Políticos, académicos y vinculados al caso afirman que la ilegalidad en la que incurrió José Antonio Gómez, ex ministro de Justicia y actual jefe de Defensa, responde a una movida política.
Desde que asumió el ex ministro de Justicia y actual jefe de Defensa, José Antonio Gómez, se negó a firmar una serie de decretos de liberación de presos que obtuvieron la rebaja de su pena por parte de la comisión de rebaja pertinente. ¿La razón? Según Gómez, estos no cumplían con los requisitos necesarios.
Los hechos le valieron al ministerio una denuncia, interpuesta el pasado 24 de noviembre por la ONG Leasur, por mantener en prisión injusta a más de 500 personas entre marzo de 2014 y marzo de 2015. Independiente de que la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema exigieron la liberación inmediata de los afectados y dejaron claro que el Ministerio de Justicia no tenía la facultad para revisar los dictámenes de la comisión, existen indicios de que las razones que tenía Gómez para no firmar iban más allá de lo que declaró en ese minuto.
Desde el inicio de su mandato, José Antonio Gómez se caracterizó por estar a la cabeza de la llamada lucha contra la delincuencia. Durante su jefatura ingresó al Congreso, en enero de este año, el plan de seguridad del gobierno, al cual se le dio urgencia en junio. El proyecto, conocido como agenda corta antidelincuencia, endurece los castigos para los delitos de robo, hurto y receptación (ser cómplice de un delito), además incluye el control de identidad preventivo y pena de cárcel para robo en lugar habitado. A lo anterior se sumó el Plan Antiportonazos que entregó Carabineros y la PDI a mediados de año.
Durante la cuenta pública del ministerio de Justicia, el 10 de abril de este año, Gómez habló del aumento de la planta de Carabineros y la PDI, el aumento en 10 mil plazas de la infraestructura penitenciaria, un mayor poder del Ministerio Público y mejoramiento en persecución penal de delitos de robo, hurto y receptación, que son los que, en palabras del entonces ministro, causan mayor sensación de inseguridad.
“El reincidente, el que es profesional de la delincuencia, aquel que entra y sale y roba, aquel que entra y sale y vuelve a robar, no va a salir, va a quedar preso (…). O asumo la responsabilidad de que tiene que estar preso, y hacer el esfuerzo para que se rehabilite dentro de nuestras condiciones, o lo dejo libre para que le siga robando a todo el mundo. Por lo menos nosotros tomamos la decisión de que va a quedar preso y vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que se rehabilite (…). Creemos que con eso le vamos a poner freno a esta rotación de delitos de alta connotación pública que son los robos”, declaró José Antonio Gómez en dicho acto, según consigna una nota de la página web del gobierno. La nota se titula «La seguridad pública, como objetivo de gobierno, acaparó la Cuenta Pública del Ministerio de Justicia”.
Las medidas que adoptó el gobierno para hacerle frente a la sensación de inseguridad de la ciudadanía –que, ya está comprobado por los últimos resultados de la encuesta Adimark, no se condice con la tasa de victimización real-, estos temas fueron criticados por el cientista político Carlos Huneeus en un reportaje publicado por eldesconcierto.cl. “Son decisiones en función de lo que la gente quiere y no en función del bien común. Medidas que responden a presiones de sectores de la población”, afirmó.
Estas medidas son tildadas como populismo penal por la abogada experta en criminología y directora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana (CESC) del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Olga Espinoza. «El populismo penal es un concepto que se asocia al mayor endurecimiento de las penas para dejar en la cárcel a un contingente alto de personas, más allá de preocuparse por su efectiva reinserción social», explica en conversación con eldesconcierto.cl.
Espinoza asegura que habría que verificar las razones que tuvo Gómez para no firmar antes de tachar su actuar como populismo penal: «Hay que ver si fue sólo para mejorar los criterios de evaluación de estas personas o si fue para retenerlos por un mayor período. No puedo asegurar que su postura tuvo intencionalidad de populismo penal, pero definitivamente las medidas que está determinando el gobierno para tratar la inseguridad tienen esta tendencia de populismo penal». «Todas las autoridades vinculadas a sector penitenciario siempre están permeadas por un temor de entregar un beneficio a alguien que pueda ser reincidente,que pueda cometer un nuevo delito», añade.
Otros consultados por nuestro medio -políticos, personas vinculadas al caso o al mismo ministerio de Justicia- creen que la decisión del ex ministro de Justicia tiene componentes de populismo penal.
«Si uno escudriña en las razones, una de las hipótesis es que hay una maniobra política para tratar de instalar la idea que de que este gobierno sí trabó la «puerta giratoria», a diferencia del gobierno de Piñera, que entregó equis indultos. Eso, además de incorrecto, es inaceptable y se requiere establecer una responsabilidad política y administrativa por esta falta grave», dice el diputado Gabriel Boric a eldesconcierto.cl.
