La ONG Leasur (Litigación Estructural para América del Sur) nació en 2014. Casi al final de ese año, el egresado de Derecho de la Universidad de Chile, Diego Rochow (25) se integró a esta organización, que busca desarrollar una litigación estructural para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad a través de la implementación de una Ley de Ejecución Penal que, al menos en Chile, no existe. Hoy, Rochow es investigador de la ONG Leasur, y en conversación con El Desconcierto, habló sobre la urgencia de posicionar el tema.

Actualmente, la normativa de la vida tras las rejas depende del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios de 1998, siendo Gendarmería el ente regulador de cumplirlo. Al no existir una Ley, no hay fiscalización ni sanciones ante la vulneración de los derechos de los internos, generándose vacíos legales que quedan impunes y que, día a día, se profundizan en la tierra de nadie.

-¿Por qué es importante tener una Ley de Ejecución Penal?

Porque actualmente todos los conflictos que se producen al interior de las cárceles están regulados en un reglamento que tiene un rango inferior a una ley y, por tanto, los jueces no tienen la capacidad para poder aplicar las normas del mismo. En Chile no existe ningún tribunal especializado para estos problemas internos, que van desde conflictos jurídicos que tienen relación con cuestiones como tortura y malos tratos, hasta polémicas respecto a ciertas instituciones carcelarias particulares, como la libertad condicional. Asimismo, todas las normas que se asocian con el desarrollo de la vida al interior de la cárcel no están reguladas.

– ¿Cuáles serían las ventajas de esto?

Tener un rango normativo mayor, y por ende, permitir a los jueces tener un elemento sobre la base del cual poder determinar cuándo hay infracción a ciertos deberes de los gendarmes o cuándo se infringen los derechos de los privados de libertad, entre otras cuestiones.

– ¿De quién depende la regulación de la vida de los internos en la actual normativa?

Ese es otro tema aberrante. El reglamento que hoy rige a los establecimientos penitenciarios le entrega gran poder a Gendarmería, un órgano militarizado, encargado principalmente de la seguridad de los internos, que no le entrega las facultades para resolver los conflictos a un juez, sino que a la misma autoridad penitenciaria: y uno se encuentra con la aberración que el mismo órgano que vulnera un derecho, el que después tiene que encargarse de resolver las reclamaciones que hacen los internos respecto a dicha vulneración. ¿Qué es lo que hay ahí? una total incongruencia con todos los tratados internacionales que te aseguran el derecho para todas las personas, incluyendo los privados de libertad de un tribunal imparcial. En el fondo, ellos viven en una desesperanza permanente porque saben que ante cualquier reclamación, será el mismo gendarme que los agredió, prácticamente, el que va a resolver su presentación. Eso no tiene cabida en un Estado democrático.

Son varios los casos de abusos ocurridos dentro de las cárceles chilenas que quedan impunes. Sin ir más lejos, el mes pasado se dio a conocer un registro audiovisual ocurrido el 11 de marzo de este año, en que cinco gendarmes del penal de Chillán, propinan una brutal golpiza a tres internos, ante la mirada impávida del oficial a cargo. Asimismo, cuatro días después, un video grabado en la cárcel El Manzano de Concepción da cuenta de cómo más de diez internos golpean violentamente a otro reo. Pero, sin duda, el incendio en la cárcel de San Miguel es uno de los más horrorosos ejemplos de la ausencia de justicia que existe en torno al tema.

-¿Por qué Leasur defiende los derechos de personas que atentan contra los derechos de otras personas?

Porque el Estado, cada vez que condena a una persona a cumplir una pena en la cárcel, lo único que tiene que hacer es privarle de su libertad ambulatoria, y ello implica que la vida al interior de la cárcel tiene que desarrollarse de la manera más adecuada y similar a cómo se desarrolla la vida en el medio libre. Lo que tenemos hoy en día en las cárceles, es un verdadero estado de excepción en el cual se vulneran constantemente todos aquellos otros derechos que el Estado en principio no tiene derecho de violar, como el derecho a la salud, a la educación, a la libertad de expresión, a la asociación política, a reunirse, y hasta el derecho a voto. Y por eso nosotros finalmente abogamos por los derechos de las personas privadas de libertad, porque la cárcel es solamente una pena que priva de libertad, y no de otros derechos.

