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Blancas y celestes, las tuberías que salen de la tierra desde postes y casetas no se notan hasta que uno se acerca al predio, plantado con miles de pequeños paltos. “Los compadres empezaron a comprar campos aquí abajo para tirar agua al cerro, a terrenos que la gente prácticamente les regaló, porque no tenían agua y tenían que pagar igual esas contribuciones. Los han encontrado haciendo drenes, pozos. Este tiene como 62 pozos”, afirma un pequeño agricultor de la zona apuntando el manchón verde que se abre paso entre los áridos cerros de Cabildo, en la región de Valparaíso hacia la cordillera.

Boris Yaikin

Boris Yaikin

El hombre habla de la usurpación aguas por parte de grandes empresarios, una realidad que hace años se denuncia en las comunas de Cabildo, Petorca y otras localidades de la zona que sufren una severa sequía que tiene a gran parte de la población abasteciéndose de camiones aljibe. En su caso, el pozo con el que antes regaba toda su plantación ahora apenas le entrega algunos litros de agua. “Ha aumentado la sobreexplotación entonces la cuenca se queda sin agua”, explica.

El último recurso legal interpuesto por esta situación es una denuncia que data del pasado mes de diciembre de 2015 y que acusa a cinco de las empresas agrícolas más importantes del valle de usurpación de agua. Se trata de Sociedad Agrícola Viento Note, San Antonia y Del Silencio, todas de propiedad de Ignacio Álamos; Agrícola Los Graneros, de Osvaldo Junemann; Sociedad Agrícola Huingal y Los Ángeles, de Juan Ruiz Tagle; Sociedad Agrícola Pililén, de Eduardo Cerda García; y la Sociedad Agrícola Cóndor, de Edmundo Pérez Yoma.

Las redes de los denunciados

Edmundo Pérez Yoma, Foto Agencia Uno

Edmundo Pérez Yoma, Foto Agencia Uno

“Los derechos de aprovechamiento de aguas autorizados por la DGA para cada uno de los denunciados, en ningún caso, soportan tan millonaria producción, todo lo cual, entre otras razones, hace sospechar la posible comisión del ilícito denunciado”, dice la denuncia firmada, entre otros, por Rodrigo Mundaca, de Modatima.

La denuncia indica que la producción de paltas en la provincia de Petorca, que concentra cerca del 40% de la producción de esta fruta, ha sido posible en parte gracias a la comisión de una serie de delitos de parte de los grandes agricultores.

El argumento esgrimido es que la superficie plantada por estos empresarios, que va entre las 200 y las 500 hectáreas, excede con creces los derechos de agua que tienen otorgados legalmente.

“Los derechos de aprovechamiento de aguas autorizados por la DGA para cada uno de los denunciados, en ningún caso, soportan tan millonaria producción, todo lo cual, entre otras razones, hace sospechar la posible comisión del ilícito denunciado”, dice la denuncia firmada, entre otros, por Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima).

Todos los empresarios nombrados son integrantes de la asociación gremial AgroPetorca, pero los vínculos entre ellos van más allá del rubro agrícola y tiene un claro componente político.

Edmundo Pérez Yoma (DC) fue ministro de Defensa de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y del Interior en primer gobierno de Michelle Bachelet. Uno de los grandes triunfos de Modatima ha sido la revocación, en 2014, de los derechos provisionales de agua a Pérez Yoma, entre otros. Sin embargo, un artículo de eldesconcierto.cl dio a conocer que el empresario está llevando a cabo acciones judiciales para que esta revocación quede sin efecto.

A la cabeza del alegato se encuentra el abogado Rodrigo Weisner Lazo, quien fue director de la DGA durante la primera administración de Bachelet y que luego ha defendido a Pérez Yoma en varias causas relacionadas con la extracción de agua en la zona. Una de ellas es la querella por injurias que levantaron en contra de Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, en la cual Weisner hizo de testigo.

Además, Weisner es asesor de CCU, del grupo Luksic, en la instalación de una planta para extraer el agua en Paine, esto a pesar de que mientras era director de la DGA él mismo declaró restricción en el acuífero de la zona.

Otro de los denunciados es Osvaldo Junemann, cuñado de Pérez Yoma y primo del ex senador del PS Jaime Gazmuri.

Compañero de colectividad de Pérez Yoma, el ingeniero agrónomo Eduardo Cerda fue presidente regional de la DC de la región de Valparaíso, alcalde de Cabildo, concejal de la misma municipalidad y también diputado por la Quinta Región hasta 2014. Cupo por el que se ha mostrado interesado su hijo Eduardo Cerda Lecaros, quien fue alcalde de Cabildo durante veinte años desde 1996.

Agencia Uno

Agencia Uno

Actualmente Cerda padre se desempeña como director de la Sociedad Agrícola y Servicios Isla de Pascua Spa (Sasipa), una empresa filial Corfo que, entre otras cosas, se ocupa de la producción, distribución y comercialización del servicio de agua potable en la isla.

Pariente de Eduardo Cerda, Ignacio Álamos es uno de los empresarios más reconocidos en la zona. Es cuñado de Ernesto Silva y de Juan Antonio Coloma, ambos ex presidentes de la UDI. Otro de sus cuñados es Ignacio Del Río, miembro del clan familiar que creó Sodimac y que tiene inversiones en Falabella y Cruzados Sadp. entre otras.

También cercano a la UDI es Juan Ruiz Tagle, Supernumerario Opus Dei y presidente del Directorio de la Asociación de Amigos de la Universidad de Los Andes. En terrenos de su propiedad en la zona el año pasado fueron encontrados enterrados seis cuerpos desnudos, lo que está siendo investigado actualmente por la Justicia por una querella presentada mediante el programa de DD.HH.

