Un amplio y complejo debate ha generado la querella presentada por la presidenta Michelle Bachelet en contra de revista Qué Pasa, a raíz de la publicación de una escucha telefónica al gestor inmobiliario de Caval y ex operador político de la UDI, Juan Díaz, quien fue grabado entre mayo y agosto de 2015 por el OS-9 de Carabineros tras ser imputado en dicho caso. Entre las transcripciones reveladas, Díaz relata supuestas palabras de Natalia Compagnon que mencionan a la presidenta de la República en la recepción de eventuales comisiones millonarias producto de estas operaciones fraudulentas. Los dichos de Díaz, recabados por la institución en un dossier de 140 páginas, no ha sido verificada por el Ministerio Público y fueron además desestimadas por el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, quien tomó declaraciones a Bachelet en La Moneda el pasado martes 24 de mayo en calidad de testigo. “Tenemos la convicción, tras diversos análisis de escuchas telefónicas, de que Juan Díaz sabía que estaba siendo escuchado, o lo sospechaba. Muchas cosas que hizo fue para dejar plasmado en las escuchas algunos hitos importantes para la estructura de su estrategia de defensa; sumado al conocimiento que tenía de la carpeta de investigación”, expresó hace unos días a la prensa, agregando así otro elemento al turbio episodio -el supuesto hecho de que el imputado sabía que estaba siendo grabado-, y que viene a enredar aún más el esclarecimiento del tema.

La polémica suscitada tiene diversas aristas y puede ser objeto de más de un análisis. Por una parte, lo medular y que tiene que ver con la acción judicial emprendida por la Primera Mandataria contra un medio de comunicación, instala sobre el tapete público una vez mas el tema de la libertad de expresión y la censura, esto dentro del contexto de la pasada discusión sobre la llamada Ley Mordaza, que buscaba castigar con cárcel las filtraciones sobre los casos de corrupción político-empresarial investigados, y que incluía a los periodistas. Punto de enorme gravedad para la democracia, al ser un ataque directo a la libertad de expresión y derecho a la información de las personas, y que pudo ser subsanado parcialmente en la redacción final de la polémica ley, luego del llamado que hizo el Colegio de Periodistas para que la Cámara de Diputados rechazara la norma. Con la querella presentada por la presidenta Bachelet contra el medio en cuestión y la solicitud de pena de 3 años de cárcel para los periodistas, el pequeño paso avanzado retrocede varios metros. Porque si finalmente la Justicia le da la razón a Bachelet, la ciudadana presidenta de Chile, y los periodistas van a la cárcel, se estaría sentando un pésimo precedente respecto de las libertades y derechos sociales básicos que debe garantizar nuestro sistema democrático. Un aspecto relevante e insoslayable a considerar en el debate sobre la Nueva Constitución.

Ahora bien, siendo la libertad de expresión un valor central de la democracia, tal y como lo ha dicho la propia presidenta, ciertamente el uso de esta libertad exige actuar con absoluta responsabilidad ética. Inventar noticias, manipular la información tal y como lo hizo parte importante de la prensa chilena durante la dictadura, claramente poco y nada tiene que ver con libertad de expresión, puesto que el concepto de esta libertad tiene que ver con la entrega de información respecto de hechos verdaderos, no con el falseamiento deliberado de los mismos. En este sentido, y más allá de los contextos, la rigurosidad profesional a la hora de trabajar y entregar la información requiere de estándares mínimos en el ejercicio de esta labor, toda vez el trascendente rol social que le es inherente. Eso fue lo que reconoció la revista querellada para explicar el porqué de haber bajado la primera información publicada, actualizándola luego mediante una versión editada.

¿Fue un error haber presentado esta acción judicial? Lo fue. En forma y fondo. Jurídica y políticamente. Ella tenía todo el derecho del mundo a exigir replica y retractación al medio cuestionado. Ese debió haber sido el camino, el mismo que defendió en ONU Mujeres y promovió en diversos países en cuanto a rechazar la persecución penal a periodistas como un acto que vulnera los principios democráticos internacionales. “Que un Jefe de Estado interponga una acción penal no es consistente con estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, sostuvo José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Pero la ciudadana Bachelet, la primera autoridad política del país, en lugar de optar por acciones civiles y políticas, prefirió las penales y pidió cárcel, además de sanciones monetarias, para los periodistas, a pesar de saber -asumo que así es- que se trata de una práctica rechazada por la propia ONU, en donde se desempeñó. Existían otras instancias y modos de hacerlo. Está la Ley de Medios, el Tribunal de Ética del Colegio de Periodistas. Porque es un tema ético, no penal. Pero primó la reacción autoritaria.

La defensa de la presidenta, llevada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, acusa persecución por parte de la publicación, aduciendo que la edición impresa de la revista únicamente entregó información relativa a la presidenta, dejando fuera aquellas partes en las que el ex operador político de la UDI se refiere además al caso Spiniak, involucrando a Pablo Longueira en una serie de operaciones contra Allamand y el supuesto secuestro de Gemita Bueno. Caso que, como cabe recordar, involucró a Carlos Bombal y Jovino Novoa (UDI). Y claro, es un hecho que a partir de la información seleccionada por la publicación la atención mediática se ha centrado en Bachelet, dejando de lado y en un plano absolutamente secundario lo relacionado con el caso Spiniak. No deja de llamar la atención al respecto el silencio corporativo que ha mantenido dicha colectividad política, manteniéndose incluso alejada de realizar críticas a la mandataria por su acción judicial contra un medio del duopolio. Por otra parte, cabe también preguntarse si Díaz, al momento de referirse a este tema, también sabía que estaba siendo pinchado, que es la tesis sostenida por los fiscales, y si es así, si acaso eso también formaba parte de alguna estrategia.

En un contexto regional marcado por la paulatina retirada de los gobiernos progresistas en distintos países de América del Sur, con una Cuba finalmente conquistada estratégicamente por un neoliberalismo que, paradojalmente, puede encontrar allí un segundo aire ante la crisis social por la que atraviesa a escala global, algunos analistas hablan de “golpes blandos” en América Latina. El mismo Papa Francisco expresó su preocupación el mes pasado por las situaciones políticas y sociales que se viven en algunos países de la región. “El Santo Padre mostró su preocupación por los problemas sociales que se están viviendo en América en general. Le preocupan los conflictos sociales, económicos y políticos de Venezuela, Brasil, Bolivia y Argentina. De pronto se puede estar pasando a un “golpe de estado blando” en algunos países”, precisa un comunicado hecho público por el Consejo Episcopal Latinoamericano (Celam) En esto, sabemos por experiencia histórica el rol sedicioso que puede ejecutar la prensa monopolizada por el poder, instrumentalizada para desestabilizar gobiernos e instalar otros. Por ello, se trata de una lectura válida, una interpretación legítima de lo que podría pasar en nuestro país. Hay antecedentes y evidencia más que suficiente para ello, no tomarlos en cuenta sería demasiado ingenuo. Sin embargo, la definición de posturas claras frente a este episodio debe ser capaz de separar las cosas, salvaguardando el valor de principios intransables por sobre lo ideológico, con la siempre exigencia ética respeto de informar de acuerdo a la verdad de los hechos.