“Gómez se negó a firmar los decretos básicamente porque estaba recién asumido como ministro y él no quería que se dijera que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se le estaba dando libertad a los delincuentes. Esa fue la motivación básica”, afirma un abogado de la Defensoría Penitenciaria que ya ejercía en ese tiempo y que prefiere ocultar su nombre. Según él, dicha información era comentada por abogados de Gendarmería en los pasillos de los Tribunales. “Fue una política de Estado buscar resquicios legales para liberar los menos presos posibles”, añade a eldesconcierto.cl.
El diputado Gabriel Boric coincide. «La actuación del ministro Gómez es inaceptable; no tenía derecho a mantener a esos reclusos más tiempo. Si uno escudriña en las razones, una de las hipótesis es que hay una maniobra política para tratar de instalar la idea que de que este gobierno sí trabó la «puerta giratoria», a diferencia del gobierno de Piñera, que entregó equis indultos. Eso, además de incorrecto, es inaceptable y se requiere establecer una responsabilidad política y administrativa por esta falta grave», dice a eldesconcierto.cl.
En conversación con eldesconcierto.cl, el diputado Hugo Gutiérrez (PC) dice que le parece un hecho «gravísimo». «Sobre todo si viene de un ministerio de Justicia, que su preocupación debe ser la reinserción de las personas privadas de libertad, no la del ministerio del Interior de generar mayor seguridad ciudadana. Ese populismo penal hasta el día de hoy había sido muy propio del ministerio del interior», añade. “Fue un error tomarse esto como una cruzada personal y además fuera de la ley”, suma Manuel Henríquez, presidente de la Confraternidad de Familiares y Amigos de Presos Comunes (Confapreco), a las palabras de Gutiérrez.
El diputado Arturo Squella (UDI), miembro de la comisión de seguridad ciudadana de la Cámara, está de acuerdo con la idea de revisión de Gómez, sin embargo reconoce que se saltó la ley. «No tengo ninguna duda de que, de manera oblicua a la ley, estaba evitando la crítica, porque la opinión pública lo único que quiere es que estas personas estén presas y eso repercute al Ejecutivo. La ola de creciente temor, quizás potenciado por la libertad de algunas personas emblemáticas que estaban en la cárcel, pueden haber afectado», afirma.
El 16 de diciembre de 2013, justo un día después de que se proclamara a Michelle Bachelet como la candidata ganadora en las elecciones presidenciales, salió en libertad Claudio Spiniak. Había sido detenido en 2003 y luego condenado a doce años de prisión por abusos sexuales contra cinco menores de edad, promoción de la prostitución y producción de pornografía infantil. Su libertad estaba prevista para octubre de 2015, pero por mantener una conducta sobresaliente durante su presidio y demostrar intenciones de rehabilitarse, el empresario obtuvo una rebaja de condena por un total de 21 meses.
Pese a las críticas por dejar antes en libertad a un violador, la entonces ministra de Justicia, Patricia Pérez, dijo que la decisión le correspondía solamente a la Comisión de rebaja de condena. “La comisión ya adoptó una determinación, ésta es independiente del Ejecutivo y no tenemos atribuciones para modificarla. Nosotros la recibimos y damos cumplimiento a la ley a través de un decreto”, aseguró a fines de noviembre de 2013.
Una vez firmado el decreto de liberación, Claudio Spiniak abandonó la cárcel de alta seguridad. Desde ese momento voces políticas, académicos y ONGs relacionadas con la infancia comenzaron a hacer ruido criticando duramente la libertad anticipada del abusador.
El día de la liberación la ONG No más abuso infantil en Chile se hizo presente con pancartas. La líder de la agrupación y madre de una menor abusada, Claudia Guerrero, declaró que la salida de Spiniak se debía a que “las leyes chilenas están mal hechas y los jueces y fiscales están vendidos” y prometió averiguar dónde estaba Spiniak para funarlo de por vida.
“Esta ley fue diseñada para favorecer la reinserción social en otros delitos, pero se debió hacer una excepción seria y técnicamente sustentada en proteger a la sociedad de quienes han atentado contra niños y adolescentes. Lo que pasa con Spiniak es una señal de lo que ha pasado antes, ahora y de algo que seguirá pasando en el futuro”, afirmó entonces el abogado Hernán Fernández, especialista en Derecho de Infancia y Familia, según consigna Terra.
Por su parte, la ex diputada Mónica Zalaquett (UDI) estuvo en desacuerdo con la salida anticipada de Claudio Spiniak. “Los delitos que cometen personas como Claudio Spiniak y cualquier otro, no debiera contemplar las rebajas a las penas por mas buen comportamiento que tenga. Lamento mucho esta situación, creo que debemos ser claros en las señales que se dan a la sociedad”, dijo en ese momento. Además planteó una ley que estipulara la prohibición de rebajas para delitos de abuso infantil.
Según las indagatorias de nuestro medio, este antecedente habría influido en el actuar del ministerio de Justicia. “Tiene que ver con la exposición política que implicó haber dejado a una persona que estaba cumpliendo condena en libertad”, concluye una de las personas consultadas.
El ex ministro de Justicia José Antonio Gómez, que actualmente encabeza la cartera de Defensa, fue contactado por el desconcierto.cl pero declinó dar declaraciones respecto a los hechos.
