“Son secretos los documentos, testimonios y antecedentes aportados por las víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, creada por decreto supremo Nº 1.040, de 2003, del Ministerio del Interior, en el desarrollo de su cometido”, señala el artículo noveno de la Ley 19.992  que conformó la Comisión Nacional sobre Política y Tortura, conocida como Comisión Valech I.

Según esta Ley, el secreto establecido debía mantenerse en reserva durante un plazo de 50 años, o sea, hasta 2054 “período en que los antecedentes sobre los que recae quedarán bajo custodia del Ministerio del Interior”.

No obstante, el pasado 22 de diciembre, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección y ordenó al Instituto de Derechos Humanos (INDH) entregar los antecedentes solicitados la parte recurrente sobre la calificación de una víctima reconocida por la Comisión Valech.

A través de un fallo unánime la Novena Sala del tribunal de alzada acogió la acción cautelar presentada por Fabiola Esmeralda Valenzuela Valladares, quien exigió al INDH acceder a los antecedentes de calificación de Rosa Valladares Yáñez, víctima de la dictadura y madre de la recurrente.

Este lunes, el INDH decidió no apelar al dictamen del tribunal abriendo paso a la entrega de información a la solicitante.

El fallo de la Corte, junto a la decisión de INDH de no apelar, crea un nuevo precedente en casos de violaciones a los Derechos Humanos y se abre una puerta para que las víctimas de la dictadura y sus familiares puedan acceder a información de la Comisión, que podría entregar detalles vitales para llevar a la justicia a responsables de diversos casos.