Falsos honorarios: hacia una reforma estructural en las formas de contratación del Estado

Con mayor fuerza a partir del año 2013, los trabajadores a honorarios del Estado hemos avanzado en nuestros niveles de organización. De acuerdo a la Dirección del Trabajo, a la fecha se identifican 81 sindicatos de trabajadores a honorarios del Estado, de los cuales 72 se han constituido en los últimos 2 años.

Como trabajadores organizados hemos trabajado para visibilizar la ilegalidad y vulneración de derechos a la que los Gobiernos de Chile, desde el fin de la dictadura, han sometido a los servidores públicos. Los efectos de la política de contratación en el Estado vigente, carente del más mínimo enfoque de derechos, adopta en la práctica distintas manifestaciones. En la presente columna nos abocaremos a enumerar aquellas que nos ha tocado enfrentar, como Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Ministerio de Desarrollo Social, en nuestra Subsecretaría de Servicios Sociales.

Orden de magnitud

De acuerdo a los datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos, el año 2014 fueron 310.459 los funcionarios públicos cuya relación laboral fue desconocida por el Estado (Gobierno Central, Municipalidades, Hospitales, Universidades), alcanzando 47.239 en el Gobierno Central. El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, mantenía a 2.300 trabajadores contratados a honorarios, lo que representaba 46,6% del total de sus trabajadores. De forma más específica, la Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio mantenía a mayo de 2015, un total de 433 trabajadores a honorarios. De los más de 200 trabajadores sindicalizados a la fecha en la Subsecretaría de Servicios Sociales, 35 fueron desvinculados el 31 de diciembre año 2015.

Vulneración de derechos

Una de las situaciones más indignas que nos ha tocado vivir ha sido la vulneración de los derechos maternales y paternales. No tan sólo se les niega el acceso a sala cuna a las trabajadoras a honorarios, sino que debido a la ausencia del pago de cotizaciones por parte de nuestro empleador, y la negación de garantizar la seguridad social más básica, hay compañeras que no reciben remuneración alguna durante su permiso irrenunciable a postnatal parental. La mayor gravedad ligada a esta problemática se expresa en el caso de una compañera, que al verse enfrentada a no recibir remuneración durante su periodo de pre natal, decidió trabajar hasta 4 días antes de su parto. El Ministerio de Desarrollo Social, encargado del avance progresivo del Sistema de Protección Integral a la Primera Infancia Chile Crece Contigo, cuenta con el macabro registro de tener una de sus funcionarias a honorarios trabajando, con el conocimiento de las autoridades, casi hasta el día del nacimiento de su hija.

Latente discriminación

Los trabajadores a honorarios cumplimos las mismas tareas que un funcionario público reconocido por el Estatuto Administrativo (Ley N°18.834 de 1989). Sin embargo, permanece una discriminación arbitraria a nuestra labor, se desconoce nuestra calidad de funcionario y la relación de subordinación que se nos impone. Eso implica que nos son negados derechos históricos de funcionarios y trabajadores, pisos mínimos de protección social: seguro contra accidentes laborales, horas compensatorias en caso de actividad extraordinaria, posibilidad de traspasar vacaciones de un año a otro, acceso a los servicios de bienestar, capacitación etc. De forma absurda, aun cuando cumplimos con los indicadores que permiten evaluar la gestión del servicio, nos niegan las bonificaciones asociados a ellos. Debemos indicarlo con claridad, mientras nuestra calidad de funcionario no sea reconocida, los trabajadores a honorarios debemos luchar por el reconocimiento de estos derechos. En la región Metropolitana, organizándose y luchando, los Sindicatos a Honorarios del Instituto Nacional de Estadísticas y el Municipio de Maipú han logrado avances importantes.

La denigración de lo público y el golpe a la dignidad

La falla estructural que han sostenido los gobiernos, al mantener una política discriminatoria y vulneradora hacia sus trabajadores, corroe el sentido de lo público. El propio sentido de ser trabajador, garante y precursor de derechos colectivos, se le ha negado a cientos de miles de trabajadores del servicio público. Genera indignación el hecho de presenciar de forma directa las inconsistencias de la gestión pública y del discurso político. Los gobiernos del Estado han abusado de la forma contractual a honorarios, no tan solo para financiar su corrupción, sino para dificultar la organización de los trabajadores, precarizar la función pública y afectar la calidad del servicio. La masividad de los honorarios públicos representa el fiel reflejo de la complicidad neoliberal de nuestra clase política y de la hegemonía del carácter subsidiario de nuestro Estado.

