Violencia en los estadios y ciudades: El largo manto de una cultura de impunidad

Lo ocurrido el domingo en el estadio de Playa Ancha y en la ciudad de Valparaíso no es nuevo. Lamentablemente. Una mirada incluso superficial a la historia reciente da cuenta de numerosas ocasiones en que la violencia de grupos descontrolados identificados con los colores de un club deportivo, dejan inscrita, en campos deportivos y ciudades, una huella de sangre y una fútil cadena de acusaciones, lamentos y desconcierto.

Los protagonistas de este tipo de sucesos son grupos de individuos cuya identificación con los colores de su club parece total. Tatuajes corporales, ropa y todo tipo de objetos, llevan la marca y los colores de su club. El último resultado y el próximo encuentro ocupan el centro de sus pensamientos y muchas de sus acciones están orientadas a conseguir los recursos para asistir al campo de fútbol a apoyar a su equipo. Forman grupos con gran solidaridad interna y la lealtad entre sus integrantes está directamente relacionada con los colores y símbolos del equipo.

En todo proceso de formación y fortalecimiento de la identidad, la presencia del ‘otro’ es un requisito ineludible. El reconocimiento de la identidad se consigue en la comparación con el ‘otro’, en la constatación de que el ‘otro’ existe. En consecuencia, la fortaleza de la identificación no depende de los éxitos o fracasos deportivos. Cabe recordar que la historia de la humanidad provee numerosos ejemplos de pueblos enteros que fueron arrasados por el enemigo, pero sus señas de identidad permanecen intactas durante siglos.

Pertenecer a un grupo rompe la orfandad del individuo y asegura su inserción social. Pero ¿cómo se pasa de la simple inserción social a la identificación casi total con los símbolos de un club deportivo, un ente que no es el grupo mismo? ¿Cómo ha llegado a ocurrir en Chile la transformación del hincha en una persona capaz de arriesgar su vida y/o llegar al crimen en virtud de la lealtad a su club? Los seguidores de cualquier club de fútbol que cuenten su edad por más de 4 décadas, recordarán que siempre hubo rivalidad, pero les costará encontrar ejemplos de casos en los que la violencia de los hinchas desbordara los marcos de la competencia deportiva.

En Chile, las llamadas barras bravas, tienen su origen en los primeros años del periodo que conocemos como “transición a la democracia”. Durante la dictadura que encabezó Pinochet, la violencia ocupó prácticamente todos los escenarios públicos. Sin embargo, no fue protagonista de las actividades deportivas en los estadios. La violencia la ejercían los aparatos represivos del Estado, y era contestada en las calles por opositores al régimen, portadores de una opción política que buscaba poner fin al régimen dictatorial. Amplias masas de jóvenes de distintos estratos sociales se identificaron con la lucha antidictatorial.

Pero este fenómeno de identificación política se debilitó fuertemente en los primeros años de la transición. En ese debilitamiento pesaron diversos factores, como el fraccionamiento de algunas organizaciones políticas de izquierda, el colapso de la URSS y la fuerte autocrítica de influyentes militantes de los partidos y organizaciones que formaron parte del proceso político que desembocó en el golpe de septiembre de 1973. Los años 90 se iniciaron en un contexto que ponía en duda todas las certezas que habían permitido labrar esas identidades que dieron vida a miles de jóvenes en todo Chile. Llegó a tal punto la falta de certezas y se generó tal variedad de interpretaciones acerca del nuevo escenario, que llegó a decirse en privado que “estábamos mejor con Pinochet”.

Pero fue la proclamación de la doctrina de “en la medida de lo posible”, lo que golpeó más duramente la fortaleza de las identidades políticas y culturales que se habían construido en la década anterior. La dureza del golpe se explica por el doble impacto que tiene en la práctica política que se desarrolla en Chile a partir de ese momento.

En primer lugar, la justicia en la medida de lo posible abrió de par en par la continuidad de la impunidad de la que gozaron durante años los violadores de los derechos humanos. Esa impunidad estaba reconocida de manera oficial por el Gobierno que prometió la llegada de la alegría. El referente que movilizó políticamente a una gran mayoría de ciudadanos con la esperanza de construir entre todos una patria justa y buena, se transformaba en un sujeto ajeno, con el que no cabía seguir identificándose. Para colmo, no había alternativa: o se apoyaba a este referente vacío de su significado original, o se caía en manos de los herederos del dictador.

