La comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Corta de gratuidad, que ingresó el Gobierno para garantizar la educación sin costo en la Educación Superior al 50% más vulnerable de los estudiantes.

El proyecto fue modificado, luego de que el Tribunal Constitucional dictaminara como “inconstitucionales” los criterios a través de los cuales se seleccionaba qué instituciones podrían entregar educación gratuita a sus estudiantes.

En ese sentido, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, destacó la aprobación de la ley corta de gratuidad, afirmando que “no es lo que habíamos planteado originalmente, pero es mejor de lo que pensábamos después del fallo del Tribunal Constitucional”.

En conversación con Cooperativa, la titular de la cartera dijo que “estamos en un escenario en que hay un porcentaje menor de alumnos en gratuidad completa, porque se caen los CFT e IP en términos de gratuidad, no por acción del gobierno, sino por consecuencia del fallo del TC y, sin embargo, los recursos van a ir a mejorar las becas hasta el quinto decil, que pasan de $600 mil que estaban, para llegar a $850 mil por alumno”.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado Pepe Auth, dijo que con esta aprobación no se ha hecho distinción entre las universidades privadas que tengan cuatro años de acreditación y que no sean propiedad de una sociedad con fines de lucro. “Al mismo tiempo hemos elevado la beca Nuevo Milenio a miles de estudiantes de la enseñanza técnico superior”, agregó.

El parlamentario lamentó que “el resultado práctico de la objeción presentada por la alianza ante el TC es que han salido de la gratuidad casi 50 mil estudiantes de la enseñanza técnico superior, aunque se les ha mejorado la beca Nuevo Milenio”.

En el caso de los Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales, el proyecto aumenta las becas a $850.000, pero los deja sin gratuidad. Ante esto, el rector del Duoc UC, Ricardo Paredes, dijo que “es algo que de prosperar, sería desafortunado y grave, pues generaría una discriminación que consolida una inconsistencia entre discurso y práctica. Transversalmente los políticos sugieren que la educación técnico profesional es prioritaria, pero en la práctica, le estarían mandando un mensaje opuesto al país: que vaya a una universidad, incluso si ésta tiene menos acreditación que una institución técnico profesional”.

“Quienes apoyen una ley que tenga esas características estarían, de alguna manera, validando la ‘metáfora de los patines’, pues la glosa no les gustaba, entre otras cosas, porque era injusto dejar fuera al 80% de los alumnos de la educación superior técnico profesional. Pues bien, esta idea de ley corta dejaría fuera al 100% de esos alumnos , lo que empareja para abajo”, concluyó.

La protesta de Confech

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se manifestó en el frontis del Tribunal Constitucional en contra del fallo que complica la gratuidad universitaria por considerar arbitrarias y discriminatorias las condiciones de la glosa propuesta por el gobierno.

El vocero de la Confech y presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Antofagasta, Bastián Castro, dijo que “hoy día el escenario es complejo, podemos ver cómo la derecha a través del TC y el gobierno a través de la ley Corta -bajo el alero de la DC- vienen a marcar un precedente frente a la reforma de educación superior, donde viene a primar nuevamente el rol de la privatización y la mercantilización en la educación superior y no lo que el movimiento social ha buscado imponer en ella”.

“Lo que acá nos damos cuenta es que las voluntades de un gobierno y los sectores conservadores del mismo no están con los movimientos sociales y no les interesa a llevar a cabo las claridades que el movimiento ha propuesto para que la educación sufra una transformación en cuanto a las necesidades de lo público en nuestra sociedad”, agregó.