De acuerdo al Coeficiente de Gini, estadístico creado para dimensionar y comparar la brecha entre ricos y pobres en los diversos países, Chile es el miembro de la OCDE con mayor nivel de desigualdad: los ingresos del 10% más rico son 26 veces más altos que los del 10% más pobre en nuestro país. México es el único país de dicha organización donde la desigualdad, medida con este indicador, es mayor. Y si bien ha habido progresos en la reducción de dicha brecha durante los últimos diez años, en lo sustancial este abismo entre privilegiados y desposeídos sigue dando vértigo, si se compara con otros países de la región (Argentina, Colombia, Perú, entre otros). Lo relevante es que Chile –con un coeficiente de 0.51, situado en el lugar 141° de un total de 160 países listados– se encontraría dentro de la zona potencial de conflictividad social, a partir del índice 0.4, y no demasiado lejos del índice 0.7, que anunciaría la emergencia de graves estallidos sociales… y esto no lo dice algún profeta apocalíptico y delirante de la izquierda, sino los circunspectos tecnócratas de la Organización de Naciones Unidas.

Partimos con estos áridos números para contextualizar la cara más ingrata del supuesto milagro chileno: esta estampa de país emergente que abandona el desordenado barrio latinoamericano para sentirse más a gusto entre los cultivados socios de la OCDE, pero que bajo la alfombra de su imaginario colectivo esconde la “basura” cuya vista es inconveniente a la luz de esta nueva membresía. Y parte importante de esta mala conciencia, de vergüenza colectiva, de lo no dicho, de lo escondido de mala gana, es la violencia social que de tanto en tanto emerge en nuestra convivencia ciudadana.

Hace un par de semanas, el flamante campeón del fútbol chileno no pudo celebrar su triunfo en Valparaíso como se estila, con vuelta olímpica y enarbolando una copa frente a su hinchada. Por el contrario, debieron festejar ocultos en el túnel, mientras las barras bravas de Colo-Colo y de Santiago Wanderers escenificaban tristemente una guerra tribal sobre la pista de atletismo del estadio.  No faltaron los análisis periodísticos, de sociólogos amateurs y de psicólogos de red social que evocaban el atavismo de las masas y la cultura flaite como variables explicativas.  Se arguye que la violencia es un atributo central e indiscutido del ethos popular, y que como tal debiese ser extirpada del cuerpo social a través de mayor represión y control policial; y ese mismo análisis se hermana con otras miradas que resaltan el aumento de la violencia en los delitos, sobre de aquellos cometidos contra la propiedad –como los “portonazos”–, y en los cuales emerge como actor protagónico el joven urbano-popular, contra el cual se prescriben abordajes puramente penitenciarios, sin detenerse a analizar las raíces de dicha violencia, las cuales podemos hipotetizar como situadas en la violencia simbólica a la que son sometidos grandes segmentos de la sociedad.

El modelo de sociedad construido durante los últimos 35 años se sustenta, entre otros, sobre dos principios omnipresentes: la competencia individual –en sus dos acepciones: competir y ser competente–, y el consumo como definición de la identidad. Como quien escribe esto es un psicólogo, y comunitario por añadidura, nos remitiremos a un análisis delimitado por este saber, dejando otros análisis a los especialistas (pastelero a tus pasteles).

Por una parte, el sujeto popular –y con mayor énfasis, el juvenil– es bombardeado cotidianamente con imágenes que activan el deseo de consumir, sobre todo artículos suntuarios cuyo valor de mercado excede con mucho su valor de uso. La clave de esto reside en que dichos actos de consumo representan, en la psicología de muchos jóvenes urbano-populares, una forma de obtener, aunque sea de modo precario, una especie de identidad revalorizadora en un contexto donde la gran mayoría de los mensajes apuntan a la devaluación de su yo: “No estudias / No trabajas / Consumes sustancias / Eres un delincuente (y si no lo eres, pronto lo serás)”. En este sentido, una camiseta de fútbol oficial, cuyo valor de mercado es prácticamente la octava parte de un salario mínimo, si no más, adquiere valor porque representa una coraza identitaria que confiere a quien la viste un remedo de estatus y prestigio social.

Aquí, la violencia simbólica parte por este ejercicio prácticamente gratuito de invisibilización y “ninguneo” del joven urbano-popular. No se visibiliza su aportación a la construcción de una sociedad, y se le estigmatiza como una amenaza a la convivencia civilizada. Peor aún: para muchos de ellos el estigma comienza en sus barrios, en la comunidad, cuando el mundo adulto le niega acceso a los espacios de deliberación y participación social. No son pocas las ocasiones en que el joven urbano-popular se queja de la ausencia de espacios para la expresión de sus intereses, para el despliegue de su actividad en organizaciones comunitarias que están acaparadas por el mundo adulto. Agreguemos a esto la percepción de los dirigentes comunitarios acerca de la apatía y desinterés de los jóvenes en la participación colectiva, y el diálogo de sordos será perfecto.

La violencia simbólica, que convierte al joven urbano-popular en un eterno sospechoso de múltiples males sociales, lo degrada haciéndolo pasar de ser un actor relevante de la escena social y política (el joven poblador que protagonizó las protestas de mediados de los ochenta) a ser el flaite de la pobla, convidado de piedra de la página policial y polizonte invariablemente expulsado del tren del proyecto-país. Esta violencia se inscribe en el discurso público con la fuerza de un axioma, convirtiéndose casi en un valor cívico. Y ante ella, algunos jóvenes o muchos jóvenes –¿cómo saberlo? – responden en forma visceral, con la llamada violencia social: ahí están los barras bravas inventándose una épica y esgrimiendo orgullosamente una identidad tribal frente al enemigo común; ahí están los jóvenes delincuentes que emplean más violencia de lo necesario en sus acciones; ahí están los encapuchados que se ensañan con un paradero a falta de mejor adversario, pues los verdaderos enemigos suelen estar bastante lejos del alcance de la mano.

El joven urbano-popular, que además sabe perfectamente bien que el sistema educacional que está a su alcance no puede ofrecerle más que una especialización en el duro oficio de patear piedras, no cree en el sistema, y no tiene buenos motivos para hacerlo. La violencia simbólica, que lo marca, lo excluye y lo deja abajo del tren, no le devuelve un autoconcepto integrado, conectado con el proyecto colectivo. Más bien le devuelve imágenes de aislamiento y soledad, que sólo puede disolver con los pequeños espacios de camaradería y fraternidad comunitaria que aún están a su alcance –de allí el gran atractivo que ejerce la barra brava en no pocos de estos jóvenes.  Pero la gran mayoría de las vías de acceso a cualquier cosa llamada éxito personal se construyen a partir de iniciativas individuales, y el valor que suele gobernar estas acciones es la competitividad, lo cual a su vez contribuye a devaluar las formas solidarias de acción en el espacio social y político.

El problema que emerge en este escenario se relaciona con cómo la desigualdad parece condenar de antemano a los jóvenes urbano-populares al fracaso, a ocupar posiciones de tercera y cuarta línea en la acción pública y en el reparto de la riqueza material y simbólica. Ante aquello, la defraudación al sistema y el regirse por una ética acomodaticia y muy personal, que no toma en cuenta los derechos de los demás, gana espacio en las estrategias de sobrevivencia de los jóvenes urbano-populares. Y de allí, el trecho que se recorre para llegar al ejercicio crudo de la violencia social y del vandalismo, es tan corto como cruzar de la vereda de la resignación a la vereda de la rabia y de la explosión social.


Psicólogo y profesor universitario