Ante la profusa difusión de correos electrónicos informando que en el concurso que ha llamado el gobierno para llenar 216 puestos como monitores para dirigir los “cabildos ciudadanos” del “proceso constituyente” oficial, los egresados de la Escuela Nacional de Monitores y Monitoras para la Asamblea Constituyente de Santiago y de otras escuelas constituyentes realizadas recientemente en distintos puntos del país tendrían una especie de “derecho propio” preferencial, Patricia Ayala Apablaza y Sergio Grez Toso, miembros del Foro por la Asamblea Constituyente e impulsores de dichas escuelas mencionados explícitamente en tales correos, declararon “con la mayor claridad y fuerza posible” un listado de reflexiones bastante crítico.

En primer lugar, señalaron que “la Escuela Constituyente que desarrollamos exitosamente en Santiago entre abril y agosto de 2015 (diecisiete sesiones a lo largo de tres meses y medio con alrededor de trescientos participantes) fue una iniciativa totalmente independiente del gobierno, instituciones estatales, partidos políticos, empresas, fundaciones, iglesias o cualquier otro organismo nacional o internacional que no sea emanación directa del movimiento popular de este país”.

Luego, aseguraron que “entendemos que las otras escuelas constituyentes que han funcionado en otras ciudades de Chile -autónomas e independientes unas de otras, pero con lazos fraternales entre ellas- están inspiradas por el mismo espíritu de celosa autonomía y distancia crítica respecto del ‘proceso constituyente’ que dice estar impulsando el gobierno de la presidenta Bachelet”.

En ese sentido, continuaron diciendo que “nunca estuvo, no está ni estará en nuestro espíritu la intención de ‘hacerle la tarea al gobierno’, puesto que nuestra perspectiva respecto del proceso para lograr una Constitución efectivamente democrática es muy distinto al que anima a las actuales autoridades y a su coalición política. Nosotros hemos abrazado sin ambigüedad alguna y de manera consecuente la causa de la Asamblea Constituyente como única vía plenamente democrática para el cambio constitucional, lo que marca una distancia sideral con la política de acuerdos en el seno de la casta política a espaldas de la ciudadanía, de respeto a la institucionalidad heredada de la dictadura, de secretismo, elitismo, ambigüedades, dilaciones e incumplimiento de sus propios anuncios y promesas que ha caracterizado la acción del gobierno de la presidenta Bachelet en este y otros planos”.

En ese sentido, agregaron “en consecuencia, no pondremos nuestro esforzado trabajo, realizado sin apoyo alguno de las instituciones mencionadas más arriba, al servicio de una política gubernamental que, tal como lo hemos denunciado, no conduce a una Constitución democrática sino, a lo sumo, a una nueva negociación con la Derecha tradicional para consensuar reformas constitucionales meramente cosméticas. Por ende, no nos presentaremos a los concursos de pseudo monitores constituyentes que organice el gobierno ni alentamos a los egresados de las escuelas constituyentes a hacerlo. Ello, sin desmedro de la plena libertad que cada persona tiene para optar según su conciencia”.

Finalmente concluyeron que “el camino hacia una Constitución democrática será necesariamente largo y difícil. Nadie debe hacerse ilusiones sobre un triunfo fácil o regalado. No hay mesías, salvadores ni aliados en las cúpulas del poder político y empresarial. La Asamblea Constituyente libre y soberana solo será posible en base a las propias fuerzas de los sectores populares y la ciudadanía democrática. No nos apartaremos de este camino“.

En entrevista con el programa Hora Constituyente, el director del Centro de Estudios Cultura Ciudadana y miembro del Cónclave Social por la Asamblea Constituyente, Álvaro Ramis, dijo sobre el Consejo de Observadores que “el gran error que se está dando es que ellos están estimando que los monitores que recojan las opiniones de todas las comunas del país, desde Putre a la Antártica, sea gente muy ilustrada, muy capaz, muy apolítica, muy neutral, seleccionados por alta dirección pública. Una burocracia”.

En ese sentido, agregó que “contratar a esa gente de esa manera es muy lento, caro. Eso ya impide y retrasa el proceso que ya está retrasado. Y lo más difícil es que no reconoce los saberes, porque lo que hay que hacer es que la gente discuta, que la gente debata y se inicie el proceso por medio de la base. ¿Porqué necesitamos esa tecnocracia? Hay dirigentes sociales que no tienen la más mínima educación formal que dirigen asambleas de manera maravillosa, que son capaces de dirigir a sindicatos enormes de trabajadores y logran que sus asambleas hagan y desahagan una discusión. Esa gente no puede dirigir este proceso, no pueden ser los que van a facilitar este proceso. ¿Por qué no? Hay una lógica burocratizante, tecnocrática, que captura este tipo de procesos sin confiar en la capacidad asociativa”.