Chile se mantiene en la lista de vigilancia prioritaria en 2015. Estados Unidos sigue teniendo graves preocupaciones con respecto a cuestiones de derechos de propiedad intelectual de muchos años bajo el Tratado de Libre comercio entre Estados Unidos y Chile”.

La preocupación expresada en la cita, sacada del Special Report 301 de 2015 de la Oficina Representante Comercial de Estados Unidos -que identifica las barreras de mercado con ciertos países por problemas con derechos de propiedad intelectual-,  se debe a una serie de temas pendientes en Chile en esta materia. Uno de ellos es un viejo conocido: el convenio Upov 91 -que amplía el sistema de derechos intelectuales sobre las semillas y sus derivados y trae una serie de limitantes en cuanto a que los pequeños agricultores puedan guardar semillas e intercambiarlas-, aún no logra ser ratificado a pesar de haber sido aprobado en 2011 en el Congreso.

El Upov 91 aún no consigue la otra aprobación necesaria para ser ratificado: la Ley de Obtentores Vegetales, más conocida como Monsanto.

Lucía Sepúlveda, dirigenta de Rap-al Chile que también ha dado la lucha contra la Ley Monsanto desde sus inicios y actualmente es parte de la secretaría ejecutiva de Chile Mejor Sin TPP, cuestiona la aprobación que tuvo el Upov 91 en el Congreso: “Se aprobó entre gallos y media noche sin que nadie supiera nada cuando lo lógico habría sido que primero se discutiera la ley nacional de derechos de la semilla”.

La Ley Monsanto no ha corrido la misma suerte y, con la presión de los movimientos sociales, la Presidenta Michelle Bachelet retiró el proyecto en 2014 prometiendo una revisión. Revisión que, un año y medio después de la promesa, aún no llega.

Pero Estados Unidos no puede esperar más y hoy encuentra una oportunidad para resolver el problema: El Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP por sus siglas en ingles.

Según filtró Wikileaks, en el artículo QQ.A.8 del capítulo de propiedad intelectual del TPP se especifica que “cada parte deberá ratificar o acceder a cada uno de los siguientes acuerdos” y entre ellos sale explícito en tercer lugar el Upov 91: “International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (1991) (UPOV Convention)”.

“Fue un balde de agua fría”, dice Millaray Painemal, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indigenas (Anamuri). La dirigenta explica que han realizado talleres explicando los alcances del TPP y su relación con el Upov 91 y la Ley Monsanto. “Cuando nosotros les hablamos de esto hay mucha gente que lo encuentra inconcebible. Nos dicen ‘¿cómo es posible que nuestras aguas estén privatizadas en este país, y ahora las semillas?’ “, asegura.

Lucía Sepúlveda, por su parte, opina que el gobierno ha intentado bajarle el perfil al asunto. “Nos han dicho ‘pero si esto no es nada nuevo, para qué se preocupan’. Obviamente nos preocupamos porque, entre otras cosas, esto incorpora un sistema de resolución de disputas y controversias en que si tú no cumples lo que te pide el Tratado, te llevan a un tribunal de comercio internacional fuera del país”.

Ante toda esta disputa cabe preguntarse, ¿en qué está la Ley Monsanto?

El diálogo de un año y medio sin consulta indígena

monsanto

Desde el ministerio de Agricultura no se quisieron referir al tema, argumentando que no darán declaraciones mientras estén en el proceso de conversación con distintos actores para una revisión de la Ley Monsanto -proceso que, con pausas, viene desde mediados de 2014-. Más de un año de silencio al respecto.

El actual ministro de Agricultura, Carlos Furche, fue crítico al TPP durante el gobierno de Sebastián Piñera. En 2013 la ONG Derechos Digitales le pidió un estudio sobre el tema, que derivó en el texto”Chile y las negociaciones del TPP: Análisis del impacto económico y político”, en el cual se cuestionaban los beneficios de este acuerdo.

“Se lo encargamos como consultor independiente. El estudio demostraba que era muy poco lo que Chile tenía que ganar. Cabe destacar que no hay ningún estudio que haya encargado el gobierno de Chile en estos más de 5 años de negociación del TPP que indique cuánto es lo que Chile va a ganar, en términos de PIB por ejemplo, con este tratado”, dice Claudio Ruiz, director ejecutivo de la ONG Derechos Digitales.

Carlos Furche, ministro de Agricultura que en 2013 cuestionó el TPP

Carlos Furche, ministro de Agricultura que en 2013 cuestionó el TPP

El texto dice: “El argumento de que los cambios que se solicitan en áreas como ‘Propiedad Intelectual’ o ‘Movimiento de Capitales’ serían una necesidad para potenciar la innovación requerida para nuestro desarrollo, no encuentra fundamento en la realidad y se desconocen análisis que justifiquen una afirmación de esa índole. Por el contrario, estas nuevas exigencias parecen ir en la dirección contraria de las necesidades del país”.

Postura que dio un amplio giro una vez que Furche asumió en el ministerio, ya que ha dado diversas entrevistas apoyando el tratado. En diciembre de 2014 la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), dependiente del ministerio, elaboró un estudio que se mostraba favorable a la Ley Monsanto.

En el diálogo que ha mantenido el ministerio de Agricultura aún no se contempla la consulta indígena (como la establece el Convenio 169 de la OIT) que, según ha señalado el mismo ministro, debería tomar como máximo unos 125 días hábiles. Pensando en que el TPP se firmará en febrero, si se llegara a consultar a la comunidad indígena sobre este punto, ya se vería acotado el plazo.

Para el senador José García Ruminot (RN), miembro de la comisión de Agricultura del Senado, la consulta no tendría por qué hacerse: “Upov 91 es un convenio internacional y es una ley de carácter general, no afecta solamente a comunidades indígenas o pequeños campesinos de pueblos originarios. Cuando las leyes son de carácter general tengo la impresión de que no se requiere consulta indígena“.

Postura similar tuvo el Tribunal Constitucional en 2011, cuando rechazó los recursos presentados por 21 parlamentarios en contra del convenio.

En su tierra, Millaray Painemal ha sido testigo de cómo hay empresas canadienses pagándole a miembros de su comunidad por usar sus terrenos para experimentos. Para ella es imperioso que haya una consulta: “Acá están pasando a llevar un convenio internacional que está ratificado, no se ha hecho un proceso de consulta previa libre e informado”.

Sepúlveda, por su parte, señala que hoy está enfocada en la discusión sobre TPP y que no conoce cuándo vencerá el plazo de consultas del ministerio. De todas formas, raya la cancha desde ya: “Ellos han dicho que buscan un consenso. Consenso no van a tener de una ley que de paso a promulgar el Upov 91”.

En las comunidades sigue la lucha por la no aprobación de este tratado, que obliga a suscribir un convenio, que a su vez necesita la aprobación de una ley contra la que se vienen manifestando desde 2008.

Painemal hace una reflexión final: “Esto no es un tema económico, sino es un tema de reciprocidad, de solidaridad, de intercambiar. El dinero no lo es todo en la vida, tenemos que recuperar esas formas ancestrales. Por eso a mi me molesta mucho cuando este gobierno habla de todo el mundo de emprendedores y como que a todo el mundo le han metido esto  de generar dinero. Está bien, pero no solamente la gente vive del dinero, sino que también de otras prácticas solidarias que todavía se ven. Por algo nos llamamos comunidades, por algo nos llamamos pueblo, por algo nos llamamos que somos gente de la tierra”.