Avisos Legales
Opinión

Los vicios de «San Fondecyt» y su necesaria reforma

Por: Jorge Pavez | Publicado: 02.12.2015
El gobierno chileno «ha elegido la ignorancia», al no hacerse cargo de formular e implementar una política de desarrollo científico que responda a las necesidades del país, y no se deje a la deriva de los mercados del «capitalismo académico».

En pocas semanas más se conocerán los resultados del concurso Fondecyt Regular 2015, principal herramienta pública de fomento a la investigación científica básica en Chile. Existe una fuerte incertidumbre respecto a estos resultados, porque los otros concursos complementarios a este (Posdoctorado y Fondecyt de Iniciación) han mostrado este año no estar respondiendo a las demandas y necesidades crecientes de la comunidad científica nacional. Como han señalado las diversas organizaciones que claman por una renovada política científica en Chile (Mas Ciencia para Chile, Ciencia Con Contrato, Asociación Nacional de Investigadores en Posgrados), el gobierno chileno «ha elegido la ignorancia», al no hacerse cargo de formular e implementar una política de desarrollo científico que responda a las necesidades del país, y no se deje a la deriva de los mercados del «capitalismo académico». En relación a los instrumentos de fomento, y especialmente Fondecyt, se han evidenciado una serie de problemas e incoherencias tanto de la política como de la gestión científica. He aquí algunos ejemplos que he podido conocer como becario, investigador Fondecyt y ex miembro de un Grupo de Estudios Fondecyt:

– Los becarios de posgrado son obligados a firmar clausulas de retorno sin tener asegurado un empleo, lo que los condenan a residir en Chile como cesantes ilustrados.

– Las universidades privadas con recursos ofrecen contratos a los ganadores de proyectos para que se cambien de institución o de categoría de concurso por secretaría una vez aprobados los proyectos.

– Las prácticas irregulares de los Grupos de Estudio, que tienen la prerrogativa para designar a los evaluadores y también para desechar evaluaciones que consideran mal intencionadas (prejuiciosas, ideológicas, etc.): beneficiar a ciertos investigadores «connotados» con menos de tres evaluaciones, reemplazar evaluaciones negativas para ciertos proyectos y aceptar evaluaciones mal intencionadas en otros, de manera que los investigadores reconocidos siempre compiten con cierto favoritismo respecto a otros investigadores menos conocidos.

– La participación en los concursos de los mismos investigadores que son miembros de los Grupos de Estudio, los que formalmente no participan de la evaluación de sus propios proyectos, pero que gozan de cierta «protección» de parte del Grupo (es cosa de ver el porcentaje altisimo de proyectos aprobados para los miembros de Grupos de Estudio).

– El cierre de un proyecto está condicionado a la publicación de un artículo indexado, lo que genera una serie de presiones a los editores científicos de revistas chilenas indexadas para priorizar la publicación de un artículo que permita el cierre de un proyecto, editores que a veces forman también parte de los Grupos de Estudio.

– El peso del curriculum de los investigadores avanzados suelen dejar atrás los buenos proyectos de investigadores no tan avanzados, no existiendo como en Fondart una categoría diferente de postulantes «consagrados».

– El anonimato de los evaluadores favorece prácticas de favoritismo o inversamente predisposiciones negativas hacia los proyectos y los investigadores concursantes.

– Los recursos no aumentan y la cantidad de concursantes aumentan a un ritmo exponencial al de los programas de posgrados nacionales y las Becas Chile otorgadas para estudios en el extranjero. La tasa de aprobación de proyectos en relación a los presentados a los concursos se está así cayendo al suelo.

El concurso Fondecyt es el instrumento más antiguo de fomento científico en Chile. Las antiguas generaciones de investigadores, que han realizado su trabajo durante décadas al alero de este programa, se refieren a él como «San Fondecyt», lo que ilustra su percepción de cierta irracionalidad y excepcionalismo milagroso del instrumento, que parece operar como una «mano invisible» dentro de una caja negra  donde se favorecen y benefician aleatoriamente ciertas investigaciones sin que sea posible un completo escrutinio público y una total transparencia de sus procedimientos. Suena bastante contradictorio que un sistema de fomento a la ciencia, donde debiera primar una cierta racionalidad, sea concebido como una institución religiosa, cuyas formas de decisión sean inescrutables para los miembros de la comunidad. Si algún investigador es favorecido por un concurso, se sentirá suficientemente en deuda como para no cuestionar los procedimientos, y cuando no es favorecido, sus reclamos no llegarán muy lejos y se consolará pensando en morigerar su crítica para tener una próxima oportunidad de ganar. Creo indispensable implementar ciertas reformas al instrumento, de manera a avanzar hacia la democratización de los órganos científicos y de las políticas de la ciencia, y al mismo tiempo proceder a una mayor profesionalización de la gestión del fomento científico.

