El próximo jueves 7 de enero la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer si deja sin efecto la condena de tres años en pena remitida que recibió el histórico líder de la UDI Jovino Novoa en el marco del Caso Penta.

La Fundación Ciudadano Inteligente -parte querellante- apeló a la condena contra Novoa señalando que un juicio abreviado no se justifica dados los delitos y agravantes del caso.

Novoa se ha codeado desde siempre con las altas esferas del poder. Ya sea desde su rol en el gobierno de Pinochet, desde su estudio de abogados -donde compartía con Hernán Errázuriz ex ministro de la dictadura- o como senador de la UDI, Jovino siempre tuvo un rol en la élite chilena. Y en cada caso que fue cuestionado, saltaron varios a defenderlo.

El caso Penta no es la primera vez que el abogado y fundador de la UDI es cuestionado por la justicia y la sociedad chilena. Aunque en todas las ocasiones ha salido ileso.

Su rol en la dictadura: plebiscito del 80 y asesinato de Tucapel Jiménez

Después de haberse exiliado en Buenos Aires durante el gobierno de Salvador Allende, el abogado Jovino Novoa llegó a Chile para asumir la subsecretaría general de gobierno entre 1979 y 1982, plena dictadura militar.

Durante esa época tuvo a su cargo la organización del polémico plebiscito de 1980. Según un reportaje publicado por la revista Punto Final, Novoa llamó a los funcionarios a “colaborar con los alcaldes proporcionando listas de personas confiables para que sean designadas presidentes de mesa, y promover la inscripción de personas de sectores favorables al gobierno para que participen en el sorteo de vocales”.

En esa época se produjo también el asesinato del dirigente sindical de la ANEF Tucapel Jiménez, quien fue asesinado por elementos de la DINE, ligado al Departamento de Organizaciones Civiles. Este último, dependiente de Novoa.

El diputado PPD e hijo del asesinado sindicalista ha denunciado en más de una ocasión la responsabilidad política de Novoa en la muerte de su padre: “En esa subsecretaría estaba la subsecretaría nacional de los gremios, que era dirigida por Valericio Orrego, que tenía a cargo una brigada laboral y esa brigada trabajaba con Álvaro Corbalán (ex jefe de la CNI). Ellos se encargaban de espiar a los dirigentes sindicales y fueron los que le hicieron el espionaje a mi padre. Por lo tanto, tienen una directa responsabilidad en todo lo que fue la parte anterior al crimen, cuando se amedrentó y se le hizo un espionaje feroz a todo lo que hacía mi padre. Ahí faltan muchas responsabilidades. Son personas que siguen actuando en política y que ni siquiera han tenido el castigo social que en otros países como Argentina sí lo han tenido”.

Aunque fue llamado a declarar por el caso, nunca se le consideró algún grado de culpabilidad en el asesinato. Ya de vuelta en democracia, Novoa dijo que no tenían nada de qué sentirse arrepentidos o avergonzados porque “la participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos”.

Jovino y la prensa: codeándose con la élite

“El show mediático no ha respetado la presunción de inocencia”, dijo criticando la forma en cómo la Fiscalía había llevado el caso Penta.

Algo sabe Jovino Novoa de la prensa: estando en la subsecretaría de gobierno durante la dictadura, le correspondió ejercer el control sobre los medios de comunicación (nombramiento de directores y ejecutivos de TVN y La Nación), la censura ejercida por la Dinacos (División de Comunicación Social) y la política comunicacional de la dictadura.

Y apenas salió del Ejecutivo, recaló en El Mercurio como jefe de servicios informativos, un cargo en el que dependía directamente del dueño del holding Agustín Edwards. Como consigna la periodista María Olivia Monckeberg en su libro “Los magnates de la prensa”, entre 1982 y 1983 quebraron más de 1200 empresas producto de la crisis económica e incluso algunos grupos económicos fueron intervenidos. Pero con El Mercurio fue todo lo contrario. Sus finanzas fueron salvadas gracias al crédito de 53 millones de dólares entregados por el Banco del Estado. Una de las tareas de Novoa fue precisamente sanear las cuentas del grupo controlado por Edwards, desde donde tenía llegada directa al círculo íntimo de Pinochet.

Y a fines de 1983, Jovino dio luz verde al despido masivo de más de 100 trabajadores de El Mercurio, sospechosos de tener algún grado de disidencia con el régimen.

Años después, Novoa sería -junto a otros políticos de la Alianza y la Concertación, además de empresarios- parte del Consejo Editorial de La Tercera.

/ Agencia Uno

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Su caída: caso Penta

Aunque se declaró inocente a las primeras acusaciones en su contra -“yo jamás he participado de ningún financiamiento que no esté de acuerdo a la ley y jamás he actuado en forma ilegal en mi vida”, dijo a La Tercera- las investigaciones confirmaron que Novoa ejercía el rol de “repartidor” de las platas que llegaban a la UDI por parte del grupo Penta.

El 2 de diciembre fue condenado a tres años de pena remitida, suspensión legal de cargo y oficio público durante el tiempo de condena, pago de multa equivalente al 50% de los impuestos defraudados y pago de 5 Unidades Tributarias Anuales. Aunque el jueves se sabrá si se revierte la condena y así se inicia un juicio no abreviado que lo pueda condenar a una pena mayor, el fiscal Carlos Gajardo y manifestó que la pena “está en línea con las sentencias de nuestros tribunales y creemos que no hay ninguna otra posibilidad que no sea confirmar la sentencia”.