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En estos días ha dado vueltas por el mundo académico el informe del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la USACH, firmado por Alberto Mayol y Javiera Araya (http://www.albertomayol.cl/?p=825) sobre la relación entre las coyunturas políticas entre 2007 y 2015 y las adjudicaciones de los proyectos FONDECYT.
En estos días ha dado vueltas por el mundo académico el informe del Centro de Investigación Sociedad, Economía y Cultura de la USACH, firmado por Alberto Mayol y Javiera Araya (http://www.albertomayol.cl/?p=825) sobre la relación entre las coyunturas políticas entre 2007 y 2015 y las adjudicaciones de los proyectos FONDECYT.
El informe parte del supuesto que si existiera una relación entre ciertos vaivenes políticos identificados y las adjudicaciones, quedaría demostrado que las asignaciones FONDECYT no son neutrales, y por ello serían menos virtuosas. Y para ello cruzan los datos de las asignaciones con una serie de variables como universidades laicas y confesionales, privadas y estatales, pertenencias formales a grupos (CRUCH, G9, CUECH), o una más etérea adscripción a la libertad de enseñanza o a su carácter gratuito universal.
La conclusión de los autores es que las estadísticas muestran una relación de frecuencias de adjudicación con los climas políticos, y en la actualidad una inclinación a la derecha en la misma medida en que la Nueva Mayoría se desgasta y, dicen los autores, tiende a coincidir con la derecha. En consecuencia, las adjudicaciones no son neutrales.
Nunca negaría la relevancia mediática de este informe, que ha tenido la virtud de dar visibilidad a un tema tan álgido como el de la relación de la gestión científica y la política. Y en consecuencia han provocado diferentes reacciones, todas ellas muy interesantes. Por ello -pero solo por ello- hay que felicitar a Mayol y Araya.
Sinceramente creo que a) el informe no demuestra lo que quiere demostrar, b) lo que quiere demostrar es casi tautológico, y c) que no es tan relevante como los autores suponen. El informe está muy lejos de ser lo que los autores -con celo narcisista- proclaman como “un sensible diagnóstico respecto a los criterios de ‘objetividad’ del concurso”. Es técnicamente inexacto, nada fiable y políticamente irrelevante.
Ante todo, en puro menester sociológico, hay que advertir que el ejercicio es confuso en dos sentidos:
1)La serie es muy pequeña, ocho años, para caracterizar cuatro momentos diferentes. Cuando ello se contrasta con el tema macro que se pretende tratar, la incongruencia salta a la vista.
2)Las variaciones estadísticas son mínimas y erráticas. Difícilmente variaciones intermitentes de un 5% sirven para caracterizar algo tan complicado como lo que los investigadores se proponen.
Y en buena medida es así porque las categorías que agrupan la información con frecuencia se solapan, de manera que una universidad puede estar ahora en una categoría y luego en otra. La Universidad de Concepción, por ejemplo, estaría en algunos momentos al lado de la PUC y enfrentada a la UCH, pero en otros momentos en una relación opuesta. Mientras que dos universidades como Alberto Hurtado y la Academia de Humanismo Cristiano -de conocidas inclinaciones izquierdistas- aparecen en este informe en el lado “derechista” en más de una ocasión: privadas, confesionales, etc.
Y -agrego- en un contexto en que cinco universidades (de Chile, Católica, Concepción, Federico Santa María y USACH) se llevan el 58% de los proyectos y el 63% de los recursos de los proyectos FONDECYT (2015), la información se hace todavía más dudosa. Habría, por ejemplo que ver cuantos proyectos presentó cada universidad y cuantos les fueron aprobados. A las tres universidades emblemáticas de la derecha en el país (UAI, de los Andes y del Desarrollo) solo les aprobaron el 35%, el 39% y el 33%, a la Catolica el 48%, pero a la pequeña estatal Arturo Prat (que siempre estaría ubicada en el lado bueno de la historia de Mayol y Araya) un 60%. Esa información está disponible en la pagina web de Conicyt, y en consecuencia no requería transferencias especiales de información si de una investigación más acuciosa se trataba.
