Tras la muerte por asfixia del guardia municipal Eduardo Lara producto del incendio a un local de farmacia, durante las manifestaciones de la marcha del 21 de mayo en Valparaíso, la bancada transversal de Seguridad Ciudadana, integrada por los diputados Daniel Farcas (PPD), Gonzalo Fuenzalida (RN), Gabriel Silber (DC) y Marcela Sabat (RN), dio a conocer una proyecto que busca detener a aquellas personas que se encuentren con el rosto cubierto y “alteren el orden público”. La iniciativa consigna una multa de 4 UTM , alrededor de $182.000 pesos.

Asimismo, durante este martes 31, el senador RN Francisco Chahuan, presentó -con el respaldo de Luis Lara, hijo del funcionario municipal fallecido- otra moción contra los encapuchados, estableciendo medidas y sanciones más drásticas, ya que la ley podría aplicarse contra cualquier persona que “participe en alguna manifestación o acto público, ya sea que se trate de un acto autorizado o no por la autoridad competente, si lo hace embozado, encapuchado u ocultando expresamente su identidad”. Es decir, sin que necesariamente se encuentre “alternado el orden público”, a sabiendas que marchar es, incluso, señalado como alteración del orden público según el criterio de algunos funcionarios de Carabineros. La multa de Chahuan implica desde las 2 hasta las 12 UTM (casi $550.000)

Sin embargo, el mismo martes, el abogado penalista de la Universidad de Chile, Jaime Winter, explicó a Radio Universidad de Chile que “la detención en Chile no puede ser constitucionalmente por otra cosa que no sea la comisión de un delito o que tengan que ver con una investigación penal. Detenerlos como una medida de fuerza es completamente ilegítimo, está fuera de lugar. Si se busca luchar contra la violencia en las marchas, hay otras formas más efectivas”.

Winter, criticó que ambas iniciativas de ley anti-encapuchados hay una presunción de derecho, de que las personas van a cometer un delito; cuando en la detención por sospecha tiene que existir aprensión por un delito. Agregando además que, en caso que hayan encapuchados, el artículo 85 del Código Procesal Penal (que establece actualmente el control de identidad) permite fiscalizarlos, medida que en su opinión, no se está utilizando.

Autoridades y dirigentes han salido al paso para criticar la medida, como el parlamentario comunista Hugo Gutiérrez quien tildó la medida de “populismo penal”. Por su parte el presidente de la Federación de la Universidad Católica, Daniel Gedda, mencionó que “sería mucho más eficiente para dar solución, revisar los protocolos de Fuerzas Especiales al momento de tener acciones de riesgo en las movilizaciones”, ya que “carabineros muchas veces se quedan impávidos mirando como este tipo de situaciones pasa”.

En tanto, el presidente de la bancada PPD Ramón Farías, dijo que aunque desconoce el detalle de la iniciativa, a primera vista le resulta compleja de tramitar: “No necesariamente un encapuchado es igual a un delincuente”, agregando que una persona “a las siete de la mañana puede ir encapuchada por el frío, pasar por el lado de una fogata donde están haciendo una manifestación y ser confundido y tomarlo preso”.