En marzo la comisión de Constitución de la Cámara Baja deberá debatir el proyecto presentado por la bancada del Partido Comunista e Izquierda Ciudadana, de anular la cuestionada Ley de Pesca, aprobada durante el gobierno de Sebastián Piñera y que hoy está en la palestra por la investigación judicial por pagos de coimas y cohecho parte de la empresa Corpesca -ligada al grupo Angelini- a parlamentarios para lograr el visto bueno a la legislación que entrega los derechos de explotación de la pesca a 7 familias.

Pese a que la investigación del Ministerio Público avanza -y ya hay un senador desaforado, Jaime Orpis (UDI) por el caso- el gobierno ha sido enfático en calificar de “inconstitucional” el proyecto de anulación de la ley. Es por eso que desde ya trabaja para evitar a toda costa que el proyecto del PC se apruebe.

El programa de gobierno de Michelle Bachelet incluye una revisión a la Ley de Pesca, cosa que buscan lograr con una mesa de trabajo especial con parlamentarios de la Nueva Mayoría que busquen una salida “constitucional” al conflicto.

 

 

En el Congreso se encuentran ya los proyectos de ley que buscan tipificar el delito de pesca ilegal, que moderniza y fortalece la función del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) y uno que regulariza las caletas pesqueras. “No sólo somos críticos sino que hemos estado tomando acción respecto de reformas en la Ley de Pesca. Hemos estado revisando e introduciendo proyectos de ley que la modifican”, aseguró a La Tercera el ministro (s) de Economía Raúl Súnico.

Sin embargo, para el diputado del PC Daniel Núñez, “la condición es que sean cambios reales y profundos que no contemplen pagar indemnizaciones a las empresas, porque eso sería una situación escandalosa y un desfalco evidente de los recursos públicos”. Agregó también que es “absurdo” creer que dichos proyectos representen un cambio sustancial a la Ley de Pesca. “Son proyectos que en algunas cosas puntuales nosotros apoyamos, incluso impulsamos, pero no tiene que ver con las reformas y con los cambios profundos planteados a la Ley de Pesca. Plantearlo como que ya se está trabajando, no es serio, no es riguroso y el subsecretario lo sabe”.

El rol de la FAO

En agosto del año pasado el gobierno firmó un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para que realice una revisión técnica de la Ley de Pesca de acuerdo a los estándares internacionales. Según Súnico, el organismo internacional realizará una “revisión exhaustiva de la legislación chilena, para ver si ésta se atiene a las mejores prácticas y directrices que a nivel internacional se han fijado en materia pesquera”.

Según Eve Crowley, representante de la FAO en Chile, se realizará un instrumento de participación que “será aplicado a grupos de intereses dentro del sector pesquero. Estos grupos incluyen a los pescadores artesanales, industriales, pero también la sociedad científicas, ONG’s y otros, así uno tiene una mirada del sistema, que muchas veces no son consultados”.

El proceso se realizará en abril y mayo y se dividirá en cuatro macro regiones: zona norte (Iquique), zona centro (Coquimbo), centro-sur (Concepción) y sur austral (Puerto Montt), finalizando en Santiago y Valparaíso.

 

Sin embargo, no todos están conformes con el rol de la FAO. Hernán Machuca, vocero del Consejo Nacional por la Defensa del Patrimonio Pesquero de Chile (Condepp) dijo la semana pasada a El Desconcierto que el organismo no tiene ningún poder para tomar decisiones.

“El gobierno les ha traspasado 650 millones para que hagan una evaluación de la Ley de Pesca y les ha dado 8 meses. Ya han pasado 4 y ocurre que no llegan a ninguna caleta, a ninguna región a trabajar con las organizaciones. No es el organismo pertinente para evaluar la Ley de Pesca. Los pescadores quieren un nuevo proyecto, que se anule la Ley Longueira. Eso es lo más viable”, afirmó.