El inicio de la gratuidad para el 2016 tiene nuevas aristas. Esta vez, el gobierno decidió sacrificar a tres universidades estatales, dejándolas sin el beneficio, para sumar a planteles privados. De paso, se reafirma una educación estatal segregada. Ayer, los ministros de Hacienda, Rodrigo Valdés; de Segpres, Nicolás Eyzaguirre y Segebog, Marcelo Díaz fueron al Congreso para dar a conocer una nueva propuesta a todas las bancadas de la Nueva Mayoría y representantes de la Alianza. De este modo, buscan poner en marcha la política que anunció la Presidenta Michelle Bachelet el 21 de mayo pasado.

Según informa La Tercera, la fórmula implica el envío de una ley corta para modificar la glosa de gratuidad, declarada inconstitucional, permitiendo que todas las universidades que tengan más de cuatro años de acreditación puedan optar al beneficio para sus estudiantes de los cinco primeros deciles. Una medida dolorosa para el Ejecutivo, ya que tres planteles estatales quedarían fuera: la U. de Los Lagos, U. Tecnológica Metropolitana (Utem), y la U. Arturo Prat; todas con sólo tres años de certificación.

De acuerdo a la versión de un parlamentario que participó de las reuniones, el ministro Díaz habría agregado que la acreditación también dependerá del requisito de no tener en sus directores a personas que participen en instituciones con fines de lucro. Además, la publicación asegura que el principal mensaje del vocero de Gobierno fue alcanzar un acuerdo transversal para evitar nuevos errores legales.

De este modo, enviarían el lunes la ley al Congreso, una vez conocidos los argumentos del fallo del Tribunal Constitucional. Así, sería aprobada a más tardar el miércoles 23 de diciembre. Aquí es donde entran los ministros Díaz, Eyzaguirre y Valdés, quiénes realizaron un lobby potente para convencer a parlamentarios del oficialismo que no estaban dispuestos a abrir la gratuidad a planteles privados fuera del Cruch y menos dejar fuera a tres universidades estatales.

El senador Fulvio Rossi es uno de los que respalda la iniciativa del gobierno: “Lo óptimo sería una ley corta que permita incluir instituciones del Cruch junto a otras universidades privadas acreditadas y mejorar becas de CFT e IP”.

La fórmula que ayer promovió el gobierno en el Congreso no contemplaría modificar el umbral de beneficiarios, manteniéndolo en los estudiantes de los cinco primeros deciles de ingresos.

Otra de las modificaciones que requeriría la glosa para concretar esta propuesta es modificar el plazo para que las instituciones manifiesten si se sumarán o no la gratuidad, lo que en la Ley de Presupuestos está fijado para el 22 de diciembre, pero la ley corta se aprobaría un día después.