Es un hecho que la implementación de la gratuidad 2016 tendrá damnificados. Ante ese escenario, el gobierno está definiendo qué estudiantes quedarán fuera del beneficio que anunció la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo pasado. En medio de esta incertidumbre, ayer en La Moneda se realizó un comité político, y la única certeza, era que 140 mil estudiantes matriculados en las universidades del Consejo de Rectores (Cruch) sí ingresarán al beneficio.

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, estuvo presente en la cita junto a los presidentes de partido, los ministros políticos y la titular de Educación, y afirmó que “nosotros siempre hemos dicho que contamos con herramientas que nos permiten dar comienzo a la gratuidad en las univrsidades del Cruch, diría que ese es el piso con el que partimos. Eso nos permite cumplir al menos con el objetivo de que 140 mil jóvenes puedan acceder a la gratuidad”.

Según informa La Tercera, la herramienta que menciona Díaz tiene que ver con que por ley, las instituciones del Cruch pueden recibir recursos mediante convenio marco en el caso de las Ues. estatales; y aportes basales por desempeño, para las privadas tradicionales.

El beneficio apuntaba a 220 mil estudiantes, con esto, en el gobierno tienen que decidir cómo distribuyen los recursos de los 60 mil alumnos que ya no podrán ser beneficiados. En esa fórmula es la que trabajan los equipos técnicos y las opciones dejarían fuera a las universidades privadas que no pertenecen al Cruch.

La diputada del PC y ex dirigenta estudiantil, Camila Vallejo, dijo que la sentencia del Tribunal Constitucional elimina los tres requisitos que le exigía a las instituciones privadas fuera del Cruch para acceder a la gratuidad, lo que hace la glosa “impracticable”. Esto porque “al eliminar los requisitos, (el TC) plantea entonces que toda institución ingrese (a la gratuidad), independientemente de si está acreditada, si lucra o no, o si garantiza derechos fundamentales de los jóvenes en participación. No hay ningún tipo de requisito y ante eso el Estado se vería obligado a destinar más recursos que no hay”.

Con este escenario, la fórmula con más fuerza es entregar fondos basales al Cruch para que sean las propias instituciones las que dejen de cobrar a los estudiantes y aumentar el financiamiento a los alumnos de CFT e IP a través de la beca Nuevo Milenio. “Después del fallo del TC lo único que se podría aplicar son becas que no son gratuidad, porque están condicionadas con otros criterios de discriminación”, agregó Vallejo.

Para el senador del PS, Carlos Montes, “es perfectamente posible llegar a un acuerdo con algunas universidades en términos de que dejen de cobrarle a los alumnos a cambio de ciertos recursos para su funcionamiento y también se puede que en el caso de los CFT e IP haya una solución legal”.

En tanto, el también PS Fulvio Rossi, miembro de la Comisión de Educación del Senado, pese a estimar que la opción de fondos basales para el Cruch y becas para otras instituciones “tiene mucho sentido“, también dijo que “choca con el concepto que tengo de gratuidad”. Por esto se inclina por una opción de ley corta, logrando un acuerdo con la Alianza para establecer otra fórmula de aplicar el beneficio, sin considerar becas.

En tanto, desde Chile Vamos anunciaron que hoy entregarán formalmente una propuesta al gobierno. A las 8.30 se reunirán con la ministra de Educación, Adriana Delpiano y ahí le entregarán un documento. Según explicó el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, la base de la propuesta es que “se tome en cuenta la vulnerabilidad de los estudiantes y la calidad de la institución”.

Uno de los problemas de la iniciativa de la oposición es que apunta a bajar el umbral de vulnerabilidad del 50% de las familias de menores ingresos al 35% o 40%. Pero esta alternativa estaría descartada, según algunos asistentes al comité político, ya que cuando se planteó esta idea -que fue respaldada por el timonel del PPD y su par del PS- el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, habría dicho que no es una opción.