-Tú dices que la vida al interior de la cárcel tiene que garantizar los derechos que otorga la vida libre, sin embargo la mayoría de la población carcelaria fueron, en su infancia y adolescencia, niños y jóvenes vulnerados a los que no se les respetaron sus derechos básicos.

Es cierto, si uno ve en la composición de la población penal, la mayoría proviene de los sectores más precarizados de la sociedad. Y al final, cuando terminas mandando una persona a la cárcel, estás reproduciendo y ampliando ese mismo círculo de desigualdad y de falta de oportunidades, y de desprotección en cuestiones básicas. La cárcel termina siendo un verdadero depósito de la escoria social que el mismo Estado se ha encargado de crear.

-¿Esto es un impedimento, entonces, para el mismo trabajo que desarrolla Leasur al momento de hacerles saber a los presos que son sujetos de derecho?

La reproducción de las lógicas que uno encuentra afuera, se encuentran también en la cárcel, con niveles de precarización y analfabetismo que supera con creces las tasas normales en el medio libre; y en ese sentido, las dificultades que hemos encontrado es lograr transmitir e insertar la idea a los propios internos que ellos son sujetos titulares de derecho, de poderles decir “A ti te privaron solamente de libertad, y no de otros derechos”.

Nuestra tarea es poder ir contándoles poco a poco que ellos en realidad son sujetos titulares de derecho. Y para eso empezamos ya el año pasado a implementar capacitaciones y talleres de enseñanza a los propios internos, respecto de los derechos con los que cuentan, como por ejemplo las salidas al medio libre, la libertad condicional, qué hacer cuando un gendarme los agrede, qué mecanismos seguir, cómo recurrir a sus abogados, etcétera. Ellos mismos van socializando algunos productos y se van haciendo conscientes.

El Tribunal a cargo del caso de la tragedia de San Miguel, absolvió a los 8 gendarmes involucrados, señalando que se realizó una investigación “fallida” y que la acusación estaba llena de “contradicciones, omisiones e imprecisiones”.

-¿Por qué crees que en Chile no existe entonces una Ley de Ejecución Penal?

Porque hay una absoluta falta de voluntad política respecto a las personas privadas de libertad, esa idea de una escoria social y de un verdadero estado de excepción en el que nadie gobierna, no puede sino ser verdad. Desde el retorno a la democracia hasta hoy, han existido una serie de comisiones que se han encargado de proponer la implementación de una ley de ejecución penitenciaria, de tribunales de ejecución, han habido proyectos de ley que nunca han sido aprobados. Al mundo político no le importa lo que le pasa al preso.

A los políticos y empresarios no les interesa reconocer que son titulares de derecho, no les interesa establecer un discurso más humanitario. Les interesa instrumentalizarlos en términos de réditos políticos. Hacer guerra contra la delincuencia te genera sí o sí un alza en los votos, porque obviamente a ninguna persona le va a gustar que la violen, que la maten o que le roben algo.

-Y en este tiempo de trabajo, ante esta falta de voluntad política, ¿se han encontrado con políticos que los han apoyado?

Sí, hermosamente sí. Y supondrás cuáles son.

-Me imagino.

La bancada de diputados jóvenes ha sido particularmente receptiva con estos discursos y estas ideas. De hecho, Karol Cariola y Giorgio Jackson nos invitaron a exponer como organización en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la cámara de diputados, antes de la aprobación de la Agenda Corta en septiembre de 2015. Gabriel Boric también es bastante afín a lo que nosotros pudiéramos llegar a plantear, y también Camila Vallejo y Hugo Gutiérrez.

-¿Qué pasó con el resto de los parlamentarios cuando ustedes expusieron sus proyectos?