La decepción fue general. Muchos de los crímenes más deleznables de la dictadura permanecieron años sin castigo. El saqueo de las empresas del Estado quedó impune. La eventual condena del hijo del dictador dio origen a amenazantes ejercicios de enlace y a rocambolescas explicaciones por parte del gobierno. El propio dictador fue rescatado por sus antiguos enemigos, con el insólito pretexto de que debía ser juzgado aquí.

No sólo eso. Pronto se empezó a conocer que el saqueo de los recursos públicos continuaba. Pero ahora, eran personas ligadas al Gobierno de la Concertación. La democracia no terminaba de llegar y la política de los acuerdos entre los que hasta hacía poco eran enemigos, dejó a miles de ciudadanos huérfanos de expectativas políticas, huérfanos de ilusiones, huérfanos de referentes con los que identificarse. Los más jóvenes se quedaron sin ejemplos de compromiso colectivo en los que creer.

En segundo lugar, la política de “en la medida de lo posible”, fortaleció el modelo económico heredado de la dictadura y agudizó la dinámica de exclusión social. Así, amplios sectores socioeconómicos fueron golpeados por las dos caras de la injusticia. Una, que negaba la aspiración de ver castigados a los culpables de las miserias y desgracias de 17 años de dictadura, y aquella que negaba el acceso a un nivel de vida digno. Otra, la insultante impunidad de los poderosos que, vestida de lujo, invitó a la transgresión como forma de hacerse justicia “en la medida de lo posible”.

De esta manera, los beneficios que se pueden obtener con la actividad delictiva son puestos en un extremo de la balanza, y en el otro extremo se ponen los riesgos. Si se llega a pertenecer a una banda exitosa, los beneficios serán mucho más atractivos que los riesgos. Si se cae en desgracia, la banda protege a la familia, a cambio del silencio. La lealtad es el precio de la pertenencia y la principal seña de identidad. En la situación de orfandad existencial, afectiva y económica que viven miles de jóvenes, pertenecer a un grupo que brinda protección, que puede garantizar la impunidad de los delitos que se cometan en su nombre, es, sin duda alguna, un fuerte incentivo para actuar con total lealtad.

La impunidad brindada a los poderosos actúa como provocación. Curiosamente, las barras bravas no suelen contar a sus miembros entre los que cumplen condena. Los ciudadanos observan con rabia y decepción las noticias que dan cuenta de algunos detenidos que en poco tiempo recuperan su libertad. Así, la impunidad es sinónimo de poder: para nadie es un misterio que las “barras bravas” son financiadas y amparadas por los mismos poderosos que lucran con la actividad deportiva.

Las “barras bravas” son el producto de nuestra historia reciente. Una historia en la que unos cuantos han mercantilizado la actividad deportiva, han privatizado la seguridad en los estadios, y, lo más importante, han lucrado con la privatización de las transmisiones de televisión. La lógica mercantilista del modelo de explotación de los negocios deportivos se resume en lo siguiente: mientras menos gente vaya a los estadios, más abonados en las cadenas privadas que tienen la exclusividad de las transmisiones.

Este es el mar de fondo en el que se mueve la historia de las barras bravas. Una historia que sigue marcada por la carencia de horizontes de mayor riqueza de la identidad personal: no puede ser que la única seña de identidad de una persona sea ser hincha de un club deportivo. Hay muchas señas de identidad posibles. Se puede ser hincha, sin duda, pero al mismo tiempo se es miembro de una familia, de un grupo cultural, de una organización política, de un barrio o de una ciudad.

Esta historia ha sido, en gran parte, el producto del crimen más ominoso que haya podido cometer esa generación de dirigentes políticos que ha preferido el acuerdo vergonzoso al desacuerdo digno, la negociación fraudulenta a la participación de los ciudadanos. Esa generación ha condenado a miles de compatriotas a llevar unas vidas sin ilusión ni trascendencia. Todo ello en la más absoluta impunidad, porque el delito que han cometido no tiene por ahora otra pena que el juicio de la historia.