para los bolsillos de sostenedores que esquivan la legislación que prohíbe el lucro en las Universidades. Y tal como los carteles, sino les dan “plata” y los dejan tranquilos, te dan “plomo”, claro que esta vez no en forma de matanzas masivas, sino que en una fuerte ofensiva comunicacional.

Si el Gobierno pretende impulsar una verdadera reforma en la Educación Superior chilena, no puede ceder ante estos sectores. Por el contrario,  el error hoy ha estado en que no se los ha enfrentado con la suficiente fuerza.

Para ello, es necesario abrir la discusión de fondo y poner la prioridad en el fortalecimiento de las Universidades Estatales, con un plan estratégico de crecimiento de la matrícula, de tal manera de que éstas instituciones vuelvan a ser una alternativa para las mayoría de los estudiantes, lo que va en la línea de lo que los jóvenes chilenos hoy anhelan. Un modelo que incluya a todos, no uno que perpetué la segregación.

 

 


Senador Universidad de Chile. Militante socialista