No hubo mayor recepción, mayores contactos de los que ya teníamos. Nada.

LA CÁRCEL COMO UN NEGOCIO

El proceso de privatización carcelaria en Chile se inició el año 1998, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y comenzó a implementarse con la Ley de Concesiones de Ricardo Lagos en 2000, en que el Estado, sin perder la propiedad de las obras que licita, las entrega para su ejecución y operación a consorcios privados. De esta forma, los recintos penitenciarios en Chile, comenzaron a ser administrados por empresas como, por ejemplo, Sodexho.

-¿Qué impacto causó la llegada de los privados a las cárceles?

¡Uf! En esos procesos de construcción hubo un diseño tan mal hecho esa política publica, que generó una serie de controversias respecto a los costos de construcción que, finalmente, el Estado desembolsó casi un 40% más de lo contemplado para subsidiar la falta de planificación respecto a los recursos a implementar, los materiales, los temas de logística, la provisión de servicios básicos como agua y luz. Eso, por una parte en cuanto a los intereses económicos que hay detrás.

La premisa esencial que se tuvo en consideración para poder validar la construcción de esas cárceles fue asumir que los privados son mucho más eficientes en la administración de recursos, y asumir que el privado va a entregar siempre un mejor servicio que el Estados. Ambas cuestiones han sido absolutamente descartadas en la literatura comparada, con demostraciones empíricas. Lo particularmente perverso que tienen las lógicas de las cárceles privadas, es que funcionan bajo una estructura que se parece mucho a la administración hotelera: lo que le interesa a la gente que administra un hotel es que todas las plazas estén ocupadas y que lleguen más personas, aunque puedan o no ponerlas en un sitio digno; generando particulares interesados en que se encierre más gente, porque eso trae ingresos millonarios pagados por el Estado.

-¿Y de qué manera la Agenda Corta Antidelincuencia propone abordar la necesidad de una Ley de Ejecución Penal?

No hay interés. Lo que la Agenda Corta denota, es la improvisación con la que ha actuado Bachelet en la materia, sólo por cumplir con sus promesas de seguridad pública. Los tratados internacionales exigen que toda norma que faculte a vulnerar la integridad física o psíquicas de las personas, o a hacer uso de la violencia por parte del Estado, como pueden ser los policías o los gendarmes contra los propios ciudadanos, estén reguladas en una ley y no en un reglamento. Entonces, Chile con el reglamento penitenciario, infringe la normativa internacional de manera flagrante. Es una cosa aberrante de la que nadie se ha hecho cargo. No se puede seguir insistiendo en un reglamento. Si tenemos la posibilidad de empezar a generar que algo es necesario respecto de las cárceles, son un juez de ejecución penitenciaria y una ley de ejecución penitenciaria.

No hay que olvidar que el delito no es un problema en sí mismo, sino que el delito es un resultado de nuestros demás problemas sociales. Ahora se puede construir una cárcel en un vertedero, en cualquier parte. La norma no le entrega la regulación de esta construcción o reparación a un ente especializado, que en este caso vendría siendo el MOP o alguna institución del ministerio de obras públicas. Las cárceles son parte de la estructura pública, y se han concesionado.

Los próximos objetivos de la ONG son seguir profundizando el tema entre las autoridades y, sobre todo, posicionarlo de manera pública para concientizar a la sociedad sobre la necesidad de una Ley que haga valer los derechos básicos de aquellas personas que cumplen condenas judiciales dentro de las cárceles chilenas. Para ello, ya se encuentran en conversaciones con reconocidas figuras públicas interiorizadas con el tema, que también buscan que aquellos hombres y mujeres, que en muchos casos fueron en su infancia niños y niñas formados en hogares como los que maneja el hoy duramente cuestionado Sename, puedan cumplir su reclusión o sin que la privación de la libertad signifique también ser humillados, hacinados, golpeados, violados o asesinados tras las rejas.

 

Diego Rochow

Diego Rochow