“Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”

Mahatma Gandhi

La reciente decisión adoptada por la Cámara de Diputados en relación a declarar admisible la moción que busca derogar la podrida Ley de Pesca, ingresada por el PC por carecer de legitimidad tras el destape del Caso Corpesca y el cohecho a parlamentarios para que votaran a favor de dicha iniciativa, ha despertado una ola de reacciones desde el mundo político. Tanto la UDI y RN hasta el oficialismo han salido al paso para argumentar en contra de la propuesta que busca dejar sin efecto esta ley, que ha estado sujeta a un largo y fundamentado cuestionamiento ético respecto de su origen, en especial luego del desafuero del senador UDI Jaime Orpis tras la investigación llevada a cabo por delitos vinculados al financiamiento irregular de su campaña política -más de $ 260 millones- a través de boletas falsas emitidas a Corpesca y SQM. Caso que se suma al de la diputada Marta Isasi, quien en mayo de 2013 fue acusada de recibir $ 25 millones por parte de la empresa pesquera de Angelini antes de la votación de la denominada “Ley Longueira”, para defender los intereses de la empresa (lo cual hizo, según se puede comprobar en el registro de las votaciones). Existe incluso registro de un power point enviado por email a la entonces diputada, redactado por el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, en que se le explica cómo actuar respecto a dicha ley, en ese momento en trámite y vigente hoy.

Lo cierto es que el rechazo a derogarla es transversal y se viene manifestando desde hace un rato ya. Recuerdo que algún tiempo atrás entrevisté al presidente del Senado, Patricio Walker, en su oficina del ex Congreso Nacional luego de lista de aportes reservados publicada por el senador Navarro (en la que aparecía), hecho que le costó su destitución como vicepresidente de la Cámara Alta. Al preguntarle por el tema se molestó visiblemente y manifestó su desacuerdo en poder anular esta ley, aun a pesar de lo turbio de su proceso para ser aprobada. A él se sumó ahora otro Walker, Ignacio, presidente de la DC, quien señaló en un tweet que el haber admitido el proyecto para anularla representaba una vergüenza, “el más grave acto de demagogia y populismo en 25 años de democracia”. Ernesto Silva, diputado UDI, también se unió al rechazo. “El Congreso es para hacer leyes, no para derogarlas”, sentenció en entrevista con CNN Chile, agregando que la figura legal de cohecho sólo era aplicable a los funcionarios con roles administrativos y que “no existe el cohecho respecto a la votación de los parlamentarios”. La expresión de asombro e incredulidad de la periodista Mónica Rincón ante tamaña desfachatez fue de antología. Remató luego diciendo que “en Chile no puede pasar que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto”. Pero resulta que eso si pasó en Chile: la dictadura hizo trampa para cambiar las cosas a su gusto y a Silva ni a ninguno de los suyos eso jamás le pareció mal, que yo recuerde.

El enfoque argumentativo diseñado para oponerse a esta propuesta de limpieza se ha articulado discursivamente, apuntando a que el hecho de poder derogar esta ley corrupta sería inconstitucional y podría además constituir un precedente negativo respecto de otras. El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que “con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero”, ya que deja “la puerta abierta” para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. “Es una falta de seriedad absoluta”, sentenció. Opiniones todas alineadas con la industria, que destinó millones para las campañas de varios políticos y a la que se favoreció con la promulgación de esta ley: “De prosperar -la iniciativa- sería insanablemente nula por ser contraria a la Constitución y leyes vigentes”, argumenta  Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca. Y aquí nos topamos con un punto interesante y que ha servido de pretexto para justificar diversos episodios abiertamente reñidos con la ética, aquel concepto que tantos no son capaces de entender. Se apela al actuar con apego a las leyes como sinónimo de corrección, se rechaza derogar una ley corrupta porque ello no está contemplado en la Constitución, por lo cual sería grave hacer algo así; sin embargo, a nadie parece importarle, bajo ese mismo criterio de rigurosidad y corrección legal,  que esas mismas leyes puedan estar siendo redactadas y aprobadas al pie de lo indicado por las empresas que financian las campañas políticas de quienes, en el Congreso, deberían ser los representantes de sus electores y no los “palos blancos” del gran capital. Si prácticas de esta naturaleza son permitidas y avaladas por nuestro marco normativo y legal existente, pues entonces está claro que es insostenible seguir manteniéndolo. De ahí la necesidad de anular esta ley corrupta.

El gobierno, al igual que varios parlamentarios, también ha demostrado estar en sintonía con el empresariado y sus inquietudes. “Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine”, espetó el ministro de Economía Luis Felipe Céspedes. Porque claro, hay que respetar la institucionalidad, el orden. Un orden que existe no producto de un consenso social, sino por su implantación a la fuerza. ¿Qué tal si acordamos otro orden, uno que sea fruto de un nuevo trato social, más equitativo, con menos concentración de riquezas y poder, más distributivo, con leyes que representen a la ciudadanía y una Constitución que dé garantías de ello? ¿Lo respetarían o harían lo mismo que hicieron al quebrar de un golpe la institucionalidad del país aquel 11 de septiembre de 1973?.