La negociación del Gobierno con la UDI y RN para destrabar ley de gratuidad

Tras la amenaza de la coalición Chile Vamos con volver a recurrir al Tribunal Constitucional acusando que la ley corta de gratuidad implica un trato discriminatorio hacia los estudiantes de ciertas casas de estudio, el gobierno inició un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo que permitiera el avance del proyecto.

A pesar del nuevo acuerdo propuesto, la UDI y RN se abstuvieron en la votación argumentando que necesitaban más tiempo para analizar la propuesta. Así, la incertidumbre sobre un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional se mantiene.

La propuesta pretende mejorar el trato a los Institutos Profesionales (IP) y los Centros de Formación Técnica (CFT), que a ojos de la UDI y RN, y también de ciertos personajes del oficialismo, se están dejando de lado, lo que perjudicaría a los estudiantes de menores recursos.

En lo concreto el nuevo pacto supondría que de aquí a tres años se iguale el trato entre las universidades y estos otros planteles de educación superior. «Los CFT y los IP van a tener acceso a una beca incrementada, muy significativa. No es la gratuidad que originalmente se pensó, especialmente para algunas instituciones que ya tienen una alta acreditación, como el Duoc.  Ahí efectivamente el fallo generó un daño, un daño irreparable, porque ahí no va a haber gratuidad. Ahí va a haber es un sistema de becas que se va a acercar mucho a la totalidad del arancel», afirmó el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, según consigna T13.

La adaptación de la Nueva Mayoría para evitar problemas con el proyecto tiene como antecedente el anterior fallo sobre la gratuidad de parte del Tribunal Constitucional, que la tildó de «discriminatorio y arbitraria» por considerar que los requisitos para las instituciones que se sumarán a la gratuidad son inconstitucionales.

A pesar del nuevo acuerdo propuesto, la UDI y RN se abstuvieron en la votación argumentando que necesitaban más tiempo para analizar la propuesta. Así, la incertidumbre sobre un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional se mantiene. Por mientras, la iniciativa avanza a su tercer trámite, donde la Cámara de Diputados deberá pronunciarse sobre los cambios introducidos en el Senado.