En una elección sorpresiva, el ex alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri derrotó al oficialista Daniel Scioli y se convirtió en presidente de Argentina, poniéndole fin a 12 años de gestión kirchnerista. El nuevo gobierno generó (y genera) alta expectación en su país y en el resto de América Latina, dada el cambio de rumbo que puede tomar el país de ahora en adelante.

Los cambios (anunciados previamente en campaña y no) de Macri no se han hecho esperar, dada la decisión de la alianza gobernante de hacer uso de la facultad presidencial de los  Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), facultad que según la Constitución argentina le permite al presidente saltarse el paso de legislación de los parlamentarios. En sus primeras 48 horas Macri firmó 29 DNU, casi el doble de los que ocupó Rafael Videla al inicio de la dictadura argentina en 1976.

En los primeros días nombró a dos miembros de la Corte Suprema –Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti- a través de un DNU, pese a que en campaña había señalado que no gobernaría a través de este mecanismo. Otro polémico DNU fue reducir el presupuesto en educación de un 6% del PIB a un 3%.

Medidas para los grandes exportadores y despidos masivos

Solo días después de asumir, Macri cumplió su promesa de campaña de eliminar el cepo cambiario. Desde 2011 que la entonces presidenta Cristina Fernández impuso la restricción de circulación de dólares, con el objetivo de evitar que el peso argentino no se devalúe ante los movimientos del mercado internacional. La medida del nuevo presidente fue aplaudida y odiada. Por un lado, se ataca el mercado negro y cualquier persona es libre de comprar y vender dólares. Esto aumentó el precio de la moneda estadounidense de los 9 pesos argentinos que se trazaba en el mercado paralelo hasta 13-14 pesos. El gobierno decidió eliminar las retenciones de carnes, maíz, trigo y girasol, reducir las exportaciones de soja de 35 a 30%. Así lo anunció el ministro Prat Gay: “el que quiera importar, o exportar, o comprar dólares, lo va a poder hacer, nadie lo va a perseguir”.

Y benefició también las ganancias de los grandes exportadores, principales afectados del cepo. Pero el aumento de valor provocó el efecto contrario para la moneda nacional: devaluación de cerca de 50% que afectará precios, salarios y la ya alta inflación argentina (estudios privados la sitúan en 30%). Ya han subido precios de servicios públicos y el precio del nafta aumentó en 6%.

Ante la frágil situación económica, el gobierno negoció nuevas condiciones de deuda con transancionales como JP Morgan, Citibank, HSBC y Goldman Sachs. Un blindaje ante la nueva situación, anunció el ministro de economía Prat Gay, en otra clara distancia de la gestión kirchnerista, que se caracterizó por sus peleas con tribunales de justicia estadounidenses que reclamaban el pago de deuda externa a grandes empresas.

Y en contra de los llamados “ñoquis”- trabajadores del Estado que solo aparecen a cobrar el sueldo- el gobierno ha destituido hasta hoy a cerca de 15 mil personas de distintos puestos del servicio público. Entre ellos se destaca 2000 del Senado, 600 del Centro Cultural Kirchner y miles en municipios como La Plata y Quilmes. Esto pese a las denuncias de personas que son despedidas pese a llevar años trabajando.

Además, las denuncias de represión por parte de la Gendarmería Argentina también aumentan, especialmente por su rol en los casos de la huelga de trabajadores de Cresta Roja y los trabajadores municipales de La Plata.

Contra los medios de comunicación

Hace una semana el gobierno argentino oficializó la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que reemplazará las funciones que cumplía la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). La polémica se instaló ya que a través del DNU que crea el nuevo ente encargado de las comunicaciones, se pierde el rol descentralizado que tenía el antiguo organismo. Así, el kirchnerista Martín Sabatella, que mantendría su cargo en el AFSCA hasta 2017, se vio obligado a salir de su puesto.

Esta jugada del macrismo ha sido criticada en Argentina como una forma de “bajar” la Ley de Medios de 2011 que enfrentó al entonces gobierno kirchnerista con los grandes grupos mediáticos argentinos como Clarín y La Nación. La legislación regulaba el espectro radioeléctrico y televisivo y le entregaba al Estado el rol de garantizar un acceso universal y gratuito. Así, las entregas de licencias serían de tres tipos: estatal, privada con fines de lucro y privada sin fines de lucro.

Pero el nuevo ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad fue claro al respecto: “la regulación de la Ley de Medios no va a subsistir en nuestro gobierno. Los medios van a competir libremente en el mercado y trataremos de ayudarle a los más pequeños.

Desde que asumió, el gobierno también decidió la cancelación de Radio Nacional Rock y del polémico programa 6,7,8, estelar de la televisión pública argentina que era afín al kirchnerismo. Además, hoy fue despedido al aire el periodista Víctor Hugo Morales, mientras hacía su programa de todas las mañanas en Radio Continental.