Los 92.520 correos “relevantes” y 24 de las entrevistas realizadas para el estudio de la empresa estadounidense Shearman & Stearling que dio cuenta de pagos ilegales a políticos fueron solicitados por la fiscal a cargo del caso SQM, Carmen Gloria Rojas, a la minera.

El estudio consta de 81 páginas donde se muestran pagos cuestionados a 139 personas políticamente expuestas, además de 10 casos en que hubo riesgo de sobornos.

En un oficio dirigido hace un mes al presidente del comité ad hoc de SQM, Edward J. Waitzer, la fiscal Rojas pidió remitir la copia digital del servidor de la empresa con  los 3,5 millones de correos electrónicos que fueron analizados por la consultora en la confección del informe y, aparte, el respaldo de los 92.520 correos considerados “relevantes”.

También se solicitan los respaldos de 24 entrevistas que fueron realizadas por Shearman & Stearling a directores y ejecutivos, de las cuales no se conocen actas.

Entre los nombres que indica el informe figura la secretaria de Contesse que habla de contactos para supuestos aportes ilegales a campañas a Guido Girardi y Fulvio Rossi.

Los casos donde hay riesgo de “soborno” son los de Pablo Longueira, Giorgio Martelli, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner; Fulvio Rossi; Jaime Orpis, quien será prontamente formalizado en el caso Corpesca; Roberto León (DC) y el ex asesor de MEO, Cristián Warner.