En junio de 2010, el entonces ministro del Interior del gobierno de Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, viajó a Nueva York para reunirse con ex el alcalde de esa ciudad, Rudolph Giulani. El motivo de la audiencia: conversar de diversos temas relacionados con seguridad ciudadana y la aplicación, en la urbe neoyorkina, de la política pública conocida como “Tolerancia Cero”, de la cual Giuliani fue impulsor. La admiración de la autoridad chilena hacia esta fórmula no se disimuló, considerándola abiertamente un ejemplo a seguir en el combate a la delincuencia común a nivel local. En términos concretos, la aplicación de esta estrategia dio “manga ancha” a la policía estadounidense para perseguir agresivamente violaciones menores a la ley -como orinar en la calle, por ejemplo-, permitiendo al policía parar al infractor(a), revisarlo(a) e interrogarlo(a). La aplicación de este criterio arrojó como cifras el arresto, en dos años, de 45 mil personas como “sospechosos” y 37 mil detenciones “sin motivo justificable”, bajo un enfoque claramente discriminador, prejuicioso, clasista y racista. En efecto, el 80% de los jóvenes negros y latinos de Nueva York, muchos de ellos en situación empobrecida, fueron arrestados o registrados al menos una vez, durante procedimientos que repetidamente resultaron abusivos, prepotentes y que en más de alguna ocasión terminaron en golpizas o incluso baleos con resultado de muerte, como es posible comprobar gracias a grabaciones efectuadas por testigos de algunos de estos hechos. Y en la impunidad total, dado el marco legal que avala y perpetúa este tipo de situaciones.

Lo anterior ha motivado las observaciones de expertos y analistas sociales, quienes han hecho notar que en la mayoría de los casos, o en un porcentaje importante de los mismos, los operativos aplicados por la policía de Nueva York se concentraron en los llamados homeless o “sin techo”, o personas que ejercían labores como artistas callejeros, vendedores ambulantes, etc. El concepto de “ley y el orden” aplicado a partir de la premisa de que los sectores pobres y marginales son la base del delito, fomentando el surgimiento de un sistema represor policial-penal que criminaliza la miseria, abriendo espacio para el uso excesivo, desproporcionado, descriteriado, de la fuerza. Un modelo de seguridad pública made in USA que nuestro país, como principal sucursal estratégica estadounidense en Latinoamérica, parece estar adoptando de acuerdo a diversas señales. Las analogías que se podrían hacer con Chile son evidentes, en especial luego de ver de qué manera es abordado el tema de la seguridad pública no tan sólo en términos de castigar los delitos menores (comercio ambulante, por ejemplo), sino también en su extensión hacia la criminalización de la protesta como derecho social básico de las personas.

El 21 de mayo del año pasado, el estudiante Rodrigo Avilés fue impactado violentamente por un chorro de agua lanzado en su contra a escasos metros por un guanaco de Carabineros, a raíz de lo cual azotó su cabeza en contra del pavimento, quedando con riesgo vital y problemas motrices tras su recuperación. El hecho contravino absolutamente los protocolos internos de la institución en cuanto la forma establecida de operar en escenarios de ese tipo, generando en primera instancia respuestas alejadas de la verdad, la que recién vino a ser reconocida luego de las imágenes captadas por un dron y que fueron emitidas por TVN. De la misma forma, diversas actuaciones de Fuerzas Especiales en el uso de balines han transgredido las normativas institucionales, dejando a varias personas con pérdidas oculares, tal como le sucedió al poblador de Aysén, Teófilo Haro, durante el Movimiento Social de 2012. O el caso vivido en 2014 por un joven alumno del INBA, de 14 años, quien fue brutalmente golpeado por cuatro carabineros, siendo estos formalizados hace unos días. En definitiva, los testimonios grabados, las evidencias comprobadas de episodios en los que el Estado, a través de sus herramientas de coerción social, ha actuado haciendo uso desmedido de la fuerza, no son pocos, y dejan entrever una práctica común, aceptada y permitida sin mayores problemas ni cuestionamientos.