Falta de transparencia

La ausencia de una Política hacia el Personal a Honorarios lleva a que los procesos de incorporación, cambios en la forma contractual (tránsitos a contrata), evaluación y desvinculación sean una verdadera caja negra. No existen protocolos que visibilicen procedimientos que son fundamentales para avanzar en una gestión transparente en el servicio público. Los trabajadores a

honorarios tenemos como horizonte erradicar la forma de contratación a honorarios en el Estado, sin embargo, mientras ello no ocurra, deben existir mecanismos auditables para definir quienes trabajaran en el servicio público, cómo se les evaluará, cada cuanto y en qué se les capacitará, de qué dependerá su continuidad, cómo y cuándo se les notificará su desvinculación.

Inseguridad en el empleo

Los trabajadores a honorarios podemos ser desvinculados sin que se nos entreguen argumentos, sin aviso previo o compensación alguna. Esto permite al Estado hacer recaer el costo de reestructuraciones de la política pública en los propios trabajadores. La expresión más clara la hemos vivido a través de las modificaciones del Subsistema de Seguridad y Oportunidades (Ley 20.595 – ex Chile Solidario). En la discusión de Presupuesto 2016, el Ministro indicó que se realizarían cambios metodológicos al Programa Eje de dicho Subsistema, y que dicha reformulación no implicaría una desvinculación de personal. 

Sin embargo, el Ministro ha faltado a su palabra y 35 trabajadoras y trabajadores de dicho programa, socios de nuestro Sindicato, fueron desvinculados el 31 de diciembre 2015. A ello debemos sumar que los más de 150 trabajadores del Programa, que cumplen funciones permanentes en la institución reconocidas por Ley, les han realizado contratos por 6 meses argumentando falta de presupuesto. Algo absolutamente inédito en nuestro servicio.

No tan solo el Ministerio de Desarrollo Social es cómplice del círculo vicioso de precarización que mantiene el Estado, sino que desconoce la labor que generamos los trabajadores y las capacidades que tenemos para aportar a los procesos de reformulación de los programas sociales en los que trabajamos.

Desafíos hacia el futuro

Desde el Sindicato de Trabadores a Honorarios, como parte de la Unión Nacional de Trabajadoras y Trabajadores a Honorarios del Estado, hemos manifestado nuestra propuesta con claridad: Contrato Único para los Trabajadores del Estado ¡No más discriminaciones! Entendemos que ello requiere una reforma estructural que aborde las distintas aristas de la presente situación, que sea impulsado desde los funcionarios organizados, y que se legitime ante la ciudadanía como un reflejo del avance del enfoque de derechos en las políticas sociales, como una forma de garantizar calidad en los servicios públicos. Es un trabajo que requerirá tiempo y cuyo fruto no veremos sino con años de esfuerzo. Aun así, el actual Gobierno tiene responsabilidad y margen de maniobra para evitar que sucedan las graves vulneraciones que han sido presentadas. El Gobierno Central como mínimo debería hacer efectivo el mandato presidencial indicado en el Instructivo de Buenas Prácticas Laborales que el Servicio Civil ha operativizado, mandatando a los Servicios a emitir Políticas de Desarrollo de Personas consistente con un enfoque de derechos y con el aseguramiento de un Trabajo Decente. Políticas que deberían ser desarrolladas de forma participativa con los trabajadores organizados. Adicionalmente, el Gobierno debiera tener la sensatez de reconocer la calidad permanente de las funciones que cumplimos los trabajadores a honorarios, y por ende el derecho que tenemos, de acuerdo al propio compromiso del Gobierno[1], de ser traspasados a la calidad contractual de contrata mediante procesos transparentes y generados de forma participativa. Estas son señales mínimas que los trabajadores organizados debemos exigir para comenzar a recuperar la dignidad del servicio público y avanzar hacia una reestructuración en las formas de contratación del Estado.

El Servicio Público debería ser un trabajo reconocido por nuestras autoridades -los gobernantes de turno del Estado-, valorado por nosotros y la ciudadanía. Organizados podemos revertir lo que los propios parlamentarios han exclamado en el Congreso: “¡El Estado es el peor empleador!”