Sequía para los pobres

Río Cortante, Boris Yaikin

Río Cortante, Foto Boris Yaikin

En la población O’Higgins, en la localidad de Chincolco, más a la cordillera de Petorca, pequeñas casas se alzan sobre la tierra seca. Tan seca que hay una permanente capa de polvo sobre ella. A lo más se ven un par de escuálidos matorrales que han sobrevivido a la sequía y el calor. Por ahí cerca serpentea el río Cortante; no trae ni una sola gota de agua.

Desde ahí, Gilberto Tapia, dirigente de la zona, apunta unas gigantescas piscinas donde los grandes agricultores acumulan agua para regadío. “Cómo es posible que tantas plantaciones agrícolas estén usando el agua pura, sana, y el pueblo sin agua, tomando agua contaminada de camiones aljibe”, se pregunta.

Es difícil que salga agua de las llaves de los lavaplatos y, cuando sale, los habitantes de la zona evitan beberla. Su calidad no queda en evidencia por su color o su sabor, pero los cuadros de diarrea y de intoxicación se hicieron cada vez más frecuentes.

“Un examen de laboratorio de octubre de 2014 arrojó que el margen de coliformes fecales presentes en el agua superaba el límite”, cuenta Verónica Vilches, presidenta de APR San José que también firma la denuncia. La muestra del estudio científico fue tomada del lavaplatos de la misma sede donde trabaja.

La única manera de tener garantizado que el agua es limpia es comprarla embotellada. “Los que tienen plata toman agua envasada, los que no, siguen tomando esa misma agua. No todos tenemos la posibilidad”, dice Vilches, que a falta de dinero para abastecerse con agua envasada opta por hervir la de la llave o la de los camiones aljibe.

El problema no es sólo el agua potable, sino que la sequía terminó con el único ingreso de la mayoría de los vecinos, que antes vivían de la pequeña agricultura y tenían sus animales.

“Ahora la mayoría trabaja en las grandes agrícolas. Les quitaron tierras, nadie siembra porque no hay agua y tampoco hay forraje ni agua para los animales, entonces la gente está sumergida con las agrícolas porque sea como sea ahí tienen la moneda mensual”, dice Gilberto Tapia con tristeza.

En las empresas nadie está contratado y les pagan por el tarro de frutas que alcanzan a sacar en cada jornada, que en total suman cerca de diez mil pesos diarios. “Ya se aclimataron a ganar la miseria que les pagan, por eso la gente no quiere decir cosas. Ese es el grave problema que hay aquí, sino no habrían los abusos que hay con la tierra, con el agua”, concluye.

“Ahora están más sanas las aguas porque llovió, entonces se han recuperado un poco las napas. Pero de qué nos vale que se recuperen las napas si el agua que cayó la pescan los empresarios agrícolas por tuberías. ¿De qué vale la lluvia si no llega al pueblo?”, dice Gilberto Tapia.

Gilberto Tapia, Foto Boris Yaikin

Gilberto Tapia, Foto Boris Yaikin

A pesar de que mucha gente se rehúsa a denunciar, otros habitantes se han organizado para hacerlo. De hecho, está lejos de ser la primera vez que empresarios del lugar son protagonistas de una acusación de robo de aguas.

Una de las primeras causas se remonta al año 2005, cuando un colectivo de pequeños agricultores acusó a Pérez Yoma de ser dueño de un dren, una gruesa tubería que habría utilizado para extraer agua del Estero Los Ángeles y luego dirigirla hacia arriba para usarlas en el riego de las plantaciones de sus tierras.

Desde ese momento comenzaron a sumarse las causas que apuntaban a distintos empresarios de la zona, lo que culminó en dos informes de fiscalización de la DGA, el número 48 y el número 49, que en febrero de 2011 evidenciaron la usurpación de agua vía drenes y modificación de cauces de agua.

Dado que en Chile la usurpación de agua no es considerada un delito, sino una simple falta administrativa, la investigación quedó zanjada con el pago de multas por parte de los afectados. Entre ellos, además de Edmundo Pérez Yoma, Eduardo Cerda y Osvaldo Jünemann, estaban el ex intendente de Santiago Marcelo Trivelli y el amigo cercano de Ricardo Lagos, Alberto Piwonka.

Según el Código de Aguas, las multas por el incumplimiento de las normas ahí establecidas no pueden exceder las 20 UTM, lo que equivale a la módica suma de 900 mil pesos.

Además, la DGA no cuenta con un sistema de fiscalización activa; la única manera de que intervenga en terreno es previa denuncia en la institución. En la sede regional del organismo, ubicada en Quillota, explican que por la delicada situación de Petorca, el último martes de cada mes el jefe de fiscalización y la jefa de recursos hídricos de la DGA atienden en una oficina en la Ligua. Pero La Ligua está a una hora de Petorca en auto.

“Esto no puede ser. Es una injusticia con la gente pobre”, dice Tapia y recuerda cuando tomaba agua de vertiente, cuando sobraba para sembrar y nadie se enfermaba. Mira con nostalgia las tierras donde nació: “Ahora están más sanas las aguas porque llovió, entonces se han recuperado un poco las napas. Pero de qué nos vale que se recuperen las napas si el agua que cayó la pescan los empresarios agrícolas por tuberías. ¿De qué vale la lluvia si no llega al pueblo?”.

Boris Yaikin

Boris Yaikin