El Intendente de los Ríos, Egon Montecinos, se reunión ayer con el ministro del Interior Jorge Burgos, luego de su viaje a la Araucanía. El objetivo de la reunión era revisar junto a los gremios empresariales de la región y Carabineros los temas de seguridad y las medidas a seguir frente a los dos últimos ataques sufridos en predios de la forestal Arauco en Lanco, que han detonado la invocación de la ley Anti Terrorista por parte del gobierno local.

Si bien el Intendente cuenta con el apoyo de las multigremiales que componen los empresarios agrícolas y ganaderos de la zona -quienes son parte de la Mesa de Seguridad-, existen diversos organismos de derechos humanos, expertos y comunidades mapuche han rechazado la estrategia que llaman de “criminalización” y acusan al gobierno de no querer resolver el conflicto entre el Estado y pueblo mapuche.

Y es que la ley 18.314, más conocida como ley Antiterrorista, fue creada en 1984 en plena dictadura con el fin de controlar grupos “de extrema izquierda”. Con el tiempo fue modificada plenamente. Sin embargo, todavía sigue siendo una ley duramente cuestionada por diversos organismos internacionales.

En 2013 la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado chileno realizar modificaciones a la ley. Lo mismo hizo el Comité de Derechos Humanos de la ONU en 2014, que en el “Examen Periódico Universal de Chile” recomendaron su adaptación a estándares internacionales. El Relator Especial de la ONU en Derechos Humanos, Ben Emmerson, reiteró los cuestionamientos a esta ley en su informe de abril del 2014.

La Presidenta Michelle Bachelet cuando ganó las elecciones a la presidencia en 2013 se comprometió a realizar las modificaciones pertinentes al instrumento legal. Así mismo, en 2014 el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo envió un proyecto de ley para la modificación del cuerpo legal. Pese a ello, la ley Antiterrorista sigue vulnerando derechos humanos y garantías procesales.

Las principales preocupaciones a las que apuntan los organismos internacionales tienen relación a “la amplitud de la definición de ‘terrorismo’ y su poca precisión, como además, la inconsistencia de las normas especiales de procedimiento con las garantías propias de un debido proceso”, según explica Ana Piquer, Directora de Amnistía Internacional Chile.

Si bien para Amnistía Internacional cada Estado puede optar por normativas especiales para sancionar este tipo de actos, “la legislación debe cumplir con estándares internacionales de derechos humanos y garantías de un debido proceso”, afirma Piquer.

Pese a ello, el Intendente de Los Ríos, Egon Montecinos, el lunes 8 de febrero en entrevista con el Diario Austral, justificó la invocación a la cuestionada ley Antiterrorista argumentando, que “es necesario combatir la violencia con todas las herramientas a su disposición”, calificando la acción de violencia como “un delito terrorista”. Además aseguró que el uso de esta ley entregaría “mayores facultades a la policía y al ministerio público”. 

La visita de Burgos al sur: oídos sordos y criminalización al pueblo mapuche

Luego de la reunión con los gremios empresariales y la intendencia -en la que fueron excluidos representantes del pueblo mapuche-, Burgos comentó que se reforzará “con una unidad de Fuerzas Especiales en la comuna de Lanco y 36 carabineros que se avocarán a labores preventivas y de protección”.

Jorge Weke, histórico dirigente mapuche del Parlamento Koz Koz emplazó a las autoridades locales a explicar la exclusión del pueblo mapuche de la mesa que pretende resolver el conflicto.

Weke explicó que el tema de fondo es la usurpación de tierras que han sufrido las comunidades. “Y eso lo tenemos que conversar con el gobierno quien debe tener una política clara al respecto y no venir a aplicar la ley Antiterrorista”, dijo.

Por su parte José Araya, miembro del Observatorio Ciudadano, asegura que esta lógica es esperable del ministro del Interior que no tiene una perspectiva moderna sobre los derechos humanos e indígenas: “Se prioriza la represión por sobre otros mecanismos de resolución de conflictos, como el diálogo y la negociación”.

En este sentido, la política reimpulsada por Burgos es leída por Araya como un “cambio de enfoque del propio gobierno”, ya que fue la Presidenta Bachelet a inicios de 2013 la que se comprometió a modificar la ley Antiterrorista debido a las recomendaciones internacionales recibidas.

“Las políticas del Estado de Chile, en relación a los pueblos originarios, se han planteado en dos líneas hasta ahora: la criminalización de quienes protestan contra las medidas estatales y la de dar asistencia a las comunidades pobres”, dice Piquer.

La aplicación de ambas líneas es contradictoria y no ayudan a resolver el conflicto, más bien hace una separación entre “buenos” y “malos” indígenas, según asevera el organismo internacional.

Ley Antiterrorista: ¿solución o agudización de un conflicto histórico?

Desde Amnistía Internacional consideran fundamental para la resolución del conflicto entre el Estado y pueblos originarios una “mirada política” sobre el tema, considerando además una “estructura de relaciones diferentes entre pueblos y estado, más que imponer una estructura existente”.

Sobre los hechos de violencia, si bien se deben investigar las responsabilidades al respecto, no se pueden resolver las situaciones de violencia “por la vía de aplicar legislación que en sí misma conlleva violaciones de derechos humanos”, asegura Piquer.

A su vez, el Observatorio Ciudadano señala que las propuestas de Burgos y de la Intendencia sobre los hechos de violencia no significan ningún aporte en materia de derechos indígenas, ni siquiera para los afectados por los hechos particulares de violencia “porque no se apunta al centro del conflicto”.

“Este es un problema complejo y tiene una huella histórica en la que hay responsabilidad del Estado chileno”, afirma Araya.

Desde otra perspectiva, Jorge Weke cree que el gobierno no quiere resolver el conflicto, sino más bien “pretende, ir más allá de la criminalización, es decir, crear un conflicto permanente”.

“El gobierno no está midiendo sus políticas de invasión territorial y está empujando a los territorios a una situación de real terrorismo como en otros países”, sentenció el dirigente mapuche.