Lo que está en juego en el debate por la despenalización del aborto en tres causales muy restrictivas es la prolongación de una discusión que pone en disputa el derecho a decidir de las mujeres. En especial, aquella que se da sobre la causal por violación, que involucra de manera decisiva la autonomía y dignidad de las mujeres.

Ya en la primera sesión de la Comisión de Salud, la ministra de SERNAM Claudia Pascual desarrolló al menos tres ejes argumentativos: uno, relativo a la “protección del bienestar de la mujer”, otro sobre la “regulación de los plazos permitidos para el aborto”, y por último, lo referido a garantizar “que el Estado no cometa una nueva vulneración de los derechos de las mujeres que han sido víctimas de una violación, como ocurre al obligarlas a asumir las consecuencias de ese delito”.

Protección, regulación y garantía se configuran como pilares de un programa cuyo objetivo fundamental es la promoción de “políticas destinadas a reforzar la autonomía de las mujeres”. En el marco del proyecto de ley, y en especial en la causal por violación, la afirmación en la autonomía de las mujeres es confusa. De aprobarse, el derecho a decidir frente a la interrupción de un embarazo garantizaría la autonomía de las mujeres, regulando sólo entre un 3% a 5% de los abortos que ocurren anualmente. Si esto es efectivo, la promoción de la autonomía de la mujer beneficiaría a una minoría, lo que puede ser leído como una forma de discriminación. Se promoverá la autonomía, pero sólo para algunas.

Para continuar, tomaremos las declaraciones de dos parlamentarias que se expresaron por la tercera causal luego de la votación. Ambas provienen de corrientes políticas antagónicas pero situadas en el mismo terreno de poder. Así, no es extrañar  que se presenten en códigos similares respecto de la representación de  las mujeres pero con direccionalidades distintas.

Por un lado, la diputada Marisol Turres (UDI) señala que “la dignidad de una mujer no se pierde por una violación, es una mujer que necesita amor y acompañamiento antes de ese aborto, no después de ese aborto”. Su argumento se direcciona hacia la condición de vulnerabilidad de una mujer, condición usada frecuentemente en el debate por aquellos contrarios a la liberalización y a la violación como experiencia sin registro corporal, como una experiencia más, como un hecho que no vulnera la dignidad de una mujer o niña, como un hecho que no modifica la trayectoria de vida. Un hecho sin historia,  suspendido y neutralizado en el silencio que se tiñe “de amor y acompañamiento”.

Por otro lado, la diputada Maya Fernández señaló que “este no es un proyecto que obliga (…). La mujer violada hoy ha sido torturada (…) hoy las mujeres están penalizadas y las que hoy deciden abortar están abandonadas, están solas”. A diferencia del argumento anterior este discurso refleja cuerpo. La violación como tortura tiene memoria, tiene historia. Está contextualizada. Con todo, la apelación a la “victimización” y la noción de abandono, estereotipan la experiencia de aborto y a las mujeres.

El debate respecto de la causal violación perfila una representación de las mujeres y las niñas como sujetos subordinados. Sin duda, el actual proyecto de ley busca revertir esta situación a través de la promoción de la autonomía, pero debemos ser conscientes de que no basta sólo con reformas, esto será un gesto vacío si no avanzamos en generar un cotidiano donde las mujeres tengamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos.

La violación es una violencia de género, en la que el Estado y sus agentes tienen una responsabilidad ineludible. La violación es un acto de discriminación hacia las mujeres; causa y consecuencia de la desigualdad entre los sexos y de la discriminación basada en género. La violencia contra las mujeres, incluida la violencia sexual es una cuestión de derechos humanos, vinculados a la vida, la salud, la libertad, la integridad física; a estar libre de torturas y de tratos crueles inhumanos y degradantes.

Parece casi redundante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concibe la violencia sexual  como  un tipo de violencia que “supone una intromisión en la vida sexual que, además de anular el derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales, conlleva la completa pérdida del control sobre las decisiones más personales e íntimas y sobre las funciones corporales básicas”

La violación es una amenaza para las mujeres y limita seriamente sus capacidades para ser libres, al tiempo que refuerza la posición de sometimiento. Por ello la decisión de continuar o no un embarazo producto de una violación es una decisión personal e intransferible: una decisión que debe ser garantizada a las mujeres por parte del Estado.

La decisión es intransferible como el cuerpo mismo es intransferible en la constitución de la identidad y de la persona. Al no reconocer el derecho de la mujer de decidir libremente si continuar o no un embarazo producto de una violación, se está perpetuando la  violencia ejercida sobre ella, lo que constituye trato cruel e inhumano sin respetar su dignidad, integridad y autonomía.

La dignidad no es un concepto abstracto, y si bien puede entenderse como una abstracción y una construcción social, su importancia radica justamente en la posibilidad concreta de que cada persona acceda y ejerza los derechos propios en una sociedad democrática, contando con los elementos para una vida plena.

En este sentido, la transgresión a la dignidad deja huella reales en los cuerpos de las mujeres. Cada una trabajará en una autonomía que el Estado y la comunidad pueda proteger, pero de la que nunca dispondrá para sus propios fines. Este trabajo sobre sí misma, sobre la propia huella de la violencia que se ejerce es, quizás, el fundamento ético de la autonomía que deberíamos defender, y que generaciones de transgresoras mujeres han reivindicado.


Anita Peña Saavedra y Lieta Vivaldi

Abogada, estudiante Doctorado en Sociología, Universidad de Londres y Anita Peña, Administradora Pública, Magister en estudios de género