El debate de la Reforma Laboral sigue sin tener resolución dentro del gobierno. El lunes los líderes de los partidos que integran la Nueva Mayoría aparecieron respaldando la decisión de Michelle Bachelet de suspender el veto presidencial ingresado hace un mes y la opción de una futura ley corta. En lugar de aquello, la mandataria ha optado por un cambio a la Constitución para reponer la titularidad sindical y otros artículos que el Tribunal Constitucional (TC) rechazó el pasado 9 de mayo.

La propuesta del veto presidencial nunca fue del todo acogida por las bancadas de Gobierno, en especial de la Democracia Cristiana. En la Falange arguyeron que la idea del veto podía volver todo lo avanzado a foja cero, y por eso la bancada de senadores de dicho partido fueron los más efusivos impulsores de la vía constitucional para la Reforma Laboral.

La decisión de Bachelet de explorar un cambio en la Constitución para destrabar uno de los proyectos estrella del actual Gobierno es leída de distintas maneras por el espectro político. De acuerdo a La Tercera, la suspensión del veto presidencial es el síntoma de la falta de acuerdo al interior de la coalición oficialista y sería una estrategia de los sectores más reaccionarios de la Nueva Mayoría para postergar indefinidamente la promulgación de la reforma. Considerado que la iniciativa contempla un periodo de vacancia de seis meses, la determinación mandaría la reforma “al congelador”, haciendo prácticamente inviable que logre entrar en vigencia durante el 2016.

Por medio de la Constitución y la modificación de ésta, se apuntaría a la modificación del artículo 19, el que detalla la forma de la negociación colectiva y que aseguraría la preeminencia de sindicatos sobre los grupos negociadores. El problema es que dicha modificación, requiere a lo menos dos tercios  de los votos de los parlamentarios. Y es ahí donde la tesis del entrampamiento de la reforma toma sentido, puesto que en el Senado la Nueva Mayoría tiene 18 miembros necesitando de al menos seis votos adicionales para, por lo que para alcanzar el quórum necesario requeriría sumar seis votos adicionales entre los legisladores independientes y de la oposición.

No obstante, hay otras voces que asumen que la apuesta por la reforma a la Constitución sería un guiño a los planteamientos impulsados desde los sectores más a la izquierda dentro de la Nueva Mayoría. Esa es la tesis impulsada por El Líbero, medio digital propiedad de Gabriel Ruíz-Tagle (UDI), que plantea que el anuncio tomó por sorpresa a los líderes del oficialismo y que Bachelet optó por este camino para cautelar el espíritu original de la reforma laboral y hacerle un “cariñito” a la  Central Unitaria de Trabajadores (CUT) con el fin de evitar nuevos conflictos con el gremio.

Esto porque la vía constitucional a la Reforma Laboral es el mismo que la CUT ha estado impulsando en los últimos días. En la marcha del pasado 31 de mayo, la presidenta de la organización Bárbara Figueroa (PC) planteó la idea de reponer los artículos rechazados mediante una reforma a la Carta Magna. “Aquí se tiene que luchar por una nueva Constitución, por un cambio estructural para que los trabajadores tengamos derechos, principalmente en el tema de la titularidad sindical, que ha sido boicoteado por los empresarios y por el Tribunal Constitucional, un tribunal político y no un tribunal realmente de justicia”, afirmó la dirigenta.

Más allá de las razones detrás de la decisión del Gobierno, el cambio a la Carta Fundamental no tendría asidero en la práctica, puesto que la Nueva Mayoría no tiene de dónde sacar votos para apoyar la segunda opción.

Andrés Allamand (RN) descartó de plano ayer apoyar la propuesta del gobierno: “Si impugnamos la titularidad en el TC es evidente que vamos a rechazar cualquier propuesta que implique un monopolio de la negociación colectiva a través de los sindicatos”, afirmó. Hernán Larraín (UDI), por otro lado, afirmó que “no vamos a aceptar este cambio a la Constitución, porque pasa a llevar a los trabajadores no afiliados y rompe los conceptos de libertad de asociación”.

Así, la vía constitucional a la Reforma Laboral parece diluirse cada vez más y la Nueva Mayoría no logra dar con la fórmula institucional para llevar a cabo una de las principales propuestas que en el papel impulsaría el progresista segundo gobierno de Michelle Bachelet.