Se aprueba proyecto de 1.700 torres de alta tensión entre Atacama y Santiago

750 kilómetros de torres de alta tensión atravesarían por la costa las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso hasta llegar a la Metropolitana. Se trata del proyecto Cardones-Polpaico, a cargo de la empresa Interchile S.A., que implica una inversión de mil millones de dólares y un trazado eléctrico de 753 kilómetros para transportar energía a la capital y así «fortalecer el Sistema de transmisión Troncal del Sistema Interconectado Central (SIC)».

Después de casi dos años de tramitación, ayer el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio luz verde para que se inicie la construcción  través de la Resolución de Calificación Ambiental. «Cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable» y propone «medidas de mitigación y compensación adecuadas a tales efectos», indica la resolución.

La decisión no sorprendió mucho a los opositores de la iniciativa, en parte porque cuenta con la venia del Gobierno. Fue en la Cena Anual de Energía del año pasado cuando, en presencia de la presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Energía Máximo Pacheco, el gobierno tildó el proyecto como «prioritario» para satisfacer la creciente demanda de electricidad en Chile.

La senadora por Valparaíso, Lily Pérez (Amplitud) afirmó que la aprobación era «absolutamente predecible dado el blindaje que entregó el Gobierno a este proyecto desde el primer día, un proyecto que jamás tuvo el Gobierno el interés de realizar ni la voluntad de hacer ningún cambio, una modificación sustantiva», según consigna El Mercurio de Valparaíso. Pérez asegura que el proyecto, que implica la instalación de 1.700 torres de 45 a 70 metros de altura, podría haber sido menos invasivo.

Joel Godoy, líder del movimiento No a las Torres de Catapilco, dice en El Observador que las torres «son verdaderos edificios de fierro que destruirán el paisaje» y pasarían por un bosque protegido.

A estas voces opositoras se suma el alcalde de Limache, Daniel Morales, que consideró la resolución como una «bofetada a la comunidad» que «deja en evidencia el apoyo que la institucionalidad ambiental le ha dado para su rápida aprobación».

Todos coinciden en que seguirán dando la pelea para que no se lleve a cabo el proyecto que, a pesar de contar con la resolución, puede recibir reclamos a través de Tribunales de Justicia y ante el Comité de Ministros.