La historia nos enseña de qué manera Estados Unidos ha intervenido en todos aquellos países en los cuales ha tenido y tiene intereses propios que cuidar, sin importar el costo social que puedan tener estas maniobras. Nuestro país no es la excepción, al contrario; representa un caso emblemático en la instalación del modelo neoliberal en la región. Por ello, cuando el 5 de abril del 2012 el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Alejandro Wolff, junto a representantes de las Fuerzas Armadas de Chile, inauguraron el Centro de Entrenamiento para Operaciones de Paz de “Fuerte Aguayo”, en Concón, las suspicacias no fueron ni pocas ni tontas. Una base militar estadounidense en suelo chileno, la que según la página de la Embajada de Estados Unidos en Chile está para “apoyar la capacitación de personal encargado de ejecutar operaciones de mantención de la paz o de estabilidad civil”. Definición conceptualmente ambigua y que deja margen para interpretaciones antojadizas, según criterios que han demostrado no ser los de la racionalidad o el diálogo para la resolución de problemas sociales, sino simplemente los de la violencia para la represión de aquellos elementos que puedan ser vistos como disfuncionales al sistema y a su idea instalada de orden y estabilidad, aún cuando ello se base en injusticias, desigualdades y abusos que, lisa y llanamente, los grupos dominantes de poder no están dispuestos a cambiar. La polémica se incrementa al conocerse que en los ejercicios también participaron las Fuerzas Especiales de Carabineros, según fotografías publicadas en el sitio de difusión de informaciones del Comando Central del Ejército de EEUU. Asimismo, en algunas imágenes de video aparecen efectivos de la Policía de Investigaciones -con su logo muy a lo FBI- participando de la instrucción.

Precisamente en Concón fue que el pasado 1 de diciembre un grupo de jóvenes recibieron amenazas de muerte al ser sorprendidos por personal de Carabineros haciendo un graffiti. Según consta en un audio grabado, uno de los uniformados dice: “Cuando Carabineros te diga que te vayas, te vai, sino vai a resultar muerto. Mira escúchame bien, esta hueá (sic) tiene 30 tiros, tú te acercai a un Carabinero y te la va a vaciar toda. Tengan cuidado, un día de esos van a morir, por manos de uno de nosotros o de Investigaciones. La ley me ampara. ¿A quién le van a creer? ¿A ustedes o a mí? A uno”. Esto, sumado al caso del indigente en Maipú que por querer pelar una fruta con un cuchillo para almorzar fue abusivamente reducido por un contingente policial. O el del carabinero de civil que hizo detener un bus para arrestar a un hombre que viajaba junto a su pequeño hijo, por llevar una pistola de agua. O la del procedimiento en contra de la madre de una niña de 4 años por “atropellar” a una  funcionaria de la municipalidad de Maipú en una plaza. A ese nivel de estupidez, falta de criterio y de sentido común estamos llegando. Lo preocupante es que de lo que se trata, en definitiva, es de un abuso de la autoridad, del poder y de la fuerza cada vez más recurrente.

 En nombre de la seguridad y orden públicos, el accionar de la policía estadounidense se ha enfocado en el delito menor, registrándose episodios de abuso evidente contra los sectores más desposeídos. Mientras tanto, acá en Chile vemos cómo Carabineros hace algo muy similar con el comercio informal, actuando de manera humillante con personas que tratan de ganarse la vida, al mismo tiempo que se hace vista gorda con los delincuentes grandes, esos que roban a manos llenas a millones de personas. La pregunta que queda para un país como Chile, que ha adoptado el modelo económico y de vida de la nación norteamericana, es si acaso también pretende hacer lo mismo con su modelo policial y la lógica del “gatillo fácil”. La represión como respuesta para el conflicto social dentro de un escenario de descontento ciudadano parece darnos una respuesta, así como también una advertencia de lo que podemos llegar a encontrar en las futuras batallas por la reivindicación de derechos fundamentales