Lo que no es importante y lo que si es. De cualquier manera, lo que Mayol y Araya se han propuesto estudiar -y la manera como lo han hecho- no solo no es fiable (por lo que antes argumenté) sino tampoco relevante. El problema del FONDECYT no es si es neutral o no, o si se desvía un 5%. Ningún proyecto de gestión científica lo es, y hasta me atrevería a afirmar que si asumimos la intensidad de las coyunturas políticas que el país ha vivido en la última década, el FONDECYT ha demostrado una condición de inmutabilidad sorprendente.
El problema de FONDECYT es que se trata de un sistema de adjudicación de recursos fragmentado, ferozmente competitivo, perfectamente alineado con el consenso neoliberal que aniquila a la sociedad chilena. Es un sistema que fomenta el individualismo, erosiona la formación de grupos de pensamiento y parte de la estructura -y al mismo tiempo estructurante- de un sistema universitario hierático quee se forma, por un lado, de departamentos y facultades con minorías de profesores a tiempo completo que se cierran y protegen con fosos y murallas, y miríadas de profesores-taxis que deambulan por los fosos, buscando como perforar las murallas. Para decirlo de otra manera, el problema del FONDECYT es el mismo FONDECYT, pues es un problema de la totalidad del sistema universitario y científico del que FONDECYT es un pivote esencial.
Chile no necesita ese desiderátum de un FONDECYT “neutral”. Lo que Chile necesita es un sistema nacional de investigadores, regulado, exigente, con gradaciones y requisitos específicos, y que sean las universidades quienes patrocinen diseños acordes con las mil y una demandas que afrontan las ciencias (en su misión de crear conocimiento nuevo) y las sociedades (nacional y locales) en función del desarrollo. Ello no omite fondos concursables, pero serían adjetivos, y no, como hoy, sustantivos. Un sistema que inevitablemente va a costar, pero lo vale. Y un sistema que va a generar otros problemas, que requerirán otras soluciones y otros debates.
Hay mucho para imaginar en este sentido, pero también referentes concretos como es el caso mexicano con más de tres décadas de vigencia, con éxitos y fracasos a considerar.
Un sistema nacional de investigadores sería un paso adelante para que la comunidad científica chilena se zafe del dogal academicista que hoy ahoga al mundo intelectual -no sólo nacional- y lo pone a los pies del academicismo formalista de los SCIELO, las ISI y los SCOPUS. Y a las universidades a competir tras rankings de excelencia que ahogan las vocaciones de alternatividad.
Permítanme una breve digresión personal. Yo dirijo un proyecto Fondecyt que gané en 2015, y agradezco sinceramente a la sociedad chilena que me haya dado esa oportunidad. Casi no lo logro, pues aunque el proyecto en sí alcanzó casi siempre la máxima calificación, los evaluadores consideraron que yo, el autor del proyecto, no tenía condiciones suficientes para realizarlo. No porque me fueran hostiles: probablemente ninguno me conocía y si me hubieran conocido seguramente hubiéramos sido cordiales amigos. Sino porque evaluaban a partir de un registro de puntuación guiado por las formalidades academicistas. En mi vida había publicado 17 libros, cuatro en los últimos cinco años, varios en editoras muy prestigiosas, y algunos con fuertes impactos en las parcelas intelectuales donde se ubicaban. Pero solo uno con referato ciego. Tenía decenas de artículos publicados, todos en revistas intelectuales de presencia continental (Nueva Sociedad, Letras Libres, Este País, Instituto Elcano, Cubaencuentro) pero solo una en Scielo y ninguna en ISI. Y en general con una vida intelectual activa -en ocasiones en universidades muy prestigiosas- pero heterodoxa. Afortunadamente me salvó el promedio.
Ya estoy subsanando este problema: estoy publicando en ISI y Scielo, haciendo vida académica más ortodoxa y -en aras del tiempo- retirándome de algunos de esos estimulantes espacios intelectuales que no caben en un curriculum disciplinarizado. Cuando esto se multiplica por muchos cientos, ¿Cuál es el costo que debe asumir la sociedad?.
Con seguridad un alto precio que no se compensará con un FONDECYT más impermeable a los trajines de las coyunturas. El tema requiere un abordaje de luces largas. La sociedad chilena, que finalmente es la que paga todo esto, lo merece.