La gestión de los concursos de proyectos se realiza por disciplinas, representadas por Grupos de Estudios, los que responden a consejeros que forman parte de un Consejo Superior, el que tiene la palabra final sobre los veredictos de cada concurso. A pesar de su rol decisivo, no existen mecanismos de participación de la comunidad científica en el nombramiento y composición del Consejo Superior y de los Grupos de Estudio. El sistema esta requiriendo con urgencia una mayor transparencia en la definición de los miembros de ambos órganos colegiados, y que sus miembros sean elegidos por los pares científicos y no simplemente por los poderes instituidos burocráticamente. Una manera de conformarlos participativamente sería que estos fueran propuestos y electos por sufragio de los investigadores nacionales, las unidades académicas, y los gremios profesionales y académicos. Esto permitiría, además de transparentar la elección de los miembros de estos grupos de trabajo, darle una mayor representatividad disciplinaria, temática, institucional y territorial a la composición de estos grupos.

Al mismo tiempo que se conformen participativamente estos Grupos de Estudio y Consejo, es necesario ampliar las funciones y prerrogativas de los Grupos de Estudio. Hoy día la tarea de estos grupos se limita a la gestión de las evaluaciones de los proyectos y la asignación de puntajes curriculares. Sería positivo para el desarrollo de las ciencias básicas que estos grupos tengan instrumentos para promover líneas de investigación, tuvieran conocimiento de los presupuestos asignados a cada grupos de manera a que puedan preseleccionar proyectos en función de sus costos, dentro de un rango mínimo de excelencia, para optar por la mayor cantidad de proyectos (y no como ocurre hoy que unos pocos proyectos muy caros agoten los recursos disponibles para una área científica). De esta manera, se podrían lograr financiar más cantidad de proyectos excelentes. Esto iría junto con una reflexión de cada Grupo de Estudio respecto a las líneas de investigación que se quiere fomentar o las que se estarían saturando, o evitar que ciertos investigadores con excelente currículo obtengan nuevos financiamientos para proyectos ya realizados o de proyección muy limitada, como ocurre actualmente.

Es importante que Fondecyt, como principal programa de fomento a la investigación básica, pueda apoyar proyectos inter o transdisciplinarios, es decir, que no estén concebidos disciplinariamente y cuyos resultados requieran de colaboración entre diferentes disciplinas científicas. Hoy en día, esta posibilidad está abierta pero tiene forzadamente que inscribirse en el Grupo de Estudio de una disciplina, por lo que queda a criterio de los Grupos de Estudios y sus evaluadores la valoración de la interdisciplinariedad, siendo algunos Grupos disciplinarios muy reacios a los enfoques interdisciplinarios. Hoy en día, la experiencia mundial muestra la importancia de dar oportunidades a proyectos concebidos trans, inter o multidisciplinariamente, creando por ejemplo algunos grupos de estudio temáticos y ya no disciplinarios (por ejemplo, estudios de género, estudios étnicos, estudios migratorios, estudios urbanos, etc.).

Foto: Agencia Uno

Foto: Agencia Uno

Es indispensable concebir una mayor vinculación del sistema de financiamiento de becas de posgrado (Becas Chile) con la investigación científica (Conicyt). Los subsidios de los que se disponen hoy en los proyectos no permiten asegurar la sostenibilidad de la investigación de los tesistas (a pesar de su aumento en el último año, los montos concursables equivalen como máximo a cinco meses de beca de mantención, sin considerar aranceles, para la realización de tesis doctorales que pueden tomar hasta cuatro años de duración, o de tesis de magister que toman al menos un año de elaboración; esto obviamente afecta la posibilidad de dedicación completa de los tesistas a sus tesis, en el marco de los proyectos). Por otra parte, las becas Conicyt o Becas Chile no están vinculadas a proyectos de investigación en curso por parte de los investigadores de los programas de posgrado. Esto afecta tanto los resultados de las investigaciones que requieren de tesistas en condiciones de terminar sus tesis, como los procesos de formación de estudiantes de posgrado, que requieren un marco de investigación avanzada para desarrollar sus propios trabajos. Es necesario que los proyectos puedan disponer de varias becas de estudios de posgrado en el país (becas que incluyan aranceles y mantención del estudiante como las becas Chile o Conicyt) para ofrecer a estudiantes de posgrado que busquen insertarse en proyectos de investigación más amplios.

