ONU critica proyecto sobre control de identidad: Da «facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía»

La Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó preocupación ante la tramitación legislativa de una medida que habilitaría a personal policial a realizar controles de identidad preventivos en Chile. Contemplada en un proyecto de ley sobre seguridad ciudadana (Boletín 9885-07), la medida ha sido recientemente aprobada por la Comisión de Constitución del Senado, en segundo trámite constitucional.

“La disposición vulnera conceptos ampliamente adoptados por la comunidad internacional, tales como la presunción de inocencia y el principio de legalidad, al otorgar facultades desproporcionadas y arbitrarias a la policía”, expresó el Representante para América del Sur del ACNUDH, Amerigo Incalcaterra.

“Nos preocupa que las autoridades chilenas no estén tomado en cuenta la normativa y los estándares internacionales en la materia durante la discusión del proyecto”, prosiguió.

En tal sentido, el Representante del ACNUDH recordó que, tras una visita a Chile en septiembre de 2015, el Relator Especial de las Naciones Unidas los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, advirtió en un documento de análisis que tales disposiciones en materia de control de identidad limitan derechos garantizados en tratados internacionales ratificados por el país.

“También es paradójico que la discusión legislativa no esté considerando las advertencias de actores nacionales claves, entre ellos la propia Corte Suprema de Chile, que en un informe de septiembre de 2015 criticó los aspectos discrecionales de la medida, refiriéndose al control de identidad preventivo como ‘difícilmente aceptable’ en un Estado de Derecho”, recordó Incalcaterra.

Finalmente, el Representante del ACNUDH destacó que Chile cuenta con la presencia de una Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, entre cuyas funciones se encuentran las de asesorar y prestar asistencia técnica a los tres poderes del Estado en materia del respeto a los compromisos internacionales de derechos humanos asumidos por el país.