En forma totalmente intempestiva, en el más profundo secreto y bajo estrictas medidas de seguridad la Presidenta Bachelet realizó una fugaz visita a la Región de la Araucanía, la única que no había visitado durante su segundo mandato. La que de acuerdo a informaciones posteriores, tenía entre sus objetivos principales reunirse con víctimas del conflicto que afecta a la región.

Pese a ser una visita oficial, el viaje tomó por sorpresa incluso a los periodistas que acostumbran cubrir las actividades de la mandataria, los que de forma totalmente irregular fueron citados a las seis de la mañana a presentarse ante el Grupo 10 de la Fach, en el aeropuerto de Santiago, informándoseles el destino al que arribarían solo cuando estaban al interior del avión y a minutos del despegue.

La crítica ante el mal manejo de este desplazamiento fue generalizada, tanto por parte de los parlamentarios de la región, que fueron avisados recién a mediodía cuando Bachelet ya estaba en la zona y que anunciaron la conformación de una comisión especial para investigar los hechos, como por propio ministro de Interior, quien no formó parte de la comitiva a pesar de ser la autoridad que tiene a su cargo las políticas de seguridad y que había propuesto una visita a la región lo mas pública posible y que se realizara un consejo de gabinete con todos los secretarios de Estado.

El rechazo se hizo sentir también entre las dirigencias indígenas y organizaciones de la sociedad civil, que cuestionaron la parcialidad de su agenda de reuniones y haber desaprovechado la oportunidad para un abordaje más profundo e integral de los factores que están detrás del conflicto.

Para José Aylwin, codirector del Observatorio Ciudadano, “resulta muy difícil entender la lógica de la visita de la Presidenta Bachelet a la Araucanía. Al haberla realizado sin aviso previo, y sin reunirse con el actor más gravitante del que desde el propio estado y los medios de comunicación ha sido conocido como “el conflicto mapuche”, esto es las organizaciones representativas del pueblo mapuche, sino solo con representantes de los sectores que denuncian ser víctimas de la violencia mapuche y sin que su visita haya concluido con compromisos de cambios institucionales o de política pública, la Presidenta ha desaprovechado una oportunidad clave para abordar de manera profunda la situación de tensión interétnica en esta parte del país”, afirmó.

Aylwin agregó que “si bien no se cuestiona el hecho de que la Presidenta se reúna con agricultores y parceleros que han sufrido hechos de violencia, no se entiende por qué en el marco de un conflicto en que el uso abusivo de la fuerza pública ha resultado en innumerables hechos de violencia física en contra de integrantes de comunidades mapuche, no se haya reunido también con ellos para escuchar su visión del conflicto y demandas de justicia”.

Por su parte Ana Llao, consejera electa de CONADI, calificó la visita como “totalmente impresentable. La presidenta vino como una clandestina, a escondidas, con un despliegue de seguridad impresionante que tiene un costo económico enorme e innecesario, que lo pagamos todos. Fue una visita solo por cumplir y poder así decir que vino a la región, supuestamente para ver a las víctimas del conflicto que existe la región, pero no se reunió con ninguna de las comunidades y familias mapuche afectadas por la violencia policial y de particulares, tampoco con la familia Luchsinger. Lo que prueba que la práctica del gobierno es dividir, no solo al pueblo mapuche sino también a otros actores”, sentenció.

Entre los casos de violencia extrema ejercida por la policía contra miembros del Pueblo Mapuche, Llao recordó que “este próximo 03 de enero se cumplen siete años del asesinato de Matías Catrileo por FFEE de Carabineros, precisamente en el primer gobierno de Bachelet donde el estado fue condenado por la Corte Suprema, pero ella no se reunió con sus familiares. Yo siento que la Presidenta perdió la humanidad como persona. Pues cuando uno es mujer, cuando se es madre, la sensibilidad está, pero no es lo que hemos visto en este y otros casos”.

La dirigenta denunció a su vez que “la, se intensificó durante su visita producto de las medidas de seguridad adoptadas, en especial en la zona de Pidima en Ercilla, donde producto de la represión policial fue herido a bala Rodrigo Lienqueo Cayul, de la comunidad Juan Antinao, quien fue internado en el hospital de Victoria”.

Promesas de gobierno

En relación a las promesas de campaña de Michelle Bachelet, José Aylwin destaco que “en su visita a la región la Presidenta ha omitido toda referencia a los compromisos de su programa de gobierno, programa en el que se hablaba de la implementación de una nueva política con un enfoque de derechos, basada en el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos que conciernen a los pueblos indígenas, incluyendo entre estos derechos la tierra y la participación política indígena”.

En la misma línea, Llao apunto que “durante su visita la Presidenta vuelve a decir que el estado está en deuda y que quiere dialogar, pero eso queda solo en el discurso. Ella no cumplió las medidas prioritarias que comprometió para los pueblos indígenas en su programa, es más, retrocedió en un 80% en su cumplimiento. Y el presupuesto asignado es de un 0.3% del global nacional para atender nuevo pueblos. Así está terminando este año de Bachelet, cada día más lejos de la ciudadanía, del movimiento social y de los pueblos indígenas”, señaló.

Por último, la consejera aseguró que “con visitas como estas la Presidenta se burla de la ciudadanía y de todo el pueblo mapuche. Parecía más bien una jefe de campaña. Ella vino a defender y validar el discurso errático del Intendente, que afirma que en la región no hay conflicto, sino solo pobreza y delincuencia, y yo lamento profundamente que existan lagmienes que todavía se sigan prestando para esto”, finalizó.

Derechos indígenas e institucionalidad

En cuanto a derechos indígenas garantizados por tratados internacionales suscritos por Chile, Aylwin añade que la Presidenta “tampoco se ha referido a cómo abordar los conflictos que generan los proyectos de inversión, en particular las plantaciones forestales y los proyectos hidroeléctricos en territorio mapuche, y cómo estos afectan el derecho a definir sus propias prioridades de desarrollo garantizado por el Convenio 169”.

Asimismo, “en su visita la Presidenta no ha recogido el llamado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos le hiciera a inicios de su mandato para convocar a un diálogo profundo con todas las organizaciones representativas del pueblo mapuche que quieran participar para definir en forma conjunta las modificaciones institucionales y de política pública necesarias para hacerle justicia y comenzar a revertir, por esta vía, los conflictos que aquí se viven”, añade Aylwin.

Finalmente, el abogado destaca “que en el contexto del proceso constituyente anunciado por ella hace solo dos meses atrás, en su visita se ha omitido toda referencia a la forma en que el mundo mapuche, hasta ahora excluido de la constitución política, puede participar en él, para lograr los reconocimientos que son tan anhelados”.