Nueva arista en caso Caval: Fiscal Toledo investiga nexos políticos en cambio de uso de suelo

El caso Caval tiene una nueva arista. Esto por el fiscal regional de O’Higgins, Luis Toledo, investida los eventuales nexos políticos que habría usado en 2014, Juan Díaz, para gestionar el cambio de uso de suelo en el Plan Regulador Intercomunal de Rancagua. 

Cabe destacar que la modificación nunca se concretó. Pero la medida, iba en beneficio de los terrenos que estaba vendiendo la sociedad de Natalia Compagnon, nuera de la presidenta Michelle Bachelet, y su socio Mauricio Valero.

Según consigna El Mercurio, esta nueva arista se gestó mientras la investigación estaba en manos del fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes.

En tanto, el abogado defensor de la arquitecta Cynthia Ross, Mario Vargas, solicitó que le tomen declaración a Andrés Santander (PS), quien se desempeñaba como director ejecutivo del Fosis y hace unas semanas prestó declaración ante el OS-9 de Carabineros en calidad de testigo.

La idea detrás de esta declaración apuntaba a indagar una posible relación entre Santander y Díaz, ex militante de la UDI. Esto principalmente para saber si tomaron contacto entre abril y septiembre de 2014 «con el objetivo de solicitar colaboración para la tramitación al PRIR y para que la modificación sea solo para la conturbación Rancagua-Machalí». 

Además, la información detalla que Días, asesor del síndico Herman Chadwick Larraín, quién lo contrató para ayudar en el cambio de suelo de los terrenos, por lo que se pagaron $415 millones, se habría jactado de sus nexos con Santander y habría dicho que lo contactaría para que ayudara en la modificación.

Fuentes consultadas por el diario señalan que en una reunión el año pasado, en donde estaban Díaz, Ross y el ex jefe de la Dirección de Obras de Machalí, Jorge Silva, se propuso conversar con la entonces intendenta de la VI Región, Morin Contreras (PS), quien renunció a su cargo en julio pasado.

En el contacto con la ex autoridad se habría querido concretar con la ayuda de Santander y la idea era que el cambio al PRIR quedara afuera de la comuna de San Francisco de Mostazal, que tenía problemas ambientales y concretarse en la conurbación Rancagua-Machalí.

El rol de COntreras era importante, ya que de ella dependía el Consejo Regional (Core) que es el que aprueba los planes reguladores, previamente acordados por las municipalidades.