Este martes fue aprobado el proyecto que impulsó el Partido Comunista que tuvo su origen por los casos de financiamiento irregular de campañas políticas por parte de Corpesca.

El presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca, Condepp, Jorge Bustos evaluó positivamente la posición de la Mesa de la Cámara de Diputados al aprobar la tramitación de la iniciativa que busca anular la Ley de Pesca. 

Según informa BíoBío, Bustos aseguró que “la Ley de Pesca es una ley corrupta e ilegítima. La única forma de que los chilenos volvamos a creer en el rol que cumple el Congreso, es que se admita el error de haberla aprobado y se apruebe una ley que vaya en beneficio de los pescadores y del país”.

El dirigente además se mostró esperanzado en que “las amenazas que han hecho las 7 familias a través de la prensa, de impedir que este proyecto llegue a buen puerto, sean paradas en seco por los parlamentarios y dejen en claro que se deben terminar con los privilegios de la gran industria”.

Respecto a la opinión del ministro de Economía Luis Felipe Céspedes de considerar inconstitucional la moción, Bustos puntualizó que “dada la gran cantidad de trabas que han puesto el Ministro Céspedes y el Subsecretario Súnico para mantener los regalos a la gran industria, ahora deberían dejar que el Congreso haga su trabajo y escuchar al pueblo”.

¿Inconstitucional?

Ayer el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, dijo que “como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional”. 

Además el secretario de Estado no descartó requerir la intervención del Tribunal Constitucional. “Como Ejecutivo vamos a esta evaluando todas las alternativas del caso”. 

Mientras tanto, Céspedes aseguró que en relación con la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Ley de Pesca se está revisando. “Vamos a proponer modificaciones, de forma tal de perfeccionarla y que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia. Pero creemos importante mantener y validar la institucionalidad”, explicó.

Según informa La Tercera, así, el titular de Economía agregó que esperaba “que la Comisión de Constitución, cuando reciba esta materia, comparta el criterio del Ejecutivo respecto de que esta moción es inconstitucional”.

El diputado Leonardo Soto, del PS, presidente de la instancia, rechazó sus dichos y ayer reiteró que la admisibilidad ya la resolvió la mesa de la Cámara, liderada por Marco Antonio Núñez (PPD). En ese sentido, Soto dijo que “lo que corresponde es estudiar el mérito del proyecto, los fundamentos que tiene y sus dimensiones económica y jurídica”. 

Sin embargo, desde la DC, el diputado Sergio Espejo cuestionó que “estoy convencido de la necesidad de reformar la Ley de Pesca, pero este proyecto es puro populismo. Nuestra legislación no contempla la nulidad para un caso como éste, y ella sólo sirve a una mayoría transitoria que se ha sostenido, en este caso, tanto en el temor del gobierno a contradecir al PC, como en el temor de una mayoría parlamentaria a asumir su responsabilidad, aún cuando ello sea impopular. No hay convicción ni genuina defensa de los recursos del mar, sino oportunismo”.

En tanto, ayer el ministro Secretario General de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, habló del tema por primera vez. “Por más meritorio del fondo de alguna demanda, no está contemplada la anulación de las leyes por parte de este Parlamento. Eso está en sede judicial o  en el Tribunal Constitucional”, dijo.

Empresarios cuestionan “certeza jurídica”

Desde el sector del empresariado ayer también siguieron preocupados la decisión de la Cámara. Para ellos, la determinación deja en vilo la “certeza jurídica”. 

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alberto Salas, manifestó que la única opción para que Chile continúe “siendo un país serio y responsable” es garantizando respeto al estado de Derecho, y calificó la aprobación de la iniciativa como una “absoluta irresponsabilidad”. 

“Vemos con gran preocupación que algunos, con una mirada de corto plazo, intentan tomar un atajo, ejecutando medidas populistas que pueden tener graves consecuencias jurídicas y económicas“, dijo.

La CPC agregó que ni la ley ni la Constitución otorgan poder al Parlamento para anular leyes. Por eso manifestaron que actualmente se está en un “punto de inflexión” y que el camino a tomar significará “una señal determinante para el futuro”.

Por su parte el presidente de la Sofofa, Hermann von Mühlenbrock, manifestó que la iniciativa carece de toda legalidad y que marcará un precedente negativo para leyes futuras.

“Nos preocupa la transgresión de esta iniciativa a la normativa vigente y su impacto en la seguridad jurídica”, afirmó, y llamó al Ejecutivo para que recurra al Tribunal Constitucional, “ya que este tipo de medidas no generan ningún beneficio para el país”.

El comité ejecutivo de la entidad evaluó el tema y el consejero del gremio, Herman Chadwick, concluyó que “las leyes no se anulan”. 

Y según el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, de anularse este cuerpo legal, se volvería a una realidad previa a 1991.

Moncada dijo que “se estima un período de unos 18 meses donde habría carrera olímpica en las pesquerías por parte de todos los actores. Las especies en estado delicado sencillamente colapsarían, dada la capacidad de captura industrial y artesanal”. Además agregó que significaría la “destrucción de un sector que brinda empleo a más de 36 mil personas a nivel nacional”.