Un estudio dado a conocer por la Defensoría Penal Pública confirma la baja valoración de la ciudadanía hacia cómo funciona la justicia chilena, algo que ya había adelantado hace una semana la encuesta Cadem.

Según el informe realizado realizado por el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, el 94,8% de las personas considera que existen “grupos privilegiados” que reciben beneficios judiciales  pro su apellido o status. El 83,8% cree que la justicia no es igual para todos y el 70,7% está a favor de que el Estado garantice defensa gratuita.

Además, en una escala de 1 a 7, el sistema judicial chileno fue calificado con un magro 3,2.

El defensor penal público Andrés Mahnke aseguró que “información como ésta obliga a los distintos actores que forman parte de la justicia penal como la Fiscalía, la Defensoría y el Poder Judicial, a realizar un mayor esfuerzo para acercar el sistema a las personas. También hay que tener claro que hoy, por los contenidos más presentes en el debate público es más fácil que recaiga en el sistema de justicia la responsabilidad por la mala evaluación sobre la seguridad pública, en circunstancias que la propia ciudadanía entiende que la clave para resolver los problemas está en una mayor inversión en la prevención y reinserción de quienes cometen delitos”.

Otro dato que llamó la atención del estudio fue que el 54% de los encuestados está de acuerdo con las “detenciones ciudadanas”.