“Los abajo firmantes somos militantes y simpatizantes DC de toda la vida. A través de esta carta queremos manifestar nuestra preocupación por el rumbo que está tomando el país bajo el actual gobierno”.

De esta forma inicia la carta “Progresismo sin progreso: ¿El legado de la Nueva Mayoría para Chile?”, firmada por ex dirigentes de la DC y que emplaza al gobierno a hacer una “profunda corrección” en el diseño de sus políticas públicas.

La carta en su cuarto punto manifiesta: “Como la mayoría de los chilenos, no estamos dispuestos a cualquier reforma que pudiera descarrilar el crecimiento y echar por la borda lo ya logrado. No estamos conformes con las que se están implementando, ni en contenidos ni en procedimientos, y hacemos un llamado a reorientar la mirada de quienes en el gobierno han preferido el apresuramiento a la calidad, y el Estado por sobre los organismos intermedios y las personas”.

Luego, apunta a que las reformas responden a “visiones ideológicas”: “La Democracia Cristiana tiene una tradición que nos honra de políticas responsables, bien diseñadas e implementadas sin improvisaciones ni espíritu refundacional. Nuestra tradición es de transformaciones consistentes, sostenidas, incrementales, construidas sobre la base de estudios objetivos y buscando los acuerdos más amplios posibles. Las reformas se medirán por su impacto en el desarrollo de la sociedad en su conjunto y no por la satisfacción de visiones ideológicas o intereses corporativos”.

“Lo que hoy está ofreciendo la Nueva Mayoría es un progresismo sin progreso”, dice, y luego agrega: “Vemos con preocupación que se impone una tendencia que privilegia expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática, sin reconocer el rol subsidiario del Estado, un principio constitutivo de nuestra visión de la sociedad, que ha sido factor fundamental en el desarrollo de nuestro país”.

En su punto 6, se refiere a la gratuidad: “Por esto no podemos concordar con la forma ideológica y liviana con que se han diseñado las políticas de financiamiento de la educación, ni menos con la gratuidad universal en la educación superior que consideramos regresiva”.

Finalmente, la carta cierra: “El PDC debe cumplir el sano rol articulador del encuentro de las mayorías del país, que buscan el desarrollo, la paz y el respeto para todos los ciudadanos. Ese fue el espíritu que primó en los gobiernos de la Concertación”.

Este es el perfil y trayectoria pública de algunos de los firmantes de la carta:

Mariana Aylwin: La ex ministra de Educación y sostenedora de colegiosque se ha opuesto fuertemente a las reformas del gobierno, sobre todo a la educacional, lo que le valió una solicitud de expulsión de la DC por parte de las juventudes del partido. Hace poco, fue de las principales voces junto a la oposición en argumentar que la gratuidad era discriminatoria.

Walter Oliva: Es uno de los nombres más controversiales del listado. El ex vicepresidente de la DC ha lucrado con recursos de la Subvención Escolar Preferencial a través de sus 8 colegios y su consultora ATE (Asistencia Técnica Educativa), Innovación Tres Limitada. Esto además de haber contratado la ATE de su ex esposa, Claudia Peirano, Grupo Educativo Limitada, hecho que le valió a ésta su renuncia como subsecretaria de educación al poco tiempo de ser nombrada por la Presidenta Bachelet en ese cargo. Es de los principales defensores del lucro en la educación.

Guillermo Le Fort: El ex director del FMI y socio principal en Le Fort Economía y Finanzas, que tiene clientes que van desde el mismo FMI hasta Antofagasta Minerals, ya había dicho en La Tercera que el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, tendría que “atajar ‘goles ideológicos’ por iniciativas en los campos laboral, tributario, previsional, educacional, que se alejan de la racionalidad económica”.

Ernesto Tironi: El hermano del sociólogo y lobbysta Eugenio Tironi está relacionado al mundo de la educación a través de las asesorías Master 7. Es ex gerente general de Corfo y embajador de Chile en la ONU en el gobierno de Patricio Aylwin

Álvaro Clarke: Ex subsecretario de Hacienda que también se desempeñó como superintendente de la SVS hasta que fuera cuestionado por su escaso rol fiscalizador en el escándalo Corfo- Inverlink.

Hugo Lavados: El ex ministro de Economía es actualmente el presidente de la AFP Cuprum, investigada por su fusión con Argentum, y rector de la Universidad San Sebastián, investigada por lucro.

José Jiménez: El empresario del sector forestal y concejal por la municipalidad de Yumbel se ha visto involucrado en una investigación por tala de árboles sin respaldo en la misma comuna.

Pedro García: Al ex ministro de Salud hace poco le quitaron un cargo que había ganado vía concurso (para Coordinador del Proyecto El Salvador-Geriátrico) por estar a favor de las concesiones en salud.