Por la endémica falta de recursos presupuestarios de Conicyt, se ha debilitado el seguimiento académico de los proyectos FONDECYT, especialmente el de los informes parciales (por etapa), que hoy se realiza sólo al 10% de los proyectos. Esto afecta negativamente la calidad de los proyectos, ya que al no ser evaluados en sus diferentes etapas, pueden llegar a término con grandes falencias, en un momento donde los errores o debilidades son muy difíciles de corregir. Finalmente, todo el sistema de evaluación de resultados se ha reducido a publicar un artículo indexado en ISI-Thompson (sistema privado norteamericano de indexación de publicaciones científicas), lo cual genera una presión adicional a los editores de revistas chilenas indexadas, cuando no un desatado tráfico de influencias. Es importante para fomentar la calidad de los proyectos, realizar un seguimiento mayor, enfocando al seguimiento temático de cada proyecto. Esto supone un importante trabajo de evaluación, lo cual implica aumentar los recursos humanos (y financieros) destinados a esta tarea.

Las tareas de evaluación y seguimiento de proyectos deberían ser valorizadas como trabajo profesional, por lo que es importante implementar una remuneración a los evaluadores externos de los proyectos, y aumentar las remuneraciones de los miembros de los Grupos de Estudio, que actúan en la gestión y seguimiento de los proyectos. De esta manera, se podría también suspender la participación de los miembros de los Grupos de Estudio en los concursos de proyectos, mientras sean miembros de esos grupos (y dejar así de ser juez y parte en los concursos). Esto por supuesto en el marco de transparencia y participación propuesto en el punto (1). La profesionalización de las tareas de evaluación y seguimiento académico a la investigación científica permitirá un mayor compromiso de los miembros de los Grupos de Estudio, una mayor dedicación horaria a sus exigentes tareas y también un mayor nivel de exigencia y apoyo a los procesos de investigación. Tratándose de tareas profesionales, no se puede seguir considerando como voluntariado o como un «deber moral» de los investigadores el participar en estos procesos de evaluación (como ocurre hoy cuando FONDECYT exige la participación como evaluador a cualquier investigador que haya obtenido el financiamiento de un proyecto, como si el investigador estuviera en deuda con el Estado por haber tenido los méritos de ganar un concurso…). Esta lógica se contradice con el hecho que los proyectos ganan concursos por sus cualidades intrínsecas, que son producto del trabajo, esfuerzo y dedicación de los investigadores. La remuneración a los evaluadores debería incluso permitir que estos dejen de ser anónimos y sean parte de un registro público, lo que sanearía muchos de los conflictos, suspicacias, resquemores y aprensiones, que se dan entre miembros de las comunidades científicas.

Es necesario un rol más decidido de Conicyt en la divulgación de la ciencia. Se ha avanzado en pedir a los proyectos que asuman tareas de difusión de sus resultados, pero esto sin ningún apoyo específico de la institucionalidad, y sin que exista en Chile fomento a profesionales de la divulgación científica, políticas de medios de comunicación, apoyo a redes, etc., es decir, un programa que ayude a los investigadores a presentar sus resultados a públicos no expertos. Hoy en día, los investigadores deben asumir todo el proceso de difusión, además de la engorrosa administración de sus proyectos, las investigaciones mismas, las tareas de docencia exigidas en sus unidades académicas, etc. Para darle sentido público a la investigación básica, ya no basta con el Programa Explora (que también es concursable) sino que se requiere de un programa complementario a Fondecyt, que apoye la difusión científica, la formación de divulgadores científicos, las redes con las comunidades escolares, los medios de comunicación, las editoriales académicas, etc.

Las propuestas aquí formuladas están orientadas a la paulatina transformación de las lógicas de los instrumentos de fomento a la investigación básica. Sin embargo, a mediano plazo, junto con la reforma estructural del sistema de educación superior, es necesario desarrollar un sistema nacional de investigación donde el Estado se haga cargo del financiamiento de la carrera de investigador científico como una profesión académica especializada, diferenciada de la docencia aunque obligatoriamente articulada con esta a través de los programas de posgrado orientados a la investigación. Al asumir este rol, se podría pensar en un nuevo trato entre el Estado y las universidades, donde el primero se haga cargo de financiar la actividad investigativa de los académicos de estas últimas, complementando así los aranceles de la gratuidad de la educación que solo alcanza a financiar las horas docentes de estos mismos académicos investigadores.

Jorge Pavez