“Más que un acuerdo comercial multilateral, se trata de una iniciativa con una clara intencionalidad política“, dijo en 2013 el actual ministro de Agricultura Carlos Furche sobre el acuerdo Trans-Pacífico, más conocido como TPP por sus siglas en inglés.

Según informa La Tercera, Furche trabajaba de consultor privado en ese entonces y se le encargó un estudio sobre el TPP por parte de la ONG Derechos Digitales. El informe es sumamente crítico con el tratado, ya que considera que los beneficios que obtendrá Chile de su aprobación son marginales y que responde a los intereses de Estados Unidos de hacer contrapeso al creciente poder económico de China.

“Cabe preguntarse si el alineamiento detrás de esta estrategia (que además puede generar negativos efectos a nivel regional, en especial en nuestra relación con Brasil), responde al interés de largo plazo de Chile, o si por el contrario, nos lleva a adscribir innecesariamente a un bloque de poder económico, político y militar justamente en un momento en que el mundo se encamina a la consolidación de nuevos centros de poder, con una creciente importancia de los países emergentes de los cuales Chile forma parte”, dice el informe.

El documento llamado ““Chile y las negociaciones del TPP: Análisis del impacto económico y político” enfatiza en que Chile es el único país firmante que tiene acuerdos comerciales con todos los socios. Por eso, “Chile solo puede obtener beneficios marginales, dada la apertura económica de que ya dispone”, dice Furche.

También enfatiza en las llamadas áreas sensibles que incluye el tratado, como propiedad intelectual, derechos digitales, servicios, inversiones, movimientos de capitales, coherencia regulatoria y medio ambiente. Todos estos reflejan “las prioridades de la agenda de los socios dominantes”, como EE.UU.

 

 

El TPP es el mayor acuerdo comercial del mundo e incluye relaciones comerciales entre Chile, Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Se trata de un mercado potencial de 812 millones de personas, cerca del 40% del comercio mundial.

Entre sus puntos más polémicos se encuentran las facilidades para las multinacionales que podrán demandar a los Estados en tribunales ad-hoc, la obligada ratificación de la Ley Monsanto que privatiza las semillas, la extensión de los derechos de laboratorios farmacéuticos sobre los medicamentos, retrasando así la fabricación de genéricos y por lo tanto aumentando de precio los remedios. También afecta los derechos de propiedad intelectual en internet, permitiendo que los proveedores censuren contenido sin intervención de organismos externos.